MADRID.- Las cosas se han puesto oscuras para Francisco Nicolás Gómez Iglesias, después de que los conductores que le escoltaron a Ribadeo (Lugo) en el verano de 2014 reconocieran que cobraron hasta 400 euros para hacerse pasar por una comitiva oficial, utilizando material adquirido del Ayuntamiento de Madrid por el cabo de la Policía Municipal, Jorge González Hormigos, para intentar cerrar un negocio –“estafa”, según los investigadores–, con el presidente de ALSA, Jorge Cosmen.

Ese no era su plan; la idea de su defensa era haber logrado un pacto para evitar un juicio sobre este asunto. A las 8.30 de la mañana ya estaba en la segunda planta donde se ubica el juzgado de instrucción número 2 que dirige Arturo Zamarriego. No quería que le captasen las cámaras y pensaba entrar el primero ante el juez para negarse a declarar y volver corriendo al reality que se rueda en Guadalix de la Sierra.

Sin embargo el juez ha decidido que fuera el último en pasar, algo que ha irritado al presunto estafador. Hacía aspavientos en el pasillo, estaba nervioso, hablando constantemente con su amigo y presunto compinche, el cabo Hormigos. Incluso ya dentro de la sala, casi a las dos de la tarde, el juez Zamarriego ha tenido que llamarle la atención ante las caras que ponía con las preguntas de la Fiscalía y de las acusaciones, a las que se ha negado a contestar.

Sólo respondió a su abogado, aunque no era lo que tenía pensado. Pero las contundentes declaraciones de los conductores han hecho que cambiara de estrategia, según las fuentes consultadas. Incluso su letrado, Víctor Sunkel, ha dado un paso más.

Al acabar la declaración ha pedido un pacto a la Fiscalía: su cliente asume los delitos que se le imputan en esta pieza separada del viaje a Ribadeo, es decir, se declara culpable de cohecho, usurpación de funciones públicas y falsificación de documentos a cambio de que se le impongan las penas mínimas, entre 4 y 5 años de prisión, y se le aplique el atenuante de trastorno mental apelando al informe médico forense que se le hizo al detenerle y que le diagnosticaba delirios megalómanos. Público se ha puesto en contacto con Sunkel, quien se ha negado a aclarar estos hechos.

Sin embargo, las fuentes letradas consultadas por Público aseguran que la fiscalía no ha aceptado el acuerdo. “Ha pedido que la defensa del pequeño Nicolás se lo dé por escrito y no oralmente, aunque estaban presentes la abogacía del Estado que también es acusación y el juez instructor”, aseguran. Sorprendentemente, según indican, “la fiscalía dice no ver delito de malversación de fondos públicos, a pesar de que los conductores que hoy han declarado han relatado como les llevaron a unas dependencias del Ayuntamiento de Madrid para dotarles de “pirulos” y “pinganillos” con los que aparentar que eran una comitiva oficial”.

Fuentes jurídicas preguntadas por Público, no ven nada clara la actitud de la Fiscalía ni la propuesta de la defensa de Francisco Nicolás. El Ministerio Público no ha apoyado la mayoría de las diligencias de investigación solicitadas por la comisión judicial o por la acusación popular. “Haber aceptado el acuerdo sin el atenuante sería enviar a Francisco Nicolás cuatro años a prisión, pero aceptar el atenuante es sentar un precedente de trastorno mental ante el resto de la causa que queda por investigar y juzgar. El único atenuante lógico que debería aceptar la Fiscalía sería la colaboración con el procedimiento. Es evidente que él solo no pude ni falsificar ni entrar a los lugares que entró, ni siquiera idear negocios internacionales en los que se llegó a involucrar al ex ministro socialista Moratinos”, aseguran.

Además, el juez Zamarriego tendría en su mano solicitar un informe psiquiátrico del pequeño Nicolás mucho más profundo que los “diez minutos”, según el propio detenido, que le dedicó el médico forense tras ser detenido. “En ese estudio, en el que se le tendrían que hacer multitud de pruebas y no sólo una entrevista, podría detectarse que Francisco Nicolás es un psicópata y no un megalomaniáco y que por lo tanto es imputable”, explican peritos expertos en la materia.

Además, la estrategia de la defensa de Nicolás tampoco sería redonda. Sentar a la infanta Cristina de Borbón ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca sentó un precedente jurídico. “Con la doctrina Botín sólo se juzgaba a una persona si la Fiscalía o una acusación particular, afectado directo, presentaba cargos. Pero en el caso Nóos se ha echado abajo esa doctrina y alguien se puede sentar en el banquillo por la acción de la acusación popular sin necesitar que la Fiscalía u otra acusación se pronuncie”, explican estas fuentes.

En este caso, según letrados consultados por Público, se ha dejado fuera de esta conversación a la acusación popular que lidera la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU). La postura de esta organización ha sido desde el principio desvelar hasta qué punto los recursos del Ayuntamiento de Madrid se pusieron al servicio del presunto estafador y sus negocios, por los que el cabo Jorge González Hormigos y otros agentes de la autoridad cobraban “morados y lechugas”, según se está desvelando en la investigación.