El número de manifestaciones que han sido prohibidas tras ser comunicada su convocatoria a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno ha aumentado un 13,3% en España, según el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior de 2018, un dato que rompe la tendencia decreciente que se había mantenido desde 2013, año en el que, en plena crisis económica, se alcanzó el récord de protestas desautorizadas, 1.682. La mitad de las manifestaciones prohibidas el año pasado fueron promovidas por sindicatos y comités de empresa debido a conflictos laborales, y el 56% habían sido convocadas en Andalucía.

La celebración de una manifestación, según dispone la Ley Orgánica 9/1983 reguladora del Derecho de Reunión, debe ser comunicada por escrito a las autoridades correspondientes con una antelación mínima de diez días y máxima de treinta, salvo por razones de urgencia. La Administración General del Estado o la autonómica competente, una vez solicitado informe al ayuntamiento, puede prohibir que se lleve a cabo la manifestación, o proponer un cambio de fecha, duración o itinerario, si estima que pueden producirse alteraciones de orden público, con peligro para personas o bienes.

En virtud de esta normativa, en España se prohibieron el año pasado 748 de las 32.078 manifestaciones comunicadas -un 2,3%-, según la estadística del Ministerio del Interior que no incluye los datos de Cataluña y País Vasco, comunidades que tienen competencias de seguridad transferidas. Esa cifra supone un incremento del 13,3% con respecto a las 660 protestas que no habían sido autorizadas en 2017, cuando fueron comunicadas un total de 29.021. Pero no sólo eso. El dato de 2018 refleja un cambio de la tendencia decreciente que se había mantenido en los últimos seis años, en los que consecutivamente había descendido el número de manifestaciones prohibidas en nuestro país, estadística oficial que no constata si las marchas de protesta tuvieron lugar o no tras la desautorización administrativa.

De las 1.682 manifestaciones que se prohibieron en 2013, año que coincide con los picos más altos de la crisis económica, se bajó a 1.482 en 2014, luego a 1.179 en 2015, a 1.010 en 2016 y a 660 en 2017, un descenso continuo que se quebró en 2018 con el repunte mencionado de las protestas desautorizadas por las administraciones del Estado y autonómicas.

La estadística refleja, igualmente, que son las manifestaciones organizadas por los sindicatos las que registran un mayor número de prohibiciones -315 de 11.157 comunicadas- a pesar de que están por debajo de las asociaciones ciudadanas en número de autorizaciones solicitadas para una marcha de protesta en la vía pública -215 de 11.975-. Los comités de empresa y trabajadores son el tercer grupo al que se deniega más permisos para manifestarse -61 veces-, y a continuación se sitúa el de los partidos políticos -24-.

Los temas laborales representan el 41% de las motivaciones de las manifestaciones prohibidas en 2018 en España, un porcentaje que se sitúa muy por encima del 19% que suponen las protestas contra medidas políticas y legislativas y del 4,5% por asuntos vecinales que no obtuvieron autorización para salir a la calle a protestar.

Más de la mitad de las 'manis' prohibidas, en Andalucía

Por comunidades autónomas, las diferencias también son ostensibles. A falta de los datos de Cataluña y País Vasco que no incluyen la estadística de Interior, Andalucía es la que encabeza la tabla con el 56% de todas las manifestaciones prohibidas en España -420 de 8.181 comunicadas-, y dentro de esta comunidad destaca el dato de las 217 protestas desautorizadas en Sevilla, casi el doble de las 141 que no se permitieron en Madrid, capital del Estado y con una población cuatro veces mayor. Las cifras de Andalucía están en las antípodas de otras comunidades como Aragón, Castilla-León, Asturias o Cantabria, donde no fue prohibida ninguna protesta, o de Extremadura y Castilla-La Mancha, donde sólo se prohibieron dos en un año.

La secretaria de Condiciones del Trabajo y Salud Laboral de CCOO de Andalucía, Nuria Martínez, considera que detrás de todos estos datos hay un “recorte encubierto de las libertades y derechos” ante el aumento de las protestas de los trabajadores, cada vez más empoderados para exigir cambios que acaben con los graves retrocesos que supuso la reforma laboral de 2012, como el despido por ausencia del puesto de trabajo debido a motivos de salud.

Vista de la manifestación de la Marea Blanca en Sevilla. EFE

Según esta responsable de CCOO, al menos en Andalucía hay una visión excesivamente proteccionista de las administraciones que deben autorizar las manifestaciones, amparada en razones de seguridad ciudadana totalmente desproporcionadas, como en el caso de Sevilla, donde por “motivos burdos” se prohíben protestas por el centro de la ciudad que se pretenden desviar a otras zonas con menor repercusión, con la excusa, por ejemplo, de las aglomeraciones que registran las calles del casco histórico en fechas navideñas.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en un balance en el que denunció un retroceso de los derechos en esta comunidad desde la llegada al Gobierno de PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, muestra su preocupación por la prohibición “sin pudor y sin la menor justificación” de concentraciones que “no entrañan el menor riesgo de producir alteraciones de orden público”. Y en su informe señala, además, que a esta organización le han impuesto multas “por el mero hecho de haber sido convocantes de una concentración debidamente autorizada en tiempo y forma”.

Precisamente, uno de los artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana, la denominada Ley Mordaza, impugnados ante el Tribunal Constitucional en un recurso presentado en 2015 y aún pendiente de resolución, el 37.01, ha sido uno de los que ha propiciado un incremento en las cuantías ingresadas por el Estado debido a la vulneración de su enunciado: “La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores o promotores”. Según los datos de Interior, el pasado año se impusieron 138 sanciones en aplicación de este artículo, con una cuantía total de 38.750 euros, lo que supone un incremento del 67% con respecto a los 23.140 euros recaudados en 2017.