La Comunidad de Madrid y Andalucía son las últimas regiones en aprobar el decreto de desarrollo de la ley de la eutanasia y tras hacerlo han incluido una nueva traba que dificulta a los solicitantes poder ejercer su derecho: la actualización del testamento para que se les pueda aplicar la muerte digna.

La ley de la eutanasia se aprobó el pasado diciembre en el Congreso de los Diputados y, pese al intento de tumbarla por parte de PP y Vox llevándola al Tribunal Constitucional, sigue vigente. Todas las comunidades estaban obligadas a crear unas comisiones de Garantía y Evaluación, un órgano colegiado de profesionales sanitarios que determinarán si cumple con los requisitos para que se le aplique la eutanasia. Balears o Catalunya fueron las primeras en construir estas comisiones, mientras que otras como las ya mencionadas han tardado seis meses desde que se dio luz verde para establecerlas.

La necesidad de ratificar el testamento supone un problema grave para todas aquellas personas que dieron su consentimiento antes de la entrada en vigor de la ley y ahora por diferentes circunstancias se encuentran incapacitadas para su redacción. Es el caso de los solicitantes que padecen alzheimer, demencia u otras enfermedades degenerativas. 

Andalucía introduce este requisito en su página web, en el apartado de preguntas frecuentes : "En aquellos casos en los que hubiese expresado dicha voluntad de acogerse a la eutanasia en determinadas circunstancias, y lo hubiera expresado antes de la publicación de esta Ley, deberá actualizar el documento de Voluntades Vitales Anticipadas para hacer constar y actualizar dicha voluntad en tal sentido". Por otra parte, la Consejería de Sanidad de Madrid, según indica El País, es necesaria la ratificación porque hasta junio la ley no existía, al igual que tampoco los requisitos que se debían de cumplir para aplicarla.

Sin embargo, un portavoz del Ministerio de Sanidad ha asegurado a El País que el marco de la Ley de la eutanasia "da total, pleno y efectivo valor a las instrucciones previas registradas antes de la entrada en vigor de la norma". Además, desde las comunidades no se ha registrado ninguna norma que avale la actualización, por lo cual la información que aparece en ambas webs no tiene validez ninguna. 

La tramitación de la ley de Eutanasia comenzó en 2017 su andadura, pero recibió la negativa del PP y la abstención de Ciudadanos y PSOE. No fue hasta un año más tarde, todavía en la legislatura de Rajoy cuando fue aprobada por el Congreso la tramitación de la regulación, esta vez llevada por el PSOE. Después de la pandemia, el Gobierno de coalición aprobó en diciembre del año pasado la ley orgánica de la eutanasia y la ratificó en el Congreso el 18 de marzo.