España cerró 2023 con 26.659 desahucios y los precios han subido un 5,7% entre abril y junio de este año. Las expectativas de los inquilinos que confían en comprar una vivienda se han diluido y heredar un piso deja de ser una opción para siete de cada diez españoles, según un estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA). Los alquileres turísticos se han disparado y tenemos uno de los parques de vivienda pública más pobres de Europa. Mientras tanto, las administraciones públicas callan –salvo contadas excepciones– y las televisiones ponen el foco en la okupación, cuando solo afecta al 0,06% del parque inmobiliario. "El tiempo de los políticos se ha acabado", denuncian los sindicatos y activistas provivienda.

Las políticas de vivienda desarrolladas en España durante los últimos 40 años están lejos de ser modélicas y la austeridad presupuestaria –consecuencia de la crisis de 2008– terminó de desatar el caos. "Hace décadas que la vivienda se entiende como un bien mercantil, no como un bien básico para las personas. La administración pública debe recuperar las riendas en esta cuestión y aplicar medidas valientes y urgentes. No podemos depender del sector privado y de sus intereses económicos", señala Marta Carrasco Bonet, arquitecta y profesora de Urbanística en la Universitat de Girona. 

El 54,2% de los españoles sitúa la vivienda como su segunda preocupación, sólo por detrás de la inflación y el encarecimiento de la vida, según una encuesta de 40dB publicada por El País. La edad media de emancipación supera los 30 años y es una de las más elevadas de todo el continente: siete de cada diez jóvenes viven con sus padres, pese a contar con un salario propio, según datos del think tank Ideas en Guerra. ¿Qué pueden hacer las administraciones públicas para sofocar la actual crisis de la vivienda?

"Los jóvenes no tienen capacidad de ahorro y compra y, los pocos que la tienen, compiten con los fondos de inversión y con sociedades que se dedican profesionalmente al rentismo. Esto los desplaza al mercado del alquiler, que también pasa por un momento crítico. La solución está en limitar la compra de inmuebles a las personas que los quieran para vivir. El objetivo es impedir que se utilice la vivienda como activo financiero", sugiere Jaime Palomera, investigador de IDRA. 

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha pedido "solidaridad" a los caseros para bajar las rentas y ha dejado la pelota en manos de las comunidades gobernadas por el PP: "Nosotros hemos hecho nuestro trabajo". Los populares, por su parte, insisten en boicotear la actual legislación y se reafirman en su "decisión potestativa" de "no declarar en sus territorios Zonas de Mercado Tensionado" y, por tanto, "no intervenir los precios de los alquileres". 

"Llegó la hora de salir a las calles"

Cerca de 40 colectivos marcharán este domingo por el centro de Madrid para denunciar la "inacción" de las administraciones y reivindicar el derecho a una vivienda digna. Las protestas se extenderán durante las próximas semanas por Gran Canaria, Málaga o València. "El problema de la vivienda es demasiado importante como para dejarlo en manos de quienes llevan décadas sin ponerle freno a un sistema que cada día expulsa más gente del mercado. Llegó la hora de salir a las calles y organizarse, porque sólo con presión colectiva vamos a conseguir las soluciones que llevamos más de diez años defendiendo", advierten desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Los activistas defienden "una bajada de los alquileres del 50%" y la paralización "efectiva" de los desahucios. "El Gobierno tiene que trabajar para desarticular las empresas de desokupación, porque son grupos de matones y acosadores a sueldo de la extrema derecha. Exigimos también una moratoria en la construcción de nueva vivienda, al menos, hasta que todas las casas vacías que tenemos actualmente estén habitadas", defienden desde el Sindicat de Barri de Carolines en Alacant. 

El problema de las segundas residencias afecta principalmente a las ciudades costeras y los destinos turísticos. "Las poblaciones que sufren esta masificación tienen que considerarse zonas tensionadas. Lo que ocurre aquí [en Eivissa] es que las personas con gran poder adquisitivo, que pasan dos meses en la isla, saturan el mercado y tienen las viviendas vacías durante casi todo el año. Los alquileres turísticos deberían prohibirse de lleno y los ayuntamientos tendrían que poder intervenir en las operaciones especuladoras de los grandes tenedores", reconocen desde el Sindicat de Llogarets d'Eivissa. La plataforma cifra en más de 18.000 el número de plazas turísticas registradas de manera legal en la isla.

