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Una grabación, prueba clave en el juicio contra la sargento del Seprona Gloria Moreno

El periodista Sergio Calleja, testigo del juicio por falsedad documental contra la agente, grabó una conversación con el testigo del chivatazo: “Pudo haber comprado hasta un juez, me dice Jordán en la grabación”.

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La sargento del Seprona Gloria Moreno, durante el juicio en la Audiencia de Las Palmas. EFE/Elvira Urquijo A.

“Yo admiro a los compañeros que se han atrevido a publicar el caso, porque te llega por muchas vías la advertencia de que no hables del acoso a Gloria Moreno. Era un caso tan injusto que yo decidí no dejar de hacerlo”. Quien habla es Sergio Calleja, conocido periodista de Lanzarote que el pasado lunes testificó en el juicio contra la sargento del Seprona Gloria Moreno acusada de falsedad documental al advertir a sus mandos superiores de que los cazadores furtivos de pardelas en el islote de Alegranza estaban recibiendo avisos de las operaciones policiales contra ellos por parte de un agente de la Guardia Civil. Esto que ocurrió en 2015 y que ahora ha finalizado con una condena histórica para los furtivos, le ha costado a Moreno ocho expedientes de diferente gravedad y el juicio que ha quedado visto para sentencia esta semana en Canarias.

Calleja ha sido clave en el primer día de juicio ya que aportó, además de su testimonio, una grabación de audio donde uno de los propietarios del islote (Enrique Jordán, también testigo en el juicio) ratifica que uno de los cazadores le aseguró que un agente le advertía de los operativos y así podían esquivar las detenciones. “Jordán me llama por teléfono y me empieza a hablar de un agente llamado Miguelillo y me pide que le pregunte a Gloria Moreno si cuando él hablaba con la sargento sobre el operativo contra la caza furtiva que ayudó a montar el agente Pardial estaba delante”, comenta Sergio Calleja para Público,es, que después se reunió con él en persona y grabó la conversación que hizo llegar a las autoridades. Dos meses antes de esa llamada, Jordán denuncia que le han intentado acuchillar mientras arregla un barco. “Yo entiendo que Jordán relaciona un tema con el otro y de ahí deduzco su nerviosismo”, reflexiona el periodista lanzaroteño, que explica que así entiende el porqué otro de los testigos (el biólogo Juan Jesús Moreno Rajell) se ha retractado en el tribunal. “Pudo haber comprado hasta un juez, me dice Jordán en la grabación”, indica Calleja consciente de que muchas personas entienden que pude haber narcotraficantes vinculados en el caso.

Precisamente en este se centró el alegato final de la acusada, la sargento Gloria Moreno, que explicó que comentó que estaba en su deber informar de un posible delito y que no hubiera podido investigar más antes de darlo a conocer puesto que lo impide la ley que regula el régimen disciplinario del cuerpo y corresponde a la Policía Judicial. "Quién va a tener ahora el valor de hacer cumplir el artículo 40” de la ley que regula el régimen disciplinario del cuerpo, que obliga a todo guardia que tenga conocimiento de una irregularidad cometida por un compañero del cuerpo a dar parte a sus superiores, se preguntó la sargento. Moreno también ha querido llamar la atención en su intervención en el juicio sobre "la alta peligrosidad de las personas que han amenazado" a su informante, el biólogo, lo que ha relacionado con el hecho de que durante este procedimiento "haya llegado a negar" hasta que la conoce. No obstante, Rajell admitió delante del tribunal que los avisos de los operativos contra los furtivos eran “vox populi en Lanzarote” y admitió que escuchó una conversación en la que decían que el informante era un tal Miguelillo, apelativo que podría corresponderse con Miguel Ángel Padial.

Relaciones con corruptos en prisión

Por su parte, la abogada de Gloria Moreno, María Jesús Veiga, que califica el juicio de “inconcebible” se muestra segura de que el delito que se le imputó en primera instancia -falsedad documental- no prosperará. “Es muy complicado porque los documentos son internos, no está en el tráfico jurídico como sería un pasaporte, un certificado médico o una multa, por ejemplo”, concreta María Jesús Veiga, que aclara que es frecuente que la Fiscalía ofrezca un delito más bajo a la petición inicial en el proceso. Es lo que ha ocurrido en este caso, donde el primer día de juicio la fiscal solicitó que se tuviera en cuenta que si se desestimaba la falsedad documental (con pena de cuatro años de cárcel, más multa e inhabilitación) sí que se condenara a la acusada por imprudencia grave (que conlleva a una pena de multa y un año de suspensión) al no demostrar que lo que transmite. Algo, el posible chivatazo, que desde la defensa señalan que nunca se ha investigado en profundidad. Por su parte, la acusación particular del agente Miguel Ángel Padial aumenta hasta los seis años la petición de cárcel para la sargento para “limpiar” su imagen.

