El canon autonómico que pagan todos los andaluces en su recibo del agua, supuestamente para financiar obras de saneamiento y depuración, sigue generando muchas dudas. En octubre de 2018, poco antes de las elecciones andaluzas, el candidato del PP a la presidencia de la Junta, Juan Moreno Bonilla, prometió eliminarlo, pero al llegar al gobierno ha decidido mantenerlo, tras acusar al anterior ejecutivo socialista de haber dejado sin gastar más de 500 millones de euros recaudados en los últimos años con ese impuesto indirecto propio de la Administración andaluza.

El llamado canon de mejora, uno de los siete impuestos propios que recauda la Junta de Andalucía, se estableció en la Ley de Aguas de Andalucía aprobada en 2010 con el objeto de gravar la utilización de agua de uso urbano para posibilitar la financiación de las infraestructuras hidráulicas del ciclo integral, fundamentalmente de depuración y saneamiento. Desde la entrada en vigor de esa norma, cada usuario paga en esta comunidad un euro al mes de cuota fija, más una cuota variable establecida en función del consumo. Y en los casi ya nueve años de vigencia de la ley, hasta el pasado mes de junio, la Junta ha ingresado algo más de 806 millones de euros por este impuesto.

¿Pero qué ha pasado con todo ese dinero? ¿Qué obras se han hecho a cuenta del canon que pagan los andaluces en su recibo del agua? Ahí es donde empieza la zona oscura, la falta de transparencia que no ha hecho más que avivar las sospechas de empresas abastecedoras, constructoras y ayuntamientos que esperaban el reparto de los ingresos obtenidos por la Junta para construir las depuradoras y cumplir con las directivas europeas sobre saneamiento, cuya vulneración ha empezado a motivar ahora la imputación de alcaldes, como los de veinte municipios de Granada acusados por la fiscalía por un presunto delito contra el medio ambiente por el vertido de aguas residuales.

Precisamente, para cumplir con la directiva marco de la UE que obligaba a los estados miembros a tener en 2015 todo su territorio cubierto con el tratamiento de las aguas residuales, la Junta declaró en 2010 de interés de la comunidad 300 obras de saneamiento y depuración, que contarían con la financiación del nuevo canon de mejora. Sin embargo, los años pasaron y muchos de esos proyectos siguieron sin ver la luz. Y en mayo de 2016, el Defensor del Pueblo Andaluz abrió una queja de oficio en la que denunció “un extraordinario incumplimiento” de los acuerdos del Consejo de Gobierno, porque la mayoría de las obras previstas no se habían hecho aún “y en demasiados supuestos ni siquiera estaba publicada la licitación ni redactado el proyecto”.

Y la sentencia llegó en julio de 2018, cuando la Sala Octava del Tribunal de Justicia de la UE condenó a España a pagar 12 millones de euros cada semestre por no haber adoptado las medidas establecidas en una anterior sentencia de 2011 en relación a la directiva europea de 1991 sobre depuración de aguas residuales urbanas, normativa incumplida en 17 municipios, nueve de los cuales han continuado haciéndolo este año, siete de ellos de Andalucía, que siguen vertiendo directamente en el mar o en ríos: Nerja, Matalascañas y Barbate -declaradas de interés general y que dependen por tanto del Gobierno central-, Isla Cristina, Alhaurín el Grande, Coín y Tarifa, de dependencia autonómica, aunque este último ya cuenta con una estación depuradora, según la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, que prevé que antes de que termine 2019 estén terminadas las obras de otros cuatro ayuntamientos.

La Junta dice que paguen los ayuntamientos

La millonaria multa europea ha venido a avivar aún más la llama de la disputa entre las administraciones españolas sobre quién tiene que pagar el alto coste del saneamiento de las aguas. El pasado mes de enero, el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía envió al Ministerio de Política Territorial y Función Pública un escrito de alegaciones contra la sanción de la UE en la que el Gobierno autonómico elude cualquier responsabilidad y se la transfiere a los ayuntamientos afectados, pese a ser la Administración que cobra el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas que pagan los consumidores. “Los Ayuntamientos o, en su caso, los Entes Supramunicipales, son los responsables de la prestación de los servicios de saneamiento y depuración en las aglomeraciones urbanas incluidas en la sentencia, de modo que la Comunidad Autónoma únicamente ostenta competencias de auxilio técnico y económico a las Entidades Locales en la ejecución de las infraestructuras necesarias para la prestación de dichos servicios”, alega la Junta para intentar evitar el pago de una parte de la multa.

Y con ese panorama llegó el PP a la presidencia de la Junta, después de haber estado años en la oposición criticando el cobro y la gestión del canon de mejora. El ahora presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, dijo en noviembre de 2015 que el canon era un “atraco al bolsillo de los andaluces”. Y añadió: “Cada familia ha pagado de media más de 200 euros para 300 obras que no se han hecho (…) Y son los ayuntamientos los que están obligados a ser los cobradores del impuesto para luego entregárselo a la Junta sin recibir nada a cambio”.

Más recientemente, en octubre de 2018, poco antes de las elecciones autonómicas que lo terminaron aupando a la presidencia de la Junta con el apoyo de Ciudadanos y Vox, Moreno Bonilla se comprometió a “derogar el canon del agua”, en el marco de su política de bajada de impuestos, y a encargar una auditoría para saber cuál había sido el destino de los millones de euros recaudados por ese concepto desde 2011. Sin embargo, sólo unos meses después, ya instalado en el Palacio de San Telmo, el dirigente popular dio marcha atrás en sus promesas electorales. Fue su consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, quien lo anunció en una entrevista con el diario Sur, al ser preguntado si el nuevo Gobierno andaluz iba a suprimir el canon: “En principio, no. Vamos a utilizarlo”, dijo de forma lacónica.

