La justicia castrense se ha activado para sacar de la jurisdicción ordinaria la causa en la que la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Daroca (Zaragoza), investiga la participación de un general y varios mandos en el expediente por el que una soldado, C. V. B., ha acabado siendo sancionada por su supuesta intervención en unos vídeos porno con cuya protagonista mantiene obvias diferencias fisionómicas y sin haber chequeado en ninguna fase del expediente si es o no ella quien aparece en las escenas. 

El Juzgado Militar Central número 1, con sede en Madrid, ha reclamado la causa a Daroca argumentando que el asunto entra en su ámbito al estar recogidos los presuntos delitos en el Código Penal castrense, según indica la normativa que regula esa jurisdicción, lo cual, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, obligaría a este último a inhibirse y a trasladarle las diligencias que haya tramitado hasta la fecha.

Las argumentaciones del tribunal militar indican que, presuntamente, los hechos investigados podrían resultar constitutivos de un delito de abuso de autoridad, que castiga con penas de tres meses a tres años de prisión a quien "abusando de sus facultades de mando o de su posición en el servicio, irrogare un perjuicio grave a un subordinado, le obligare a prestaciones ajenas al interés del servicio o le impidiere arbitrariamente el ejercicio de algún derecho". 

Ante esa petición, la juez de Daroca ha decidido inhibirse y remitir las diligencias, ya que "de lo actuado se desprende que los hechos son competencia de la jurisdicción militar", por lo que acuerda remitirle las diligencias.

Diferencias fisionómicas más que obvias

El Juzgado Militar Central número 1 cursó la petición con una velocidad cuando menos sorprendente para tratarse de una administración y estar en agosto su auto era firme el día 28 de ese mes, tan solo cuatro días después (y solo en el tercero hábil) de que Público adelantara la existencia de esa investigación en la jurisdicción civil. 

Finalmente la defensa de C. V. B. ha decidido no recurrir el traslado del caso para mantener la acusación en los tribunales militares, opción a la que tampoco se ha opuesto la Fiscalía. 

El ejército de Tierra acaba de declarar firme una sanción de doce días de suspensión de empleo y sueldo a la soldado, en una resolución firmada por el jefe de su Estado Mayor, el general Francisco Javier Varela, que la declara autora de una falta grave por hacer "publicidad de un portal pornográfico y la invitación para acceder a él (a otros soldados) con el consiguiente coste económico, y todo ello durante unos ejercicios propios del servicio". 

Sin embargo, la base de esa sanción tiene alguna ‘gatera’: su relato se basa en que C. V. B. sugería a sus compañeros de maniobras que entraran en unos vídeos que supuestamente protagonizaba ella porque eso iba a reportarle ingresos, pero las diferencias fisionómicas de la militar y de la mujer que aparece en las filmaciones son más que obvias en lo que se refiere tanto a cicatrices como a tatuajes y también a modificaciones estéticas.

Un general y tres oficiales imputados

Esa proposición es para el ejército algo "contrario al deber de ejemplaridad" y "no se ajusta a los parámetros éticos que son predicables" en la milicia, motivo por el que, con independencia de que la credibilidad del móvil, ha acabado siendo sancionada.  

Dos oficiales declararon que sin duda era ella quien aparecía en las grabaciones, extremo que ninguno de los miembros de la tropa confirmó en sus testimonios.
Ante el empecinamiento en sancionarla, la soldado optó por llevar el asunto a la justicia ordinaria mediante una denuncia que comenzó a investigar el Juzgado de Daroca, cuya titular declaró imputados al general Ángel Serrano, autor de la resolución sancionadora; al teniente coronel Carlos Granados, auditor del Ministerio de Defensa que inició el expediente; a la capitana Cristina Serrano, jefa de la denunciada y testigo de cargo contra ella, y a la teniente coronel María Gracia Cañadas, jefa de la unidad y cuyo informe originó el expediente. 

La juez, que trataba de esclarecer si C. V. B. había sido víctima de una trama para manchar su hoja de servicios, no llegó a llamarlos a declarar ni a concretar los delitos por los que estaban siendo investigados. La denuncia planteaba la posibilidad de que hubieran podido cometer uno de injurias graves, por la atribución de los hechos, y otro de falsedad, por los documentos y resoluciones.
La tramitación del expediente, coincidiendo con una baja por una lesión, provocó a la soldado un calvario en el que llegó a perder un hijo y a sufrir un trastorno de ansiedad.