En el pequeño pueblo de Baleo no hay escuelas ni centros de salud. Tampoco hay comercios o sucursal bancaria. Por no haber, no hay ni aceras. Esta aldea, ubicada al norte de la provincia de A Coruña, se ha convertido con el paso de los años en un pueblo fantasma: un puñado de casitas de piedra, una pizzería y dos casas rurales que resisten simbólicamente en una especie de decorado vacío. Con sus 63 habitantes censados -diez menos que hace una década-, Baleo es uno de los 126 núcleos de población abandonados de Ortigueira, el municipio con más aldeas sin habitantes de toda Galicia.

"Aquí no tenemos empresas ni trabajo. Los hijos de la gente que vivía aquí se marcharon y nunca más quisieron volver", asegura a Público Alex Cakovan, regente de un pequeño hotel. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay casi 4.000 entidades de población deshabitadas en esta comunidad autónoma, pequeños núcleos de casas diseminadas que conforman la Galicia vacía. En el año 2000 eran 1.236.

El éxodo rural es uno de los grandes retos del próximo gobierno gallego, que se elegirá este 18 de febrero. Por el momento, y en sus casi 15 años al frente de la Xunta, el PP no ha podido contener esta sangría demográfica. La población gallega ha caído de 2,79 a 2,69 millones en la última década y ocho de cada diez municipios ha perdido habitantes, de acuerdo con los datos del Instituto Gallego de Estadística (IGE). También es la comunidad autónoma de España con más núcleos de población deshabitados: de las 10.633 entidades sin ningún censado que contabiliza en España, 3.900 están aquí.

A Ortigueira le siguen el emblemático caso de As Pontes (A Coruña), con 86 aldeas abandonadas, y Muras (Lugo), con 56. El de As Pontes es un caso particular: es uno de los municipios más grandes -casi 250 kilómetros cuadrados- y uno de los más ricos de la comunidad autónoma al albergar, hasta su cierre definitivo el año pasado, una de las mayores explotaciones energéticas de España. Sin embargo, y fuera de su núcleo urbanizado, la localidad está compuesta por decenas de zonas deshabitadas y en estado de abandono.

El alcalde de este municipio y presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Valentín González Formoso, denuncia que la Xunta tiene "completamente olvidado" el mundo rural. Galicia tiene 87.000 jóvenes menos que emigraron a otros países porque no veían futuro y hay 40.000 empleos menos en el sector industrial, explica a Público el edil socialista. El gobierno autonómico también ha empeorado la red de transporte en el mundo rural en cuanto a frecuencias y paradas, y las posibilidades de moverse entre los pueblos y las urbes se ha reducido en un 80%. "Si prescindes de servicios públicos de ese tipo, estás invitando a la gente a marcharse", agrega.

Antonio Izquierdo, catedrático en Sociología de la Universidad de A Coruña y ex representante de España en la OCDE, asegura a este periódico que vivimos en una "dinámica de concentración económica" que no hace "rentable" para las autoridades políticas fomentar el retorno a los espacios vacíos. "En Galicia las comunicaciones son infernales. Los transportes públicos no llegan a las aldeas. La educación y la sanidad en los pueblos tendrían que ser a distancia porque medios no hay", afirma. "Salvo casos aislados, no creo que el rural vaya a revivir. Lo de volver al campo es otra moda y frenar el éxodo rural implicaría una transformación completa de nuestro modelo de vida", señala.

Las ciudades también se vacían

En términos absolutos, los municipios más despoblados se ubican en Ourense y Lugo, en particular, en las zonas del interior, cercanas a la sierra de los Ancares. Las localidades con menos habitantes censados de toda Galicia son el lucense Negueira de Muñiz (240 empadronados), seguido de los ourensanos Teixeira (342), Beade (364), Larouco (444) y Pontedeva (468).