Dicho y hecho. En abril, la Junta eliminó prácticamente lo poco que quedaba del impuesto de sucesiones y donaciones, redujo el de transmisiones patrimoniales para familias numerosas y aprobó una disminución progresiva del tramo autonómico en el IRPF, pero mantuvo el canon del agua, que se salvó así de la “bajada masiva de impuestos” prometida por Juanma Moreno en la campaña electoral.

El consejero de Hacienda se enreda en el Parlamento

En el debate de totalidad de los presupuestos de la Junta de 2019, el consejero de Hacienda fue más explícito: “Es el presupuesto de la inversión récord en políticas de sanidad, educación y dependencia. Sí, récord en políticas sociales. Es el presupuesto que pretende conseguir la gestión eficiente de los fondos europeos y de los ingresos finalistas, como, por ejemplo, el canon del agua, para reactivar la inversión en infraestructuras. ¿Como cuáles? Pues mire, hablamos de la ampliación de la autovía de la Almanzora; mejoras en las conexiones de la autovía del Olivar y del inicio de los estudios para su futura ampliación; con la terminación del metro de Málaga, actualización de los estudios para mejorar el metro de Sevilla; con toda una serie de obras complementarias para mejorar el metro de Granada y, entre otras muchas cosas, también, con el inicio de una nueva hoja de ruta, para el sector, con el Plan de Infraestructuras, Transporte y Movilidad”.

Sin embargo, preguntado por Público, el consejero ha matizado ahora su intervención en sede parlamentaria. Según un portavoz de su consejería, Juan Bravo no quería decir que la Junta vaya a financiar infraestructuras de transportes o carreteras con el canon del agua, porque el dinero de ese impuesto tiene que ir obligatoriamente destinado a obras hidráulicas. Además, señalan, que tal como figura en la Ley de Presupuestos de 2019, se ha incluido un cambio de la Ley de Aguas de 2010 que amplía a todo el ciclo integral del agua el destino de los fondos obtenidos con ese impuesto indirecto que hasta julio únicamente se podían asignar a proyectos de depuración, aunque en el artículo 73 de esa misma norma que ahora se modifica ya se establece que la finalidad del canon son las “infraestructuras hidráulicas de cualquier naturaleza correspondientes al ciclo integral del agua de uso urbano”.

El cambio normativo, según se refleja en la Ley de Presupuestos de Andalucía de 2019 aprobada en julio, permitirá financiar con el canon del agua infraestructuras para afrontar la “lucha contra la sequía, así como mejoras en la garantía y calidad del suministro o recuperación ambiental de masas de agua asociadas al abastecimiento”. Y a continuación se afirma que, al haberse logrado “un elevado grado de ejecución” de las obras previstas en 2010 para cumplir el objetivo de la calidad de aguas en Andalucía, “es posible afrontar otro tipo de infraestructuras” “en ejecución de los criterios de la política económica del Gobierno de Andalucía”, una medida, recalca, que “se enmarca en los términos establecidos por la jurisprudencia constitucional, dentro del contenido de las leyes de presupuestos”.

La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), que lleva años exigiendo que se aclare a qué se destina el dinero del canon de mejora que cobra la Junta y denunciando la falta de transparencia en su gestión, exige más información de primera mano sobre lo que realmente se pretende hacer con este impuesto. “Queremos que se nos aclare si el canon es finalista o no. Y si no es finalista, que se nos explique a qué se destina el dinero que los ciudadanos pagan a través de un impuesto que aparece en su recibo del agua y que la mayoría creemos que se destinaría a la construcción de las depuradoras necesarias para cumplir con el buen estado de nuestras aguas”, señala Luis Babiano, gerente de la organización que representa al 60% de los operadores del agua en Andalucía.

Una vez acordado que el nuevo gobierno no va a suprimir el canon del agua que había prometido eliminar, la otra consejería que controla la gestión de este impuesto propio, la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible –también en manos del PP- ha puesto en marcha un “plan de choque” para garantizar la depuración de aguas residuales en Andalucía. "Se ha acabado la opacidad y ahora viene el tiempo de la transparencia", dijo en el Parlamento la consejera, Carmen Crespo, que aseguró que en sólo unos meses había puesto en marcha el 30% de las actuaciones de depuración declaradas de interés de la comunidad autónoma en 2010 y que, además, se estaban movilizando más de 76 millones de euros de fondos europeos en obras hidráulicas.

Sin embargo, mientras los políticos deciden qué hacen y no hacen, la fiscalía ha empezado a actuar. El ministerio público ha abierto investigaciones este año a un total de trece alcaldes de la costa de Granada y otros siete del área metropolitana de la capital de esa provincia por un presunto delito contra el medio ambiente a raíz de denuncias por el vertido de aguas residuales sin tratar. Y no son los únicos imputados. Hace tres años, Ecologistas en Acción denunció que 227 de las 668 depuradoras de Andalucía incumplían la ley, lo que llevó a seis fiscalías provinciales a iniciar unas diligencias que se han saldado con imputaciones como la del consejero delegado de la empresa metropolitana de aguas de Sevilla, Emasesa, por un vertido al río Guadalquivir.

El gerente de Aeopas teme que el número de alcaldes y responsables de empresas abastecedoras investigados –imputados- aumente en los próximos meses, a raíz de denuncias de organizaciones ecologistas o de propietarios hartos de soportar la contaminación con aguas residuales sin que se construyan las depuradoras y las infraestructuras de saneamiento necesarias para garantizar un corrector ciclo del agua en una comunidad que, además, vive en gran medida de los ingresos del turismo.