@vicente_clavero

MADRID.- Aunque todos los funcionarios han sufrido a título individual la política de recortes, el Gobierno de Mariano Rajoy no ha tenido el mismo miramiento con unos colectivos que con otros.

Así lo revela la información oficial disponible sobre la evolución de la masa salarial de los empleados públicos durante los peores años de la crisis económica. Según esos datos, entre 2011 y 2014 el Estado ahorró más en profesores que en policías y militares.

De los grandes colectivos al servicio de la Administración central, el mejor parado fue con diferencia el adscrito a la justicia. El conjunto de los jueces disfrutó en 2014 de una remuneración bruta anual de 430,7 millones de euros, con un aumento del 1,9% respecto a la registrada 2011. La mejora para los miembros de la carrera fiscal fue del 1,7%, pues su masa salarial pasó de 192,6 a 195,9 millones durante el mismo periodo.

En el lado opuesto se situó el personal docente, tanto del nivel no universitario (de los centros pertenecientes todavía al llamado territorio MEC) como del universitario (los profesores de la UNED). En el primer caso, el retroceso fue del 7,6%, al verse reducida su remuneración bruta anual en 15 millones de euros entre 2011 y 2014, y en el segundo, del 8,8% (4,1 millones menos). Los investigadores del CSIC perdieron en conjunto un 4,1%.

El Gobierno de Mariano Rajoy fue menos drástico con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que con los docentes, aunque sus miembros también soportaron el rigor de los recortes. La masa salarial de la Guardia Civil disminuyó un 4% y la de la Policía Nacional, un 5,8%. A mitad de camino de ambos cuerpos se quedaron las Fuerzas Armadas, que experimentaron un descenso del 4,5%.

La masa salarial incluye todos los conceptos retributivos (sueldo base, pagas extraordinarias, antigüedad, complementos) y refleja el coste que el personal supone para una empresa o para un organismo, sin contar las cotizaciones sociales. La información facilitada por el Gobierno se refiere sólo a los trabajadores que dependen directamente de él, no al de las comunidades autónomas ni al de las corporaciones locales, que se contabilizan aparte.