MADRID.- El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha expresado hoy su apoyo y el del Gobierno a los 16 guardias civiles imputados por la tragedia de El Tarajal, en Ceuta, cuando hace un año murieron quince inmigrantes, y ha pedido a la juez agilidad en el proceso.


Fernández Díaz ha querido dejar claro su respeto a la decisión de la juez de Instrucción número 6 de Ceuta de citar a los agentes que estuvieron el 6 de febrero del año pasado en El Tarajal. Pero el ministro ha defendido a los agentes porque, entre otras cosas, la presunción de inocencia está plasmada en la Constitución. Respeto, agilidad y absoluto respaldo y apoyo del Gobierno desde el convencimiento de que los agentes "actuaron correctamente", ha resumido.

Los guardias civiles no tienen menos derechos que otros ciudadanos, ha añadido Fernández Díaz, convencido de que los guardias civiles son "inocentes". La jueza quiere saber si las actuaciones de los guardias civiles al intentar frenar la llegada de los inmigrantes a suelo español y el empleo de material antidisturbios pudo influir en la muerte de los inmigrantes.

Defensa del director general del cuerpo

También ha salido en defensa de sus subordinados el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, quien aseguró que el instituto armado realiza su tarea "con total respeto a los derechos humanos". Según él, "donde se le ve y donde no se le ve cumple y hace cumplir la ley".

Fernández de Mesa  afirmó que son los primeros en auxiliar en la frontera "a estas personas que vienen buscando una vida mejor" y añadió que "no tendría ningún sentido que allí donde no hay focos" la Guardia Civil estuviera realizando una labor "completamente transparente y limpia", y donde están los focos para ver si son "limpios" cometieran "algún tipo de ilegalidad". 

Asimismo, ha descartado que la Dirección General de la Guardia Civil vaya a adoptar alguna medida cautelar respecto a los agentes imputados y mostró su "plena confianza" en la Justicia española. La intervención de los agentes fue duramente criticada por organismos nacionales y comunitarios, así como por numerosas ONG que trabajan en la defensa de los derechos humanos.