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Huelga trabajadores 112 Los trabajadores del 112 reclaman al Govern que asuma ya el servicio para evitar un sobrecoste de siete millones

El colectivo de 220 empleados, que se encuentra en huelga indefinida desde el pasado 21 de agosto, quiere que la Administración vaya un paso más allá de la actual Comisión de Estudio para internalizarlo e insta a un convenio propio para mejorar sus condiciones laborales y poner fin a la precariedad.

Una imatge de l'inici de la vaga dels treballadors del 112 del centre de Reus, de l'agost passat.
Una imagen del inicio de la huelga de los trabajadores del 112 del centro de Reus, del agosto pasado. Eloi Tost / ACN

Los trabajadores del servicio telefónico de emergencias del 112 de Catalunya llevan casi cinco meses en huelga indefinida para reivindicar la internalización del servicio y unas condiciones laborales dignas, no sólo para los empleados, sino también para la ciudadanía, que necesita calidad en una prestación considerada esencial. El paro, que registra unos servicios mínimos del 85% por las características especiales del servicio, no está sirviendo para que la Generalitat atienda las principales peticiones de la plantilla, formada por unos 220 empleados entre los centros de la Zona Franca de Barcelona y Reus (Tarragona). "La solución está en manos de la Administración", apunta David Vilaplana, miembro del comité de empresa de la sede barcelonesa y también del comité de huelga.

Por el momento, los trabajadores han tenido un par de reuniones con el Departamento de Interior de la Generalitat. En las interlocuciones, explica Vilaplana, no se ha llegado a ningún compromiso sólido para desatascar "los mínimos que estamos reclamando". De hecho, Interior ha activado una Comisión de Estudio para la internacionalización del servicio, cuyas conclusiones deben estar listas durante este año. A pesar de esta promesa, los trabajadores consideran que el cambio de gestión, si finalmente se produce, no entrará en vigor al menos hasta el año 2024.

"Resulta inadmisible que un servicio esencial regulado en el ámbito europeo se lleve a cabo con este estado de precariedad", lamenta Vilaplana. Los problemas del 112 se iniciaron en mayo de 2021, cuando Grupo Norte, la empresa que gestionaba el servicio, quebró. Dada la urgencia de encontrar una alternativa en plena emergencia sanitaria, la Generalitat de Catalunya llevó a cabo una licitación exprés, que se entregó a la empresa Ferrovial. El contrato se puso en marcha en junio del pasado año y finaliza este mes de marzo. Por este motivo, la Conselleria de Interior ha sacado de nuevo a licitación el servicio por la gestión del servicio telefónico de emergencias del 112 por un período de dos años más. En éste, se ha incluido una cláusula dentro del pliego de condiciones, en la que se establece un aumento salarial del 9% circunscrito a los pluses de emergencias y mandos.

El sobrecoste por no asumir el servicio

El comité de empresa del 112 de Reus ha calculado, tomando como base los datos públicos de acceso libre, los costes salariales del servicio del teléfono de emergencias. En este caso, los trabajadores comprobaron que la externalización del servicio, con una licitación prevista por dos años, supone un sobrecoste de siete millones de euros. Este importe surge del coste del servicio (abonado de forma directa por los contribuyentes a una empresa privada), pero también del IVA que la Generalitat debe pagar por la contratación (asumido de forma indirecta). Así, los trabajadores constataron que un 36,54% del gasto público que supone mantener la estructura no se invertirá en el servicio.

David Vilaplana recuerda que la empresa que gestiona el 112, en estos momentos Ferrovial, sólo asume la designación de un gerente y de la plantilla prestamista, pero la estructura general ya la tiene montada la Generalitat. "Estas firmas intentan optimizar al máximo los beneficios con los mínimos recursos posibles". La huelga indefinida, que se lleva a cabo desde el pasado mes de agosto, ha provocado sólo entre noviembre y diciembre más de 11.000 servicios perdidos, según señalan desde el comité de empresa. "La huelga lo único que ha hecho es agravar un problema estructural del servicio", indica Vilaplana. En este sentido, afirma que la plantilla no dispone de un convenio propio y debe regirse por el del sector de los call center.

Incluso con unos servicios mínimos del 85% durante el paro, la Inspección de Trabajo ha determinado en un acta que Ferrovial vulneró el derecho de huelga de los trabajadores durante las acciones realizadas la pasada verbena de Sant Joan, una de las fechas con mayor carga de trabajo para el 112. A pesar de este requerimiento de la autoridad laboral, Vilaplana pone en duda que la Generalitat aplique las sanciones pertinentes por los incumplimientos de las condiciones fijadas en la licitación de urgencia que emprendió ella misma.

Sin concreción de fechas

El Departamento de Interior admite su voluntad de estudiar la internalización del servicio, pero no concreta fecha para otra reunión. El Departamento analiza la posibilidad de recoger una cláusula que penalice a la empresa que gestione el servicio en caso de retrasos e impagos en el abono de las nóminas. La Generalitat ofreció a la CUP el pasado noviembre la hipótesis de estudiar la internalización del 112, añadiendo a medida en el acuerdo presupuestario con los comuns. Aun así, unos días después dio luz verde a una nueva licitación, en la que el contrato externo del servicio se alarga al menos hasta el año 2024.

La única certeza que ofrece el Govern es que en 2022 lo dedicará a elaborar un plan, en el que evaluará el impacto que tendría la hipotética internalización del servicio, su dotación presupuestaria y los cambios legales necesarios para asumir la gestión directa. En el acuerdo con los comuns figura que "en caso de que las conclusiones de esta evaluación determinen que la internalización fuera viable económicamente y comportara una mejora tanto de la calidad del servicio, como de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, el Govern se compromete a hacerla efectiva". De momento, lo más probable es que el servicio lo asuma externamente la empresa que se imponga a la licitación a partir de marzo al menos hasta 2024.

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