La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza ha citado a los representantes de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón (AISA) y al colectivo de Derechos Civiles del 15M como investigados por calumnias por las declaraciones en las que, según recogieron algunos medios de comunicación, los manteros de la capital aragonesa acusaban a miembros de la Policía Local de robarles mercancía y de atosigarles por motivos étnicos.

AISA agrupa a una parte de los manteros de la capital aragonesa, mientras que el 15M lleva tiempo desarrollando acciones de apoyo a este colectivo.

Los representantes de ambas entidades han sido citados a declarar como investigados el próximo 17 de septiembre tras la querella presentada hace unos meses por el sindicato STAZ (Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza), que considera delictivas e “infundadas” las declaraciones en las que algunos de sus miembros aseguraban que los policías locales "hacen negocio y recogen los beneficios''; que los agentes "nos agreden, pero no por vender en la calle, sino por ser negros y punto", o que "requisan las pertenencias de los manteros sin justificarlo a través de ningún documento".

“Resulta obvio que las susodichas manifestaciones exclusivamente tenían el ánimo de atentar, contra el derecho al honor de los Policías Locales; no se trata de criticar, de denunciar unos hechos en un contexto concreto, sino que se pretende insultar, desacreditar al cuerpo de Policías Locales, con lo que ello supone en el ámbito público y social”, señala la querella, que atribuye a ambas entidades la presunta comisión de un delito de odio.

La juez descarta el delito de odio

La denuncia sostiene que esas afirmaciones “se dirigen contra el cuerpo de Policías Locales, frente a quienes se pretende menoscabar públicamente su estimación fomentando públicamente e incitando al odio y a la hostilidad contra los mismos”.

Sin embargo, la citación únicamente hace referencia a un eventual delito de calumnias y descarta en principio que acusar a los agentes de robar mercancía a los manteros pueda suponer otro de odio.

Ese tipo penal castiga con hasta cuatro años de cárcel a quien promueve la hostilidad o la violencia "por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por tazones de género, enfermedad o discapacidad", algo que la juez no aprecia en este caso.

Los incidentes de Lavapiés

Las declaraciones que ahora investiga el juzgado tuvieron lugar durante las movilizaciones y manifestaciones que los manteros de Zaragoza, como los de las principales ciudades del país, realizaron tras los disturbios registrados en marzo en el barrio madrileño de Lavapiés después de la muerte de Mame Mbaye, un vendedor ambulante que sufrió un infarto cuando escapaba de una redada policial.

La Asociación de Senegaleses y el colectivo de Derechos Civiles del 15M han organizado una campaña de información sobre este proceso judicial, abierto tras una querella que consideran “un abuso” que “asegura la impunidad, amordaza el trabajo en defensa de los derechos y viene repitiéndose en diferentes puntos del estado” cuando su intención era “defender los derechos de los manteros y denunciar los abusos que sufren en la ciudad”.

Poco después de las concentraciones, AISA y el 15M presentaron por vía oficial en el Ayuntamiento de Zaragoza varios testimonios de manteros sobre presuntos abusos policiales, lo que dio lugar a la apertura de dos procesos de información reservada sobre la actuación de los agentes en esos episodios.

Uno de ellos ha sido sobreseído tras no hallar irregularidades mientras el otro continúa en fase de instrucción.

“La mayoría de esos casos se referían a hechos que ya habían sido juzgados y por los que existían sentencias firmes de condena a los manteros”, explica en relación al primero de esos procedimientos Humberto Arto, de STAZ, que sostiene que en todos los episodios denunciados existían actas en las que se recogía la mercancía intervenida a los vendedores ambulantes.