Huelga de agentes forestales gallegos en pleno verano por la inacción de la Xunta ante sus penosas condiciones

Los agentes forestales de la Xunta, a los que pertenecen los responsables de extinción de incendios, llevan años denunciando las pésimas condiciones en las que trabajan. Y aunque en los últimos meses han tratado de forzar al Ejecutivo autonómico para que negocie su mejora, la falta de acuerdo los ha llevado a la huelga en la época con mayor riesgo de incendios en la comunidad. Los paros están convocados para este miércoles 25 de julio –el Día de Galicia- y para el jueves 26. Si no consiguen una respuesta positiva del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, la huelga será indefinida a partir del 1 de agosto.

“Jamás dejaremos desatendido un incendio forestal, como ya hemos demostrado”, aseguran los portavoces del comité de huelga, que quieren transmitir un “mensaje de tranquilidad a la población” ante la posibilidad de que el fuego pueda campar a sus anchas si ellos dejan de vigilar los montes durante los meses más peligrosos del año o, peor aún, si decidieran no actuar en caso incendio grave. Pero advierten que la Xunta no les ha dejado otra salida.

El pasado lunes, los representantes sindicales –la huelga está convocada por la CIG y UGT- explicaron que el objetivo de la protesta es forzar a la Administración autonómica a reducir los excesos horarios de los agentes e impedir que se aumente su jornada laboral de siete a diez horas diarias, incluyendo en ella los tiempos de guardias localizadas que, según recuerdan, computan legalmente como horas trabajadas. En ocasiones, afirman, esas jornadas significan pasar más de doce horas seguidas en el monte sin un compañero que los cubra.

Además, demandan un aumento salarial que contemple tanto el carácter extraordinario de esos horarios como la peligrosidad de su trabajo, mediante un complemento en nómina similar al que ya reciben otros empleados públicos de la Xunta dedicados a tareas de similar penosidad.

También exigen que se equiparen las condiciones de conciliación familiar con las del resto de funcionarios de la Xunta, que se cubran las vacantes que van mermando el cuerpo a medida que los agentes se jubilan, y que se cree una categoría de “segunda actividad” en el servicio para los de mayor edad o que padezcan determinadas dolencias crónicas.

Los trabajadores afirman que alrededor la mitad de la plantilla tiene más de cincuenta años o padece achaques o enfermedades ocasionadas por las características de su actividad, y quieren impedir que algunos funcionarios “que llevan años esforzándose y arriesgando sus vidas” sigan “en primera línea de fuego con 65 años”. Precisamente, reclaman que la Xunta reconozca esas dolencias como enfermedades profesionales.

Los agentes forestales de Galicia dependen orgánicamente de la Dirección Xeral da Función Pública adscrita a la Consellería de Facenda, pero trabajan para la de Medio Ambiente e Ordenación del Territorio y para la de Medio Rural. Fuentes de este último departamento -que ha decretado servicios mínimos del 100% para su plantilla que los sindicatos consideran “abusivos”- valoraron la disposición tanto de la Xunta como de los propios agentes para “seguir dialogando”, y apelaron a su “seriedad, responsabilidad y sensatez para hacer compatibles sus legítimas demandas” con la protección de la población “y con la necesidad de evitar catástrofes causadas por el fuego”.

El pasado otoño, una virulenta oleada de incendios calcinó cerca de 50.000 hectáreas de monte arbolado y raso en el centro y el sur de Galicia. Es decir el equivalente al 80% de la superficie de todo el municipio de Madrid. La cifra supone un incremento de más de 13.000 hectáreas en las cifras provisionales calculadas por el Ejecutivo autonómico, que elevaron los daños a 36.000 hectáreas a finales de otoño. El fuego, que incluso llegó a grandes municipios urbanos como Vigo, afectó a numerosos núcleos de población rural, especialmente en la provincia de Ourense, y acabó con la vida de cuatro personas.

Seis meses antes de aquellos incendios, la Inspección de Trabajo había advertido a la Xunta de que estaba incumpliendo de las normas de seguridad laboral y poniendo en peligro la vida de los agentes forestales. Según la denuncia que presentó CCOO y que luego estimó la autoridad laboral, el parque móvil está obsoleto con vehículos que superan los 15 años de edad o los 500.000 kilómetros recorridos, los agentes llevan más de diez años sin recibir ropa de trabajo adecuada a su labor, y tienen que costear de su bolsillo buena parte del material con el que trabajan.

El responsable del colectivo de agentes forestales de CCOO en Galicia, Alejandro Rodríguez, explicó que su sindicato no se ha sumado a los paros ni a la manifestación que se celebrará en Santiago porque “la negociación todavía está en marcha”. “Es verdad que lo que ofrece la Xunta es miserable, pero el momento de convocar la huelga es cuando el proceso negociador haya terminado”, añadió.

El último conflicto laboral de personal de la Xunta fue el de los funcionarios de la Administración de justicia, que duró casi tres meses durante los que el sistema judicial gallego permaneció completamente paralizado.