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Mezquita de Córdoba Una comisión de expertos propone recurrir al Tribunal Constitucional para anular la inmatriculación de la Mezquita de Córdoba

Los expertos convocados por el Ayuntamiento concluyen que el monumento fue de titularidad pública hasta hace 12 años y piden que se impugne ante el TC. En 2015 se intentó y no obtuvo suficiente apoyo parlamentario.

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Mezquita de Córdoba

La Iglesia se apropió de la Mezquita de Córdoba en 2006, bajo el gobierno de José María Aznar. Ahora, una comisión de expertos dictamina que no hay razones para que el lugar de culto deba ser de titularidad privada, instando al Gobierno de Sánchez a que anule todas las inmatriculaciones de la Iglesia desde 1998.

La Mezquita de Córdoba, que fue declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1984, llevaba doce siglos perteneciendo al Estado. Gracias a una ley franquista que el presidente del PP ya mencionado reformó, la Iglesia se apropió de lugar de culto. Desde el punto de vista de los cuatro expertos no hay ningún motivo para ello, ya que no se ha encontrado ningún rastro de que la Mezquita fuese de la Iglesia hasta 2006.

Todo ello ha desembocado en la propuesta hacia el Gobierno actual de interponer un recurso de inconstitucionalidad con el fin de revocar la titularidad privada de la Mezquita. Desde la comisión de expertos argumentan que este recurso tendría que presentarlo el Estado central después de que el consistorio recabase los apoyos parlamentarios necesarios. En declaraciones de la comisión recogidas por la Cadena Ser, "la Iglesia Católica no es propietaria, ni tiene título válido de propiedad, por lo que la inmatriculación a su nombre no debió producirse y no tiene validez jurídica".

Desde el grupo de trabajo que forman los especialistas, demandan que la gestión del edificio se lleve a cabo bajo "criterios profesionales y no confesionales", según recoge El País. Además, el archivero de la catedral, que está dentro del grupo de trabajo, no ha encontrado ningún documento fidedigno que atestigüe la titularidad del templo, sin negar que sea un lugar de culto.

Esta comisión no se frena con el caso de Córdoba, sino que invita al Gobierno para llevar a cabo la anulación de las miles de propiedades que se registraron por primera vez por parte de la Iglesia entre 1998 y 2015. Dentro del comité de expertos estaba la actual vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que fue la encargada de realizar las conclusiones jurídicas, todo ello antes de entrar en el Gobierno, según El País.

Otra de las propuestas que recoge el informe más centradas en el caso que atañe a la Mezquita de Córdoba es sobre el modelo de gestión. El documento explicita que se debería crear un patronato que vele por la "gestión integral del monumento", tal y como recoge la Cadena Ser. Ese patronato estaría comandado por diversos organismos públicos, como son la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de la localidad, el Cabildo de la Catedral y el Estado Central, además de “las Universidades y entidades culturales y de gestión del Patrimonio Histórico”, según la cadena radiofónica.

El texto en cuestión está redactado por Federico Mayor Zaragoza, Juan B. Carpio Dueñas, doctor en Filosofía y Letras e historiador medieval de la UCO y Alejandro García Sanjuán, especialista en Historia Medieval del departamento de Historia, Geografía y Antropología de la Universidad de Huelva; además de Carmen Calvo, que participó hasta que entró en el Ejecutivo.

La posición defendida por el informe es clara. Resumidamente, aboga por retirar la propiedad a la Iglesia de todas aquellas propiedades que se registraron por primera vez en los 17 años comprendidos entre 1998 y 2015; y también crear un plan de conservación centrado en la mezquita de Córdoba para actualizar su modelo de gestión y estar a la altura de lo que la sociedad demanda.

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