MADRID.- Las aulas para niños con Trastorno General del Desarrollo (TGD) y Trastorno del Espectro Autista (TEA) que hay en los centros de la Comunidad de Madrid están saturadas. Casi la mitad de ellas tienen más de cinco alumnos, que es el límite que establece la Consejería de Educación de Madrid. Lo denuncia la Asociación Sureste del Trastorno del Espectro Autista (Surestea), que ha hecho un estudio en 91 de los 128 centros preferentes de la Comunidad que tienen censados. En total hay 160, por lo que la muestra representa al 60% de los centros.

En estas aulas, los niños reciben apoyo por parte de un pedagogo terapéutico y un integrador social. El Documento Marco para la puesta en funcionamiento de las Escuelas Infantiles y Colegios de Escolarización Preferente con TGD (2003) indica que no debe haber más de cinco niños por clase, lo que sucede, según Surestea, en el 46,15% de los centros. De ellos, hay seis alumnos por aula en más del 70%; siete niños en el 26% y más de siete en un 2% de centros. Otro documento de la consejería, la Guía Práctica para entender los centros de escolarización preferente para alumnado con TGD (2007) también recomienda que no se superen los cinco alumnos por clase.

Además, miembros de Surestea señalan que tienen constancia de que numerosos alumnos con TEA escolarizados en plazas de integración —que están fuera del programa del aula TGD— reciben apoyo del mismo personal que gestiona el aula. "Esto conlleva una merma de recursos para los niños que forman parte del referido programa así como del resto de alumnos beneficiarios que están compartiendo recursos, restando eficiencia en la intervención para ambas poblaciones de niños con TEA", insiste el informe de la asociación, que valora muy positivamente el trabajo de los profesionales, aunque lamenta que, "no dan abasto". 

José Antonio Lobato da fe de esa práctica y califica la situación de "colapso absoluto". Su hijo, que ahora tiene siete años, entró en un centro con una plaza de integración y, al cabo de un mes, pasó a un aula preferente. "De esta manera, la atención es menor y de peor calidad. Los profesionales trabajan muchísimo, hacen lo que pueden y más, pero no dan más de sí y esto es un crimen para los niños", protesta.

Sin embargo, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid niega la mayor: "Es absolutamente falso que existan sobre-ratios en aulas de la Comunidad de Madrid con niños autistas", explica el departamento a Público mediante un comunicado. "La legislación española no estipula ratios para este tipo de alumnos y, a pesar de ello, los centros madrileños escolarizan, con carácter general, una media de cinco alumnos con perfil autista en el conjunto del centro. Esta cifra de alumnos por centro está muy lejos de considerarse una sobre-ratio".

Es cierto que no hay ninguna ley que establezca el número mínimo de alumnos que debe haber en un aula preferente. "Pero si la Comunidad de Madrid ha elaborado dos documentos en este sentido y los da por válidos, tendrá que cumplirlos, ¿no?", se pregunta José Miguel Sánchez, padre de un niña con TEA, que ahora comparte aula con cinco niños con necesidades educativas especiales (ACNEE) y otro como "alumno beneficiario", es decir, que no aparece en las cuentas porque aún no ha saido valorado como ACNEE.

Para frenar este caos, la Federación Autismo de Madrid urge al "desarrollo de una actualización y mejora del marco normativo que legisle la estructura, organización y funcionamiento de estos centros preferentes". Por su parte, Surestea reclama un incremento de recursos públicos en el programa de aulas TGD y advierte de que la situación puede complicarse en los próximos años dado que "uno de cada 88 niños está siendo diagnosticado actualmente con trastorno de espectro autista". 

Coordinación insuficiente

Otro de los problemas que denuncian los padres de niños con autismo es la falta de coordinación entre los dos tipos de recursos que reciben los menores: los educativos y los sanitarios y de servicios sociales. Los primeros —apoyo curricular en el aula— los ofrecen maestros y educadores; los segundos —rehabilitación y mejora de capacidades en entornos naturales para mejorar la calidad de vida y la inclusión social— son responsabilidad de logopedas, psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y trabajadores sociales.

Son recursos diferentes pero ambos son imprescindibles para los niños con TEA. Sin embargo, los padres denuncian que no existe coordinación entre ellos. "Sólo se reúnen una vez al año y esto es claramente insuficiente, los niños sufren cambios y la atención debe modificarse, debe adaptarse a la evolución de los menores", señala Sánchez. Lobato coincide: "Ambos profesionales deben estar en contacto y todos ellos, a la vez, con los padres". Por ejemplo, en cosas tan sencillas como comer. "Si un profesional le enseña a comer a mi hija de una manera y yo de otra, no avanzamos, tenemos que ir a una", insiste Iván, padre de una niña de nueve años con TEA que coincide con otros tantos en que es la Administración la que impide esa comunicación.

José Antonio Calvo, profesor asociado del Grado en Logopedia de la Universidad de Castilla-La Mancha, explica a Público que aunque tampoco hay ninguna normativa que regule la coordinación entre ambos recursos, la normativa de la Consejería de Educación para este curso prevé la "colaboración o asistencia de personas ajenas a la plantilla del centro", aunque de forma no específica. Eso provoca que tanto la comunicación como la frecuencia de las reuniones entre ambos sectores dependa de la voluntad de los profesionales del centro. En este sentido, la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (FEAPS) advierte en su Manual de Buenas Prácticas de la "resiliencia", es decir, la "resistencia al cambio" de la Administración hacia el modelo que los expertos consideran óptimo. "Eso es una coordinación efectiva y continuada de todo el círculo que rodea a la persona", explica Calvo, "y lamentablemente, no se está avanzando hacia ahí". 

En este sentido, la consejería dice estar "abierta a facilitar la coordinación e intercambio de información con otros profesionales que atiendan a estos alumnos" y advierten de que tanto los que trabajan dentro como fuera del centro "deben respetar las funciones y competencias encomendadas a cada uno de ellos". "Todos los centros educativos, y singularmente los centros públicos de titularidad de la Comunidad de Madrid, disponen, en el horario semanal, de tiempos y espacios reservados para las reuniones y el contacto con las familias y, en su caso, con otros profesionales que atienden a algún alumno fuera del centro. Cualquier familia o profesional que quiera intercambiar información con los profesionales de los centros educativos puede y debe utilizar dichos tiempos y espacios y acudir al centro", explica la consejería en un comunicado. 

Padres y profesionales no ponen en duda que puedan concertarse estas reuniones; lo que denuncian es que desde la Administración no se propicie una "coordinación continuada, periódica y sistemática". La consejería insiste en que "no se han detectado situaciones problemáticas de carácter general en este tema".