El Juzgado número 2 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha archivado definitivamente la denuncia sobre el campamento del muelle de Arguineguín, donde llegaron a hacinarse más de 2.500 migrantes, porque considera que, aunque sus condiciones eran pésimas, "no se pudo actuar de otra forma". 

En este sentido, la Fiscalía ha declarado que, efectivamente, las autoridades competentes carecieron de la previsión y los medios necesarios y que, en consecuencia, se podrán exigir las responsabilidades correspondientes pero no por la vía penal.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, el mismo tribunal que en febrero del año pasado reabrió el procedimiento por entender que había circunstancias "deplorables" que "requerían una explicación", declara que las condiciones que soportaron hasta noviembre de 2020 en Arguineguín quienes llegaban en patera a Gran Canaria eran "lamentables", pero no incurrieron ni en delito de trato degradante ni en detención ilegal.

Los magistrados recuerdan que, solo en noviembre de 2020, llegaron a Arguineguín 6.357 migrantes, en medio de una situación de pandemia "que obligaba a un previo control sanitario" de todos ellos, con "carencia de recursos" para alojarlos.

Así, la Audiencia de Las Palmas concluye que en ningún momento se tuvo la voluntad de vulnerar los derechos de los/as migrantes sino que se intentó ofrecer  el amparo, la protección y la asistencia que se pudo. 

Lo cierto es que el campamento de Arguineguín no se cerró hasta tres meses y nueves días después de que comenzaran las llegadas masivas de migrantes en pateras. Aunque el sentimiento de terror o inferioridad no se manifestara individualmente, el clima de desesperación, desorientación y miedo era palpable en la isla. No en vano, tanto el Defensor del Pueblo como cientos de canarios denunciaron las condiciones en las que se encontraban estas personas que llegaban a las costas españolas huyendo del horror y la miseria.