España tiene sobre la mesa un proyecto de ley para ampliar derechos sobre el aborto, para proteger la salud menstrual y contra la pobreza menstrual. El Consejo de Ministros debatirá ya el próximo martes el texto, que contiene medidas revolucionarias en el país como permitir a las adolescentes la interrupción del embarazo a partir de los 16 años sin permiso de sus padres, aboliendo así la normativa que impuso el PP en 2015; la concesión del derecho a baja de tres días –ampliable a cinco– por reglas dolorosas; o la gratuidad de los productos higiénicos para las mujeres en situación de más vulnerabilidad.

¿Cuál es la situación en el resto de países del entorno? De aprobarse, la legislación española que incluye el derecho a baja por menstruación dolorosa sería una revolución en el bloque comunitario. Situaría a España a la vanguardia de sus socios europeos. No existe ningún país europeo con una ley similar. Italia hizo de avanzadilla e intentó sacar un proyecto parecido en 2017, pero el Parlamento transalpino lo tumbó. La iniciativa contemplaba que las mujeres con endometriosis diagnosticada pudieran ausentarse de sus puestos de trabajo durante tres días al mes. Algunos de los argumentos que aguaron el plan fue que la medida podría repercutir negativamente en el salario o en la contratación de las mujeres.

La medida ya está levantando polémica en el debate público y desatando discrepancias en el seno del Gobierno de coalición. La vicepresidenta económica Nadia Calviño ya ha advertido de que no se aprobarán medidas que estigmaticen a las mujeres. En Igualdad destacan que el derecho a baja por regla dolorosa no debería ser menor que el derecho a ausencia laboral por otras enfermedades o patologías. La gran diferencia es que la menstruación solo afecta a las mujeres, históricamente castigadas y discriminadas en el ámbito laboral. Las portadas de los medios internacionales ya destacan que España podría convertirse en el primer país occidental en aprobar una baja menstrual. No obstante, en varios países de Asia, como Japón o Corea del Sur, las mujeres ya gozan de estos derechos.

Pasos atrás en derechos reproductivos

Sobre la irrupción del embarazo, en el seno de la UE, Polonia y Malta son los Estados miembros con las leyes más restrictivas. Malta es el caso sui generis. La Valeta se unió al bloque comunitario en 2004 con una línea roja que no encontraba precedentes en el proceso de adhesión: el país tendría soberanía plena sobre cualquier política de aborto, por lo que quedaba exento del paraguas comunitario en este campo. A día de hoy, Malta es el único Estado miembro de la UE que mantiene una prohibición total. La isla mediterránea arrastra una cultura muy conservadora en este terreno que han asumido también muchos políticos de corte progresista. El debate cobró fuerza y relevancia cuando hace unos meses la maltesa Roberta Metsola, eurodiputada del Partido Popular y férrea antiabortista, se convirtió en presidenta de la Eurocámara (con los votos de los socialdemócratas).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo se producen alrededor de 23.000 muertes por abortos inseguros y clandestinos. El 22 de octubre de 2020, el Tribunal Constitucional polaco –a instancias del ultraconservador Partido Ley y Justicia (PiS), aliado de Vox en la Eurocámara- limitó la interrupción del embarazo a casos de violación, incesto o riesgo para la salud de la madre. Quedaban excluidos los supuestos de malformaciones o defectos congénitos del feto, que sumaban cerca de un 98% de los abortos legales. Así, entró una ley que de facto prohíbe el aborto legal y seguro para las mujeres polacas.

Otro de los países que ha ido endureciendo sus políticas es Eslovaquia. El país permite interrumpir el embarazo en las primeras 12 semanas de embarazo. Sin embargo, en los últimos años el país ha introducido leyes y políticas que hacen más gravoso el acceso a servicios de aborto oportuno, sin riesgos y legal, denuncia Amnistía Internacional. Una ley muy polémica y draconiana obligaba a las mujeres a ver ecografías y escuchar los latidos del feto antes de abortar. Finalmente, el Parlamento la tumbó. En Murcia, el partido de extrema derecha Vox se ha mirado en este espejo abogando por que el "médico muestre la ecografía con imagen y sonido a la madre antes de ninguna otra acción de la vida del no nacido".

En este marco en el que las fuerzas ultraconservadoras, que gobiernan en Polonia y Hungría, están poniendo a las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos en la diana, el presidente francés, Emmanuel Macron, propuso recientemente ante el Parlamento Europeo añadir el derecho al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En los debates plenarios, la ultraderecha ha defendido que el derecho al aborto no es un derecho humano.

En los últimos años, legislaciones como la polaca han supuesto un revés y un retroceso para las mujeres. Pero también se han dado pasos importantes. Por ejemplo, la católica Irlanda legalizó el aborto en 2018 tras un referéndum histórico en embarazos de hasta 12 semanas y cumplidos los seis meses en el supuesto de que la vida o salud de la madre corriese peligro.