Reconstrucción es una palabra omnipresente desde hace meses en València. Pero, en el caso de la DANA, además hay que tener en cuenta que el mapa de la afectación de aquella catástrofe también vino a dibujar el mapa de los pueblos y los barrios más populares y de clase más marcadamente trabajadora del área metropolitana de València. Y, asimismo, el paso del tiempo nunca es en balde.

En cierta manera, una catástrofe como la DANA pone de manifiesto los límites reales de la clase trabajadora, una clase que puede salir adelante en el día a día, pero sin la capacidad de ahorro suficiente para hacer frente a unos daños imprevistos como los que hemos visto de la que sí gozan otras clases más pudientes.

En la zona afectada por la DANA, las ayudas llegan, en general, con cuentagotas y demora. Pero, en este impasse hay quien sí que puede echar mano de sus recursos para avanzar la faena, mientras que a otros no les queda más remedio que armarse de paciencia —o de protesta— y esperar. No es ninguna sorpresa que los barrios de viviendas unifamiliares en la periferia de los pueblos muestren un nivel mayor de recuperación y normalidad que no aquellos de clase más marcadamente trabajadora.  

Nueve meses después, muchos de los afectados no solo no han podido recobrar una hipotética normalidad, sino que el paso del tiempo ha agravado alguna de las problemáticas que habían sufrido sus casas, sus fincas, sus barrios. Lo que, en un principio, podía tener una afectación más bien psicológica (¿cómo hacer vida normal con las heridas de la catástrofe bien visibles en el paisaje del día a día?), en algunos casos ahora se puede transformar incluso en miedo. 

Salir a la calle sin que te caiga una piedra en la cabeza

Es el caso, por ejemplo, de los vecinos de la finca de Rut, vecina de Benetússer (Horta Sud) y miembro activo del comité local de reconstrucción. El día de la DANA, el agua y el fango llegaron hasta el primer piso. El garaje y el portal se inundaron por completo. Nueve meses después, a las humedades aún persistentes hay que añadir las grietas que se abren y falsos techos que caen.

Durante la barrancada, un coche se incrustó en el portal de la finca, que quedó destrozado. Los daños en la finca ascienden a unos 250.000 euros. En diciembre, el consorcio de seguros entregó un anticipo a la comunidad del 10%. Con esta cantidad, los copropietarios decidieron realizar los arreglos más urgentes: los contadores de la luz (hasta entonces funcionaban con un cuadro provisional que les arregló un voluntario), la bomba de agua o la impermeabilización del foso del ascensor. 

El hueco del ascensor, sin embargo, continúa vacío, como en la gran mayoría de edificios afectados por la DANA en toda la zona. Esto provoca que muchas personas mayores o con movilidad reducida vean dificultada su vida cotidiana gravemente. En la finca de Rut, por ejemplo, hay un vecino que solo puede bajar a la calle cada quince días, gracias a la ayuda de personas de la Cruz Roja. A pesar de ello, cada mes, la comunidad de propietarios desembolsa más de mil euros para la recuperación de un ascensor que sigue sin funcionar.

La reparación de los ascensores es un problema generalizado en toda la zona. En principio, no se trata de una cuestión económica. O no solo económica. Las empresas del sector no dan abasto y hay escasez de piezas para los recambios. En los centros comerciales de MN4, en Alfafar, o de Bonaire, en Aldaia, sin embargo, los ascensores sí que han vuelto a funcionar. 

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Rut y su comunidad nueve meses después ha caído en forma de cascotes desprendidos del techo del portal. Afortunadamente, sin consecuencias. Pero el hecho supone tener que pasar cada día por el portal de la finca en tensión y mirando siempre de reojo la progresión de las grietas.

Después de la tragedia, se hicieron evaluaciones de daños y de resistencia de los edificios por parte de los arquitectos municipales. Pero, lógicamente, estas no podían ser exhaustivas, teniendo en cuenta todo el trabajo que se acumulaba. Con el paso del tiempo, el agua y la humedad que habían impregnado las estructuras de los edificios, se iría secando y, asimismo, sometiendo a cambios y a estrés los materiales afectados. 

En una situación así es lógico que el nerviosismo y el miedo se apodere de los vecinos. Algunos explican que han buscado viviendas alternativas en la zona, pero los precios, desde la tragedia, se han disparado aún más. Pequeños desperfectos cotidianos pueden activar la paranoia: ¿realmente es seguro el edificio?

Nueve meses después, el consorcio no da respuesta. En otras condiciones, la comunidad de una veintena de viviendas podría hacer un bote común y pagar los trabajos necesarios, pero ¿cómo se puede hacer frente a un desembolso extraordinario de esta magnitud si ya antes de la DANA el agua llegaba al cuello?

En esta comunidad de vecinos, saldrían a más de 10.000 euros por cada puerta para avanzar el dinero para realizar las obras necesarias, pero es una cantidad a la que no pueden hacer frente. Típico entorno de clase trabajadora habitual en la comarca, un imprevisto como la DANA agota su capacidad económica de reacción.