La abogada reconoce que fue muy complicado que la grabación fuera admitida, así como indica que el tribunal tampoco permitió que los mandos superiores de Moreno testificaran, lo que podría haber dado contexto al informe de la sargento, explica su defensa. De la misma manera, Veiga señala tampoco se ha permitido discutir asunto como el por qué investigó la policía judicial de Tías y no la de Costa Teguise que era la competente, porque la investigación duró tan poco, “asuntos que explicarían porque esta causa procesal no ha acabado antes y porqué ha acabado Gloria en el banquillo cuando esto no debió suceder nunca”, comenta la abogada. “Nunca se tenía que haber llevado a cabo este juicio, pero al menos espero que sirva para que la lupa se ponga sobre el responsable de la Guardia civil que dijo que se desconocía que se llevaban a cabo asaderos de pardelas”, explica Sergio Calleja.

Calleja por su parte también se queja de que en el juicio no se pudiera valorar las relaciones que existen entre parte de los protagonistas del juicio. “La propia UCO planteó relación entre uno de los cabecillas de una trama de corrupción con un agente del Seprona y un capitán de la Guardia Civil de Costa Teguise, sin que tuviera coste para el capitán que sigue al frente de la comandancia pese al escándalo”, comenta el periodista, que vincula esta trata con Dimas Martín, fundador del Partido Independientes por Lanzarote (PIL) y actualmente en la cárcel por corrupción. “La fiscal es pareja sentimental de Fabián Martín, uno de los hijos de Dimas Martín, el político que actualmente está en prisión por corrupción”, indica Calleja. Tanto padre como hijo han sido altos cargos del PIL y han llegado a ser presidente y vicepresidente, respectivamente, del Cabildo de Lanzarote, en cuyo equipo también se han encontrado consejeros que fueron condenados por furtivismo en La Graciosa (Marcos Páez, ya fallecido) y otro fue pillado en Alegranza ‘lavando’ pardelas antes de asarlas (Higinio Hernández). “No dudo de la profesionalidad de la fiscal, pero nadie entiende que haya llegado a la Audiencia Provincial de Las Palmas esta denuncia”, asegura el periodista.

Dos procesos contra el agente, el capitán y el coronel

Paralelamente al inicio del juicio por el informe de Moreno, esta ha logrado que una querella suya contra el capitán Germán García, el Coronel Ricardo Arranz y el agente Padial haya sido admitida en el Tribunal Militar por abuso de autoridad. La abogada Veiga, redactora de dicha querella y a la cual ha tenido acceso Público, asegura que el agente Padial pese a ser un subalterno de la sargento es colaborador necesario en el supuesto delito cometido por sus superiores, ya que ambos cargos -coronel y capitán- están detrás de los ocho expedientes abiertos a Moreno en poco más de dos años. Veiga está segura que en noviembre será ratificado y se muestra positiva ya que el proceso ocurrirá en Madrid en un ambiente imparcial.

Además de esta querella (que sigue a otra por acoso pero esta vez en los juzgados civiles), la agente del Seprona tiene otro proceso judicial abierto contra los mandos de la Guardia Civil por omisión del deber de perseguir delitos al supuestamente no haber investigado las denuncias interpuestas por las protectoras ante supuestos delitos de maltrato animal. Se trata de un asunto que a Gloria Moreno le costó el tercer expediente al entender que estaba animando a las protectoras a denunciar y que acosaba a los agentes para que investigaran estas denuncias. Pese a que se abrió un expediente administrativo por esta causa contra los agentes que pudiera dar la razón a Moreno, nunca se retiró la sanción contra ella. "He tenido que soportar todo un procedimiento judicial y me ha supuesto gastos económicos insoportables. He tenido el apoyo de muchas asociaciones, pero en mi trabajo me he sentido sola”, afirmó la sargento esta semana, que ha contado con el respaldo de la Plataforma Justicia para Gloria Moreno. Su portavoz, el profesor Pedro Hernández, ha llegado a asegurar que Moreno “acabó con la impunidad en Lanzarote”, no solo en la caza furtiva de pardelas si no también en otros delitos medioambientales.

“Es una historia de terror lo que ha vivido y sigue viviendo Gloria Moreno, no solo por este juicio, si no por los años que lleva aguantando”, comenta Sergio Calleja, que asegura que “llevo toda la vida entendiendo la vida castrense y jamás he visto algo tan descarado de unos oficiales contra una suboficial. Como hijo de militar me duele”.

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