Isabel Galvín, profesora de didáctica y organización escolar en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, cuestiona en esta entrevista con Público la prohibición de símbolos de apoyo a Gaza dada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. 

La docente, que fue Secretaria General de la Federación de Enseñanza de CCOO entre 2012 y marzo de 2025 y que ahora forma parte de Marea Palestina, asegura que esta medida "ha generado un refuerzo de todo el movimiento solidario".

Cuando desde la Consejería de Educación se ordena retirar símbolos en apoyo a Gaza, ¿qué siente el profesorado? ¿Más miedo a sanciones, o más frustración por sentirse limitados?

Creo que lo que se siente es una falta de respeto a nuestra labor docente y un desconocimiento absoluto del funcionamiento del sistema educativo porque sientes que los que gobiernan no lo conocen. Una presidenta de la Comunidad de Madrid no puede interferir en la autonomía de educación y pedagógica de los centros. Además, tampoco puede hacerlo en la libertad de cátedra, que es un derecho fundamental.   

Los centros tenemos un proyecto educativo aprobado por el Consejo Escolar, que incorpora las programaciones didácticas donde están las concreciones del currículum que tienen que estudiar todos los niños y niñas madrileños. Tiene partes cuya competencia es la propia Comunidad de Madrid. En este proyecto, la misma Ayuso incorporó el año pasado que hay que estudiar los conflictos internacionales, el orden internacional, las invasiones, las guerras…   

Sorprende el desconocimiento absoluto porque es una falta de respeto a la labor docente. Tenemos que formar a nuestros estudiantes en los derechos humanos, así como en la educación para la paz. Y, desde luego, esos contenidos están incorporados al currículum académico desde el año pasado.  

 "Una presidenta de la Comunidad de Madrid no puede interferir en la autonomía de educación y pedagógica de los centros"

¿Cree que este tipo de vetos puede desincentivar la participación democrática en los colegios?

Lo ocurrido ha generado un refuerzo de todo el movimiento solidario y, por otra parte, una ampliación de su impacto en los centros educativos, como se ha ido viendo con la implicación de las AMPAS y familias.

El PP lleva gobernando mucho tiempo en Madrid y, en educación, siempre que hay una circunstancia de estas características se reacciona de la misma manera. Ya pasó en la guerra de Irak, en la marea verde en el 2011, en los años de la crisis financiera... La respuesta fue la represión y en este caso ha ocurrido lo mismo.

Una cosa en la que Ayuso sorprende es que tiene reacciones que no tienen una apoyatura legal, y que muestran un gran desconocimiento del funcionamiento del sistema educativo. En Palestina hay una vulneración del orden internacional y de los derechos humanos. Se está produciendo un genocidio y una masacre de menores. Es lógico que haya sensibilidad y preocupación en la Educación con esta situación.

¿Qué efectos está teniendo esta "censura" en la convivencia escolar?  

Creo que en los últimos días, desde que se anunció que algunos centros habían recibido la visita de la inspección, ha aumentado el movimiento. Hemos podido percibir que cada vez hay más centros que han realizado acciones de solidaridad. Probablemente sea el efecto contrario del que se pretendía porque se quería atemorizar, amedrantar, y no se ha conseguido eso. 

"Lo que se pretendía era atemorizar, amedrantar, y no se ha conseguido"

Desde dentro de los colegios, ¿cómo se percibe el equilibrio entre el principio de neutralidad política y la libertad de expresión? ¿Es una frontera tan clara como la plantea el Gobierno regional?  

Las manifestaciones del Gobierno regional expresan que no conocen el propio currículum de la Comunidad de Madrid y están mezclando una posición partidista con lo que denominan política. Aquí hablamos de un orden y de una política internacionales. Y eso se estudia, está en el currículum.

Como docente, ¿siente que se les está tratando como "activistas políticos" en lugar de como profesionales que acompañan a los alumnos en su crecimiento?

Desde luego. Como docente siento que no respetan, ni entienden, ni apoyan nuestra labor. Tenemos el deber profesional, el deber moral, de formar a nuestro alumnado en los derechos humanos, en los valores democráticos, en desarrollos de nuestra propia Constitución así como en el cumplimiento de las leyes y de las normas.