Sin respuesta para el Parc Alcosa  

La recuperación y la reconstrucción va mucho más despacio cuanto más humilde sea el barrio. Y este es el caso del barrio de Orba, en Alfafar, conocido también como Parc Alcosa, por las siglas de la empresa promotora: Alfredo Corral, SA. Se trata de un barrio de viviendas de protección oficial construido aceleradamente a mitad de los años sesenta para alojar a gente trabajadora que había llegado a València. Y, claro está, ubicado enteramente en zona inundable. 

Actualmente, viven alrededor de 8.000 personas en unos 160 edificios. El desempleo se sitúa sobre el 30% y más de la mitad de los vecinos se encuentran por debajo del umbral de pobreza. A la problemática habitual de las zonas afectadas por la DANA, tenemos que sumar en el Parc Alcosa el problema de los forjados sanitarios, que están llenos de fango desde entonces, una situación que afecta a la mitad de los edificios. 

Nueve meses después, la situación es preocupante. Además del riesgo de infecciones o de los posibles daños estructurales que se puedan estar provocando a los edificios, hay que tener en cuenta que, cuando llegue el otoño, de aquí un par de meses, y, por lo tanto, la temporada de la gota fría, los forjados sanitarios estarán ya a la mitad, por lo que su aguante será inferior. 

Desde el comité local de emergencia y reconstrucción del Parc Alcosa y Alfafar, Toni Valero explica cómo se han hecho cargo de realizar un estudio, elaborado por la cooperativa de economía social En Peu, que diagnostique el problema y le ponga soluciones. Han calculado que la intervención para solucionar la problemática supondría unos 3,5 millones de euros. Y han puesto el estudio en manos de las instituciones. El equipo de gobierno de Alfafar anunció el pasado mayo que creaba un foro de diálogo con los vecinos y las asociaciones para abordar la reconstrucción. En él se reconoció como interlocutor al comité ciudadano de emergencia y reconstrucción. Sin embargo, la iniciativa se quedó en eso mismo. Toni Valero afirma que no han vuelto a saber nada más al respecto. Tampoco de una inexistente respuesta de las administraciones a su estudio.

La lluvia olvidada de Montroi  

Si hubo una barrancada destructiva en el curso bajo fue, lógicamente, porque hubo una lluvia extraordinaria en el curso alto. En Torís, epicentro del temporal, se llegaron a recoger casi 800 litros por metro cuadrado durante la DANA. Muy cerca, está Montroi, en la misma comarca de la Ribera Alta, en la riba del río Magro (al que desagua la presa de Forata, que tuvo en vilo a la población aquel día). 

El mayor problema en Montroi, sin embargo, no fue el desbordamiento del Magro, sino la lluvia, justo al contrario que en la comarca de la Horta Sud, donde no llovía y los daños fueron causados por la barrancada. Ello ha supuesto un problema ciertamente kafkiano: la declaración de zona catastrófica se refiere a las inundaciones, pero no a las fuertes lluvias, por lo que la cobertura de las aseguradoras discriminan las posibles afectaciones por esta casuística. 

Este es el dolor de cabeza que desde hace nueve meses arrastran Nely y Jordi, una pareja de clase trabajadora que vive en una típica casa de pueblo en el núcleo urbano. Jordi, de hecho, actualmente está de baja, después de pasar hace una semana por el hospital para una intervención por la que ha tenido que esperar más de un año, dado el colapso en que se encuentra la sanidad valenciana. Su vivienda se llenó de agua, que traía un temporal violentísimo, y que dejó en tres horas la lluvia de todo un año. Nely y Jordi se pasaron toda la noche achicando agua. 

Para la planta baja, han podido encontrar soluciones. El problema está en el techo de la vivienda, que, nueve meses después, continúa sin poderse arreglar y con goteras. El seguro considera que los daños no fueron causados por la DANA. Y aquí viene el dilema que Nely y Jordi tienen que afrontar, como tantas parejas de clase trabajadora: emprender un contencioso tedioso en la justicia, para el que necesitan unos recursos que ya de por sí les son escasos, y que nadie asegura que no acabe costando lo mismo que se reclama, o dejarlo pasar.

Nely y Jordi, como todos, han tirado de ayudas. Las del Gobierno central aún no han llegado y la burocracia se eterniza. Hasta tres veces les han solicitado la misma documentación. Mientras tanto, la Generalitat ha dotado una línea de ayudas, que pueden solicitar todos los empadronados en los municipios afectados por la DANA, lo hayan sido personalmente o no, para irse de vacaciones, una política pública que parece más pensada en el sector turístico. 

El próximo 29 de julio se cumplirán nueve meses de la DANA y, como los meses anteriores, hay convocada una nueva manifestación para reclamar la dimisión de Mazón por su gestión de la catástrofe. Esta vez, sin embargo, la protesta se descentralizará, y en vez de recorrer el centro de València, se desplazará a Catarroja (Horta Sud), una de las localidades más afectadas. 

Nueve meses después, las heridas de la DANA siguen abiertas. Y la lenta reconstrucción y recuperación de la normalidad en las vidas de tantos vecinos y vecinas afectados sigue marcando un claro sesgo de clase.