La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) ha llevado a los tribunales al Ministerio para la Transición Ecológica por no proteger al lobo, según informa a través de un comunicado. 

La iniciativa para proteger al lobo, pionera en España, surgió ya en octubre de 2019 por iniciativa de Ascel. La propuesta, que avalaba con argumentos técnicos y legales la protección nacional del lobo, tuvo el respaldo unánime del Comité Científico en 2020. Pero desde entonces, "el Ministerio no ha cumplido sus obligaciones, con el burdo pretexto de la oposición de las comunidades autónomas", critican desde Ascel, por lo que dicen que se han visto obligados a interponer un Recurso Contencioso-Administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Ministerio que dirige Teresa Ribera.

El Ministerio retiró la cuestión (dentro del trámite reglado) en la reunión de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad del pasado septiembre, "por temor a confrontar con algunas comunidades autónomas", a pesar del previo Dictamen del Comité Científico que ha de informar sobre el trámite, cuya posición fue favorable (y unánime) para incorporar al lobo en el RD 139/2011. Ese paso por dicha Comisión es requisito sine qua non para tramitar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la inclusión del lobo en el listado protegido.

Así pues, Ascel, como entidad promotora, en tiempo y forma, se siente "obligada" a reclamar ante los tribunales, por medio de un recurso contencioso-administrativo, la incorporación del lobo como especie protegida en todo el territorio nacional.

"Es preciso incidir en la hipocresía sobre el lobo del actual Gobierno. Si se quiere proteger al lobo, como reclaman el conocimiento científico, el marco legal, el interés general, y la coherencia con los tiempos, Teresa Ribera debería haber firmado la orden ministerial, tras el trámite oportuno", defiende la asociación Ascel.

La organización también reprocha que se "perpetúe" el actual modelo de gestión autonómico "basado en la caza y control poblacional", que contribuye al "desfavorable e inadecuado" estado de conservación de nuestra población de lobos, como ha acreditado la Unión Europea.

"El lobo es el gran carnívoro terrestre de nuestra fauna que no está estrictamente protegido (como el oso pardo y el lince ibérico) en el RD 139/2011. Estamos pues, en ASCEL, obligados a demandar en los tribunales que una especie clave para la salud ambiental de España ocupe su lugar, y lo hacemos denunciando a quienes se niegan a atender a sus obligaciones, de oficio, desde hace décadas, para proteger al lobo, ya sean empleados públicos o autoridades", finaliza.