Medidas fiscales y más vivienda pública

El Congreso tumbó la propuesta de los sindicatos de inquilinas para regular los alquileres de temporada y de habitaciones, "dos de los mayores agujeros de una Ley de Vivienda ya de por sí descafeinada". Los activistas, pese a la negativa del hemiciclo, piden "cortar el grifo" a las licencias para pisos turísticos y utilizar estos inmuebles para "impulsar" el parque de vivienda pública. "El origen del problema está en que la mayoría de las viviendas que salen al mercado las compran actores que tienen muchas propiedades –fondos buitre y grandes tenedores–, además sin hipotecas. El Estado debería movilizar todas las viviendas que no estén cumpliendo su función residencial", defiende Jaime Palomera.

El PP aboga por la vuelta al ladrillo como solución a la crisis de la vivienda y pide "poner más suelo en el mercado", en definitiva, construir. "Lo que está claro es que volver a un ciclo de construcción masiva no va a resolver el problema. En España, existen más de tres millones de pisos vacíos y miles de ellos se destinan al negocio turístico. Estas viviendas tienen que recuperar su función social", precisa Marina Parés, portavoz del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya. 

"La administración pública tiene que recuperar su capacidad para proveer oferta. No se trata sólo de construir vivienda pública ex novo, sino también de favorecer y facilitar la recuperación de aquellos activos vacíos dentro de las ciudades y los pueblos. Tenemos centros urbanos y cascos históricos llenos de edificios y viviendas vacíos. La vivienda libre, existe", insiste la arquitecta Marta Carrasco Bonet. Los sindicatos comparten esta propuesta y consideran "vital" el empuje –sobre todo, a nivel autonómico y local– de las viviendas de protección oficial.

El periodista y escritor Jorge Dioni López, autor de El malestar de las ciudades, pone el foco en una posible batería de reformas fiscales. "El alquiler debe tener una licencia, porque es una actividad económica. Esto entronca una serie de medidas que podrían tomarse para evitar el rentismo, como la desaparición de rebajas fiscales y bonificaciones, para evitar que las inversiones vayan al sector inmobiliario. Además, hace falta cambiar los grupos de contabilidad para que la vivienda deje de ser un posible activo financiero", sugiere. Jaime Palomera suscribe esta tesis y pide "no fiscalizar sólo las rentas derivadas del trabajo, sino también las patrimoniales". 

¿Qué proponen los partidos políticos?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha repetido en varias ocasiones que "esta será la legislatura de la vivienda". La presión ciudadana y las izquierdas, sin embargo, critican los "giros" y la "inacción" de los socialistas en esta materia. Alberto Ibáñez, diputado de Compromís-Sumar y portavoz de Vivienda del grupo en el Congreso, explica a Público las medidas que propone su partido: "Es crucial una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para hacer los contratos indefinidos por defecto, salvo cuando los caseros necesiten los inmuebles para un uso propio y residencial. Esto es lo que sucede en Viena y permitiría no sólo terminar con la escalada de precios, sino arraigar a la gente en los barrios". 

El diputado también apuesta por ampliar el parque de vivienda pública con la "compra masiva de pisos vacíos". Preguntado por el papel de Sumar en el seno del Ejecutivo, insiste en la "presión" y la "negociación de los Presupuestos" con la vivienda como un "pilar fundamental en la agenda". "El Estado tiene competencias para controlar los precios. Es complejo, pero no existe riesgo competencial. El Ministerio no tiene excusa", defiende. 

Los socios de Gobierno hacen hincapié en la necesidad de sacar adelante una ley para regular los alquileres de temporada –propuesta que tumbaron PP, Vox y Junts– y ponen la mirada en Catalunya. "Hace tiempo que venimos reclamando medidas urgentes en favor de la mayoría social que cada vez ve más complicado el acceso a una vivienda digna. Es importante cumplir la ley y dar respuesta a la fuga que han encontrado los propietarios con los alquileres de temporada y de habitaciones. El Estado debe respetar las competencias en materia de vivienda de las comunidades, no poner palos en las ruedas", señalan desde ERC.

Los republicanos también exigen la "cesión de los pisos de la Sareb" y aumentar el control para "evitar los casos de abuso de poder" de las agencias inmobiliarias. El BNG, por su parte, pide "una ambiciosa política de vivienda pública" y critica la "falta de colaboración" de algunas administraciones autonómicas, como la Xunta de Galicia. "El Gobierno español tiene que cumplir sus compromisos y la Sareb debe hacer efectiva la cesión gratuita de inmuebles para los programas de vivienda pública, especialmente en alquiler", reconocen los nacionalistas. Los sindicatos de inquilinas, en cualquier caso, insisten: "El tiempo de los políticos se ha acabado".