Han pasado ya dos semanas desde que Idrissa (nombre ficticio), un menor migrante procedente de Gambia, en África Occidental, fue expulsado por la Fiscalía del centro de menores de la Comunidad de Madrid. El menor de 14 años que la ONU pidió proteger sigue abandonado a su suerte en Madrid. Desde entonces, el joven ha dormido en la calle debido a que la Fiscalía no reconoce su minoría de edad, pese a que la Embajada de su país certificó su fecha de nacimiento —el 9 de diciembre de 2009— e indicó la validez y autenticidad de su pasaporte.

En una resolución a la que ha tenido acceso Público, la entidad ha declarado que el menor de 14 años debe "recibir la ayuda que pudiera necesitar, sin impedimento ni obstáculos". Un certificado que ha quedado únicamente en el papel, ya que, en declaraciones de Paloma García de Viedma, abogada de la Fundación Raíces, a este medio "la Fiscalía no dota de validez el sistema de registro de Gambia".

La miembro de la organización informa que, actualmente, el menor se encuentra sin protección. "Desde las 18.00 horas de la tarde acude a un alberge para personas adultas y durante el día, deambula por las calles", declara. La experta añade que en casos como el de Idrissa "hay un sesgo racista tremendo" e insiste en que "nadie está haciendo nada por proteger al menor".

Además, García añade que Idrissa no puede ir a la escuela. Desde la Fundación le han ofrecido diferentes recursos como un centro de día para que aprenda castellano o un comedor social donde pueda garantizar sus necesidades básicas. 

El pasado 27 de febrero, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reunió con la Fundación Raíces y expresó su "preocupación" por el menor. Rego se sumó a la petición de la ONU y del Defensor del Pueblo, quienes apuestan por la presunción de minoría de edad de Idrissa, mientras que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas estudia su expediente.

La Comunidad de Madrid no se hace cargo

Según información de la abogada de la Fundación Raíces, las comunidades autónomas son las competentes para proteger a los menores en desamparo. En este caso, la seguridad del joven sería competencia de la fiscalía provincial de Madrid y la Consejería de Asuntos Sociales de la comunidad madrileña. 

Sin embargo, García admite que ambas instituciones han ignorado su responsabilidad y se han respaldado en que el caso de Idrissa está sujeto a un procedimiento judicial. La abogada declara que este argumento no es válido, ya que el artículo 12.4 de la Ley Orgánica Protección Jurídica del Menor indica que "cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de una persona, será considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley".

"En la actualidad son miles los niños que están en Canarias a la espera de una correcta identificación para ser protegidos y cientos los que se encuentran en Madrid en centros de adultos como el de Alcalá de Henares o Carabanchel, muchos de ellos con documentación que acredita su minoría de edad, pero sin ser protegidos", expone Lourdes Reyzábal, presidenta de la organización.

Seis meses sin protección 

Tras su llegada a Las Palmas en agosto de 2023, el menor fue trasladado a Tenerife, desde donde, posteriormente, fue derivado a Granada y Barcelona. En su estancia en la península, las autoridades acogieron a Idrissa en una red de atención humanitaria para migrantes adultos, donde le trataron como tal durante tres meses.

A finales de octubre, los recursos de acogida se acaban para el joven migrante y recibe un billete pagado con destino a Madrid. En la capital madrileña, distintas entidades y Defensa Jurídica lo protegieron a través de espacios habilitados para personas sin hogar. En diciembre un centro de menores de la Comunidad de Madrid acepta provisionalmente a Idrissa.

En este último centro, la Fiscalía pide la documentación del menor, puesto que niega su validez. El pasado 12 de febrero, ante la falta de plazas para personas adultas sin hogar, las autoridades expulsaron al menor a la calle sin ninguna alternativa habitacional.