"Es importante que España no devuelva en caliente a personas hacia Marruecos a no ser que haya analizado de manera rigurosa sus aplicaciones de asilo", ha asegurado a EFE el director ejecutivo para Europa y Asia Central de Human Rights Watch (HRW).

La organización ha publicado este jueves su informe mundial en el que analiza el estado de los derechos humanos en 2023, y en el apartado sobre España critica la política de devoluciones sumarias de personas migrantes en general y, en concreto, los retornos a Marruecos del pasado 24 de junio, cuando murieron al menos 23 potenciales refugiados.

La Fiscalía no vio indicios de delito en la actuación de los agentes españoles, sin embargo, la ONG muestra su desconfianza. "Estamos preocupados sobre cómo manejó España el asunto", así como por "lo que pueda ocurrir en el futuro", ha añadido Williamson. En su informe, HRW incide en que "las imágenes del suceso muestran a la policía marroquí golpeando a personas que escalan la valla y a la policía española utilizando gases lacrimógenos y trabajando junto con sus colegas marroquíes para enviar a gente de vuelta a través de la frontera". También recuerda que una investigación periodística probó que al menos uno de los fallecidos murió en territorio español y que el cuerpo no ha sido devuelto a sus familiares.

"La política de devoluciones en caliente de España contribuyó a muertes de inmigrantes en sus fronteras terrestres y marítimas", asevera este informe, que se detiene también en el caso de Mohamed Benhalima, un activista argelino denunciante de corrupción al que España devolvió al país norteafricano y que ha sido condenado a muerte.

Pobreza y desigualdad 

HRW también destaca el aumento de la pobreza y la desigualdad en el país como consecuencia, sobre todo, del alza de la inflación y, en particular, por el encarecimiento de los alimentos y la energía.

La situación es preocupante teniendo en cuenta que en 2021 ya había un 27,8% de personas en riesgo de pobreza y exclusión social" y que más de la mitad de los hogares monomarentales estaban en riesgo de pobreza. A esto se añade ahora que algunos alimentos básicos han aumentado su precio entre un 25 y un 40% respecto al año anterior.

La organización pone en valor los "esfuerzos gubernamentales para mitigar el impacto económico de la pandemia", que pueden haber contribuido "a frenar este aumento". En concreto destaca el Ingreso Mínimo Vital, pese a su reducida incidencia inicial y los problemas que ha enfrentado para su desarrollo. Pero al mismo tiempo lamenta que "los desalojos de inquilinos y titulares de hipotecas continuaron, a pesar de la extensión de una moratoria relacionada con la pandemia", con más de 11.000 desahucios en los primeros en los primeros cuatro meses de 2022.

Para HRW, los datos de 2021 ya mostraban a un coste de vida cada vez mayor y un alto porcentaje de hogares con serias dificultades para para la propia vivienda y la factura energética. El repaso de la organización también deja críticas a la situación de la Cañada Real de Madrid, donde miles de personas siguen con el suministro eléctrico cortado. Algo que ha condenado el Comité Europeo de Derechos Sociales, ordenando Gobierno tomar medidas para devolver el suministro u ofrecer alojamiento alternativos. 

Ley del 'solo sí es sí'

El informe también se detiene en la "nueva ley histórica sobre violaciones y consentimiento sexual", en la que aprecia una "mejora" del marco legal, "dada la debilidad de la legislación española". La norma, opina HRW,  "intenta cerrar una laguna en la que la violación de menores podía juzgarse como un delito menor de abuso sexual cuando no se probaban la violencia y la intimidación.

Sin embargo también pone sobre la mesa las numerosas críticas que ha producido la reducción de las penas mínimas, que ha llevado a la revisión a la baja de algunas condenas por delitos sexuales.