Dos ex abogados del Estado lideran la ofensiva judicial de Iberdrola contra el Gobierno por el apagón

Dos de los tres letrados que firman el recurso de Iberdrola contra el Gobierno para impugnar la investigación sobre el apagón son antiguos abogados del Estado. Tal y como Público sacó a la luz este miércoles, la compañía eléctrica alegó ante el Tribunal Supremo que la creación del comité para el análisis del corte de luz no tenía cobertura jurídica. Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) defiende que cuenta con el "respaldo jurídico suficiente".

En el escrito del recurso, liderado por tres miembros de la firma internacional Clifford Chance, Iberdrola sostiene que la creación del comité "carece de presupuesto habilitante" y de "la más elemental cobertura jurídica". Argumenta que el Consejo de Seguridad Nacional formó este grupo para la gestión de una crisis "sin que se haya declarado la existencia de una situación de interés para la seguridad nacional por el Presidente del Gobierno". Además, acusa al Ejecutivo de "deslealtad" por "crear una apariencia de coactividad sin sustento legal" con el objetivo de recabar información de las empresas sobre el apagón. La compañía considera que este planteamiento "es sencillamente absurdo" porque "incluso admitiendo que la colaboración sea voluntaria, supone producir efectos jurídicos frente a terceros".

El bufete que elaboró el recurso es Clifford Chance, con presencia en los cinco continentes. Dos de los abogados que firman el documento trabajaron antes para la Administración Pública: Jaime Almenar y Fernando Irurzun. Ambos cuentan con una intensa trayectoria en la Abogacía del Estado, si bien llevan varios años en excedencia. El recurso aparece firmado por una tercera letrada, pero no hay constancia de que haya trabajado para el sector público.

Un "vacío legal"

El doctor en Derecho y experto en Transparencia Miguel Ángel Blanes explica a este medio que es frecuente que los abogados del Estado soliciten "lo que se llama una excedencia por interés particular". Tanto Almenar como Irurzun figuran con el estatus de "excedente voluntario" en la relación de funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado que publicó el BOE en marzo de 2022.

La frecuencia de estas excedencias se debe a que los abogados del Estado han pasado por "una oposición muy complicada, por lo que luego son altamente demandados por las grandes empresas". Sin embargo, el experto matiza que "muchas veces los fichan no solamente por lo que saben, por sus conocimientos, sino también por la información que hayan podido recabar y por los contactos que lógicamente tienen dentro de la Administración".

En este sentido, Blanes señala que existe un "vacío legal": considera que la regulación para los cargos políticos en materia de las denominadas puertas giratorias es insuficiente, pero en el caso de los funcionarios "no existe ninguna regulación". Esto permite que se den escenarios en los que "abogados del Estado deciden fichar por empresas privadas, se toman la excedencia y pueden llevar asuntos en los que han podido tener información privilegiada".

La trayectoria laboral de los abogados del recurso

Jaime Almenar trabajó como abogado del Estado de 1998 a 2005 y después como secretario general y del Consejo de la Comisión de Mercados de Telecomunicaciones hasta el 2007. Desde entonces, ha continuado su desempeño profesional en el ámbito privado y aterrizó como socio de Clifford Chance en 2018. De acuerdo con el experto, el caso de Almenar no generaría un gran conflicto de intereses ya que lleva 18 años desvinculado de la Administración Pública y su desempeño tampoco estuvo relacionado con el sector eléctrico. Este periódico se puso en contacto con Almenar para conocer su versión, pero este no respondió.

En el caso de Fernando Irurzun, comenzó como abogado del Estado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 1992 y pasó por diferentes cargos en entidades públicas nacionales e internacionales hasta el año 2018, cuando concluyó su desempeño como experto nacional en la European Banking Authority y se unió a Clifford Chance, firma de la que es socio desde 2020.

De manera paralela, el jurista formó parte del consejo de administración de Enusa entre 2012 y 2016. Se trata de una empresa pública responsable de garantizar el abastecimiento de combustible a las nucleares en España. Público se puso en contacto con Irurzun, quien respondió diciendo que no tiene nada que comentar.

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Las puertas giratorias, una asignatura pendiente

En su memoria de 2022, la Fiscalía Especial contra la Corrupción destacaba la necesidad de implementar políticas preventivas en cuanto a "la transparencia, la rendición de cuentas y el fácil acceso a la información de interés público", así como "una más rigurosa regulación de las llamadas 'puertas giratorias' y de los lobbies".

Miguel Ángel Blanes subraya que este problema no tiene lugar "solamente cuando un presidente del Gobierno, de comunidad autónoma o diputado deja la función pública y se dedica a una empresa privada". El experto concluye que "las puertas giratorias, tanto de los altos cargos como de los altos funcionarios como de los abogados del Estado, son una asignatura pendiente".