Pero no solamente los pueblos pierden habitantes. De los siete núcleos urbanos de la comunidad, solo dos ganaron empadronados en la última década (Santiago y Pontevedra) y cinco perdieron habitantes (A Coruña, Ferrol, Vigo, Lugo y Ourense). El caso más grave es el de Ferrol, otrora una de las capitales económicas de Galicia, que perdió más de un 10% de su población (unos 10.700 vecinos) en la última década, quedándose con 63.800 en 2023, según cifras del IGE.

La urbe, que fio su futuro a la industrial naval, no remontó después de la reconversión industrial de la década de los noventa que destruyó miles de empleos. De los más de 12.000 trabajadores de los astilleros ferrolanos en la época dorada del naval, quedan alrededor de 1.700 contratados directamente por la compañía pública Navantia entre Ferrol y el vecino municipio de Fene, aseguran desde el comité de empresa.

"Aquí ya no hay mucha cosa, solo lo básico. Lo que falta es el trabajo. Cada vez hay más casas vacías y es una pena", afirma a Público Juan Souto, ferrolano de 75 años. "Ya solo vienen los que van para los astilleros, pero cada vez son menos", agrega el jubilado, un extrabajador de Astano, empresa que fue absorbida por Navantia.

"Las ayudas no llegan"

La respuesta de la Xunta gira en torno a la Ley de Impulso Demográfico aprobada en 2020, que incluye medidas que inciden en mejorar la natalidad, la conciliación y la reducción de trabas para establecer iniciativas empresariales en el mundo rural. El expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha asegurado en numerosas ocasiones que esta normativa pone a Galicia a la vanguardia española en políticas demográficas.

En paralelo, la Administración asegura haber destinado más de 500 millones de euros en los últimos quince años a modernizar proyectos agrarios y ha implementado otras medidas, como las instalación de casas nido, alternativas a las guarderías, o las casas del mayor, a modo de residencias diurnas de ancianos, en los pueblos de menos de 5.000 habitantes. Sin embargo solo hay un centenar de casas nido y otro centenar de casas del mayor, y hay más de 200 municipios de menos de 5.000 habitantes.

Asociaciones de vecinos del rural aseguran que las ayudas "no están llegando"  y lamentan que la Administración esté "asfixiando" a las aldeas. "La Xunta no garantiza que en los pueblos tengamos servicios básicos como hace con el resto de la población y continúa promoviendo el expolio y la depredación del medio rural y sus recursos naturales", dice a Público Pedro Samos, portavoz de la Rede do Rural, integrada por una veintena de asociaciones. "El tema de la despoblación es una cuestión sangrante y acuciante", añade.

Un problema crónico

El socialista Aitor Bouza, candidato número cuatro por A Coruña, denuncia que Ley de Impulso Demográfico es "papel mojado" y declara a Público que "trata de esconder la pérdida paulatina de servicios públicos, el cierre de 167 escuelas públicas desde 2008, la falta de servicios de pediatría en 192 concellos y la inexistencia de un servicio de transportes públicos aceptable en las aldeas".

La pérdida poblacional no es nueva y es "una situación que se ha cronificado", agrega por su parte Alberto Vaquero, codirector de Red Localis, una agrupación de académicos y profesionales sobre municipalismo. Galicia es un territorio con una fuerte tradición de inmigración. En la década de 1960, durante el franquismo, se calcula que medio millón de gallegos emigró a Latinoamérica y dejó huérfano el mundo rural. Algunos descendientes de emigrantes han retornado a los pueblos, pero, en general, no ha habido relevo generacional.

En paralelo, "han aumentado las tasas de envejecimiento y el resultado es cada vez menos población y de edad más avanzada", señala Vaquero, economista de la Universidad de Vigo. Desde Red Localis denuncian "la carencia de oportunidades laborales" en estas zonas y destacan que es necesario "asegurar el acceso y ampliar las dotaciones de los servicios públicos básicos y los prestados por las entidades locales: sanidad y educación, servicios sociales y acceso al transporte". Otro reto es diversificar la actividad económica de los ayuntamientos de menos población e "ir más allá de la tradicional actividad agrícola y ganadera".