El Gobierno deja en el aire la reforma para evitar que profesores condenados por maltrato puedan ejercer

Familias organizadas del IES Goya de Zaragoza –escuela en la que da clase el exconcejal del PP de Huesca Luis Antonio Irzo Bueno, condenado en 2020 por maltrato habitual a su exmujer y a sus tres hijos, desde septiembre de 2024– han manifestado su inquietud tras la respuesta del Gobierno a una consulta parlamentaria sobre la posibilidad de poner en marcha una reforma legal para impedir que docentes condenados por violencia machista puedan ejercer en las aulas. Madres y padres de estudiantes del centro han calificado la contestación del Ejecutivo de "ambigua", y han expresado su incertidumbre sobre su determinación en la implementación de la reforma.

El detonante de esta situación ha sido el caso de este profesor, que este curso académico se ha incorporado al centro pese a haber sido condenado en 2019 a siete años de prisión por maltrato continuado a su expareja y sus vástagos. La actual legislación solo impide que personas con antecedentes por delitos sexuales trabajen con menores, pero deja fuera otros tipos de violencia como el maltrato familiar.

Esta situación generó una gran indignación en buena parte de la comunidad educativa, que viene exigiendo un cambio urgente en la normativa. Alumnas y familias del centro han protagonizado protestas y han solicitado que se amplíe la inhabilitación a quienes tengan condenas por violencia de género o maltrato en el ámbito familiar, independientemente de que la pena implique o no privación de libertad.

El 17 de diciembre de 2024, los diputados de Sumar Jorge Pueyo y Engracia Rivera formularon una pregunta escrita al Gobierno, solicitando aclaraciones sobre las medidas previstas para evitar que esto siga ocurriendo. "¿Tiene previsto el Gobierno modificar la legislación vigente para impedir que personas condenadas por violencia familiar o maltrato puedan acceder a profesiones en contacto habitual con menores, especialmente la docencia?", versa el documento al que ha tenido acceso Público. La respuesta del Ejecutivo fechada en este 24 de febrero, sin embargo, no ha despejado del todo las dudas. En su escrito, el Gobierno reitera su "compromiso con la protección de las víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas menores", y menciona la adaptación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género como marco de actuación; pero sin especificar acciones concretas para modificar la ley.

La respuesta ha sido recibida con cierto escepticismo por parte de las familias, que esperaban un posicionamiento más firme: "Nos parece que contestan 'manzanas traigo', y eso que la pregunta procede de su mismo grupo parlamentario...". Con todo, han mostrado su "esperanza y la convicción" de que el Gobierno "no va a perder la oportunidad de hacer alguna mejora en la norma para que estas situaciones no puedan darse nunca más", han declarado fuentes de la plataforma de familias afectadas.

En paralelo, el Ministerio de Infancia inició en diciembre de 2024 un proceso de consulta pública para reformar la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), en el que las familias afectadas presentaron su propuesta para ampliar las inhabilitaciones. "Este caso abre un debate sobre la protección de la infancia que el ministerio está dispuesto a abordar", señalaron a Público fuentes ministeriales en diciembre. La reciente respuesta del Ejecutivo, no obstante, ha sembrado algunas dudas sobre si la reforma incluirá realmente las modificaciones necesarias para tipificar la incompatibilidad entre estar condenado por maltrato y dedicarse a trabajar con criaturas.

El caso del IES Goya no es el único. Según informan las familias de Zaragoza, en Balears otro caso similar ha impulsado peticiones paralelas para modificar la normativa. Madres y padres esperan que la comisión encargada de estudiar la reforma tome en cuenta todas estas iniciativas y refuerce la legislación para evitar que esta situación se repita. Ya han recurrido a instancias como el Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo, y han lanzado una campaña de concienciación y recogida de firmas (llevan más de 50.000) para seguir haciendo presión. Mientras tanto, la materialización de todo este esfuerzo sigue en el aire.