El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que ha investigado el conocido como caso Vitaldent, ha propuesto juzgar al expresidente de la firma odontológica, Ernesto Colman, y a otras 50 personas. Todas ellas están acusadas de presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, apropiación indebida y pertenencia a organización criminal.

Tras siete años de investigación y un archivo revocado, el magistrado ha procesado a medio centenar de implicados en el caso Vitaldent por la supuesta comisión de "fraudes masivos". Además del exdueño de la compañía, que pasó 15 meses en prisión preventiva por esta causa, destaca el nombre de Bartolo Conte, su "apoderado de confianza" en múltiples empresas. El juez cree que ambos estaban al frente de una "estructura organizada" cuyo objetivo era la estafa de los franquiciados.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 dictó este jueves el auto de pase a procedimiento abreviado, que pone el foco en la "estructura societaria y de franquicias creada por Colman", que habría dado lugar a "un modelo abusivo que buscaría el enriquecimiento de la organización a través de diferentes vías".

El que fuera presidente de Vitaldent habría "creado un entramado de sociedades instrumentales", todas ellas gestionadas por él mismo, para cometer los delitos por los que se le investiga. En esta red figuraban empresas con sede en España, Países Bajos, Suiza o Luxemburgo.

Los dos principales acusados protagonizaban "un específico rol" dentro de esta operativa, que tenía como "objetivo final" la comisión de "fraudes masivos de índole tributaria y contractual y el blanqueo de los beneficios obtenidos". 

Sobrecostes y publicidad

Según el auto del juez, Colman utilizaba distintas vías para cometer los fraudes. Entre ellas, destacan la imposición de sobrecostes a los socios y "el desvío del canon de publicidad abonado por los franquiciados a otros fines". Los beneficios y descuentos que obtenía la marca con estos movimientos no repercutían sobre los franquiciados, que se veían obligados a pagar un canon del 11%, lo que se traducía en un incremento del precio que debían abonar y "en el caso de las prótesis, en una disminución de su calidad".

Los sobrecostes también quedaron reflejados en "las obras de acondicionamiento" de las clínicas, en "la compra de material informático y software" para su gestión o el arrendamiento de locales. Según el juez instructor, Vitaldent obligó a los franquiciados a comprar a determinados proveedores pero los descuentos nunca se hacían efectivos.

Por otro lado, la red también se logró enriquecer a través de la publicidad. El canon anual, un 5% del bruto, no se destinaba a estos fines. Además, el juez destaca la existencia de una supuesta contabilidad B que generaba "grandes cantidades de dinero opaco fiscalmente". La forma de operar consistía presuntamente en que cada clínica podía generar en negro la cantidad mensual elegida, debiendo entregar "el 10% a la organización".

El magistrado también ha detectado la fijación de precios superiores a los del mercado en algunos productos a través de un programa informático o mediante la prohibición de hacer descuentos "a pacientes diferentes a los autorizados". En octubre de 2021, el juez archivó la causa al considerar que no había quedado acreditada la estafa, pero dos meses después la Sala de lo Penal rectificó y retomó el caso al entender que había "sólidos indicios de comisión presuntamente delictiva".