El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han alcanzado un acuerdo sobre el Parque Nacional de Doñana tras un año de conflicto.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, y la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentarán el próximo lunes el pacto y firmarán el protocolo para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural.

La secuencia del acto, que ya ha difundido la Junta de Andalucía, tiene como epicentro la rueda de prensa de Moreno y Ribera a las 12.45 horas que ofrecerán en el Teatro Ciecema de Almonte. Antes le antecede
una visita conjunta del presidente andaluz y la ministra al parque y la firma del protocolo de actuaciones a las 12.30 horas.

Esta firma del denominado Acuerdo por Doñana se produce un mes y medio después del encuentro que Moreno y Ribera mantuvieron el 3 de octubre en el Palacio de San Telmo, jornada en la que se dieron un mes de plazo para que fructificara esta negociación bilateral.

Un trabajo a dos bandas que arrancaba con la negativa del Estado a aceptar el contenido de la Proposición de Ley que PP y Vox que pretendía ampliar las hectáreas de cultivo intensivo y su posterior paralización por parte de Moreno para favorecer al "diálogo". 

El pacto se firmará bajo la mirada del presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, quien ha convocado a los integrantes de este organismo consultivo a una reunión este lunes, a las 11.30 horas en el Teatro Municipal de Almonte (Huelva), "a sugerencia de la Junta de Andalucía", sobre "asuntos de indudable transcendencia para el presente y el futuro de Doñana y su comarca".

El representante de WWF, Juanjo Carmona, ha considerado, en unas declaraciones a Europa Press, que las medidas conjuntas de Andalucía y de la Administración del Estado deben propiciar "un nuevo marco para el desarrollo socioeconómico en la comarca de Doñana" con la premisa de que "no pueden basarse, lógicamente, en premiar a aquellos que han venido explotando ilegalmente, robando agua, haciendo una competencia desleal a los agricultores legales".

"Todo este proceso tiene que ser un punto y final y las administraciones tienen que trabajar para impedir que salga ni una sola hectárea de fresa ilegal al mercado porque si no estaremos mandando un mensaje muy negativo nuevamente", remarca Carmona.