En Gaza se está produciendo una vulneración del orden internacional. Es lo que vemos y estamos presenciando en directo. Además, se hace mediante una masacre de menores que ya se ha calificado como genocidio. Tenemos la obligación de llevar esta formación, esta situación, a la escuela.   

No hay fundamento para hacer una guerra de banderas en los colegios, ni para atacar al sistema educativo como se ha pretendido hacer. El único objetivo ha sido amedrantar, incorporar el miedo, buscar la confrontación dentro de las comunidades educativas, y la respuesta que se ha encontrado era justo la contraria a la que se esperaba. Y hay que tener en cuenta, además, que estas actuaciones son en la escuela pública y de la escuela concertada.  

"Como docente siento que no respetan, ni entienden, ni apoyan nuestra labor"

¿Cómo están reaccionando los estudiantes? ¿Hay más ganas de preguntar y debatir, o más miedo a opinar por temor a "meterse en política"?

La percepción que tengo es que los jóvenes, los niños y niñas están viendo lo que está pasando. Ellos asisten a esta situación dentro del marco de su familia y hay una sensibilidad hacia el tema. Es algo que no tienes que sacar tú en muchos momentos, porque son los propios alumnos los que preguntan. Los niños se solidarizan con los niños.

Los adultos tenemos una responsabilidad ciudadana de ser un referente para los menores en este momento porque lo que está ocurriendo es una catástrofe humanitaria de una dimensión incalculable. 

¿Qué consecuencias puede tener para la enseñanza y el pensamiento crítico que se limiten este tipo de manifestaciones?

Si finalmente esas órdenes, que han sido verbales, se convierten en órdenes escritas, habrá que actuar por la vía jurídica y exigir que se haga valer el Estado de Derecho. Ya que sería una vulneración muy grave del principio fundamental de nuestra Democracia.  

No obstante, tiene un impacto muy claro de inconsistencia cuando el propio Gobierno de Ayuso habla de libertad. Ya que permanentemente está vulnerando unas libertades que están consagradas por nuestra Constitución.

"Si finalmente esas órdenes, que han sido verbales, se convierten en órdenes escritas, habrá que actuar por la vía jurídica"

Más de 100 asociaciones de familias se han unido en una denuncia pública contra estos hechos. 

 Sí. Estas actuaciones que han realizado en representación de la Consejería de Educación han tenido como consecuencia que el movimiento se haya fortalecido y ampliado. Además, las familias se han involucrado directamente y se han comprometido con lo que se está haciendo en los centros.

En 2022 la Comunidad de Madrid animó a la red educativa a volcarse en apoyo a Ucrania. Hoy, sin embargo, prohíbe expresiones de solidaridad con Palestina. ¿Cómo interpreta esta doble vara de medir?

Es una opción absolutamente partidista y, desde luego, también es una decisión política. Evidentemente, quita toda la solvencia, la credibilidad y el rigor a las actuaciones presentes porque son contradictorias con lo que se hizo ante la invasión de Ucrania.

Tratar de hacer una guerra de banderas en este momento, cuando en el caso de Ucrania las compraron con dinero público y las direcciones de área territorial eran el lugar donde se iba a recogerlas para que se pudieran exhibir en los distintos centros educativos… Es que eso no tiene ni pies ni cabeza.  

En este caso, estamos hablando de política. No es un criterio equilibrado, ecuánime, general. Es una decisión política del Gobierno regional de la señora Ayuso.

¿Qué medidas propondría para garantizar que los colegios puedan ser espacios donde se promuevan los valores de la paz, la solidaridad y los derechos humanos, sin que sean objeto de censura política?

Lo que propondría es que se respete la autonomía de los centros, que está recogida por nuestra ley, por nuestra Constitución. Respeto a la autonomía pedagógica y de gestión de los centros educativos. Además de un respeto y reconocimiento a la labor docente y, desde luego, a la libertad de cátedra.  

También respeto y reconocimiento a los currículum legales en España. Y, por otra parte, también una garantía de respeto del derecho a la educación tal cual recogen nuestras normas. Respeto a nuestros estudiantes, que son los futuros ciudadanos.