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Las mujeres que quieren cambiar la ley para despedirse de sus bebés tras abortar por pérdidas gestacionales

La plataforma Acontracor se está organizando para buscar cambios en la actual legislación para que las mujeres puedan interrumpir su embarazo pudiendo, además, poder despedirse de sus hijos y tener un duelo respetado.

Actividad de duelo de madres de Acontracor que habían interrumpido su embarazo por cuestiones médicas.
Actividad de duelo de madres de Acontracor que habían interrumpido su embarazo por cuestiones médicas. CEDIDA POR ACONTRACOR

Hace dos años, a Esther Román, que hoy tiene 37, en la semana 20 de su embarazo, su ginecóloga del Hospital de San Sebastián de los Reyes, en Madrid, le dijo que su bebe tenía una malformación grave llamada mielomeningocele, ​un tipo de espina bífida. Esta enfermedad hacía que su bebé tuviera un defecto del tubo neural que provocaba que sus huesos no se formaran bien. Ante esta situación, Román tomó la decisión de interrumpir su embarazo en noviembre del 2019.

Cuando llegó a la clínica privada un sábado por la mañana a que le realizaran la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), Román dice que nadie les informó del procedimiento. "Me acuerdo de que le pregunté a una mujer que me estaba atendiendo si podía despedirme de mi bebé, verlo por última vez", afirma. Aquello, se limitaron a decirle, no se hacía así. A las tres horas, ya estaba en su casa. Nunca más supo nada de su hijo ni tuvo la oportunidad de despedirse de él. "Di a luz a un hijo que estaba muy enfermo, pero esa no es la forma de gestionarlo. No hay información ni apoyo psicológico", afirma Román, que busca con su denuncia que el sistema cambie.

Román forma parte de Acontracor, una asociación que nace con el objetivo de dar visibilidad a las pérdidas gestacionales por interrupción legal o voluntaria del embarazo, esas que ocurren por motivos médicos, personales o sociales. Son, resumen las integrantes de la asociación, aquellas interrupciones que se hacen a regañadientes cuando no queda otra opción que tomar una decisión. Cristina Cruz, de 35 años, es la coordinadora de los grupos de ayuda mutua.

Cruz también tuvo una interrupción del embarazo por cuestiones médicas en Barcelona, en febrero de 2018. Por aquel entonces, no había ninguna asociación que se preocupara de qué pasa con las mujeres que abortan después de pasar por la intervención. En busca de hacer su duelo, empezó a reunir mujeres que habían pasado por lo mismo. Primero hicieron un grupo de whatsapp, luego otro en Facebook y, cuando se quisieron dar cuenta, ya eran más de 200 mujeres de toda España compartiendo la misma experiencia: haber tomado la decisión de no seguir adelante con sus embarazos.

Ahora, esta plataforma se está organizando para buscar cambios en la actual legislación para que las mujeres puedan interrumpir su embarazo pudiendo, además, poder despedirse de sus hijos y tener un duelo respetado.

Una de las cosas que están intentando que se hagan en los hospitales es dar la posibilidad a los padres de crear recuerdos. "Cuando un bebé nace vivo tenemos toda una vida para crear recuerdos, pero cuando ese bebé fallece solo tenemos un momento para estar juntos", afirman.

Acontracor ha llevado este proyecto a diferentes hospitales de Catalunya en donde ofrecen un conjunto de arrullo y un gorro para aquellas familias que no pueden preparar la llegada de su bebé. "Todos los saquitos son confeccionados a mano y en cada uno de ellos ponemos nuestro cariño, como madres que han conocido a sus hijas e hijos envueltos en empapadores, trapos o trozos de sábana, sabemos lo importante que es cada uno de estos arrullos y cuidamos hasta el último detalle", afirman.

Además, piden que se implante un protocolo humanizado en los centros de aborto para no hacer más difícil la situación por la que están pasando. En España se practicaron 99.149 abortos en 2019, según el Ministerio de Sanidad.

Este mes, Noelia, de 34 años, decidió unirse a la asociación después de seguirla un año en redes sin atreverse a dar el paso. Esta mujer afirma que todo hubiera sido menos traumático si al menos hubiera podido abortar en el hospital público en donde tenían todo su historial médico y donde su ginecóloga la conoce desde hace años.

Noelia tomó la decisión en noviembre del 2020, cuando le dijeron que su hijo venía con una malformación severa. En concreto, la dolencia con la que venía su bebé se conoce como encefalocele, un bulto en forma de saco formado por la salida del encéfalo. "Pedimos muchas opiniones buscando opciones, pero todos los médicos nos dijeron lo mismo: mi hijo no podría vivir si no estaba ligado a mí", afirma Noelia.

A partir de ahí, un clásico: en su hospital en Valdemoro todos los ginecólogos eran objetores de conciencia. "Estábamos en shock mientras íbamos hasta el centro de Madrid para pedir una cita en la Consejería", recuerda Noelia, que además tuvo que entrar sola a hacerlo a causa del coronavirus. Al día siguiente, le dieron cita en una clínica privada. "Fue muy difícil para mí porque todo pasó muy rápido, estaba muy asustada y no pude despedirme o saber qué hicieron con mi bebé después del procedimiento", cuenta.

"Las mujeres que sufrimos estas pérdidas llevamos sobre nuestras espaldas el peso del tabú social, el estigma, la incomprensión y la desautorización de nuestro duelo. Cuando iniciamos este camino que es el duelo por la muerte de un hijo, sabemos que todo cambia cuando eres tú quien lo ha decidido", afirma Cruz.

En la asociación ofrecen orientación y apoyo a familias que han pasado o han de pasar por una interrupción del embarazo, talleres para la creación de recuerdos de forma póstuma que les ayuda en su duelo. Además, hacen acompañamientos a las madres a través de sus grupos de ayuda y dan charlas para acercar este tipo de duelo a los profesionales para ayudar con la elaboración de protocolos perinatales.

La situación de Noelia o Esther no ha sido excepcional. Le ocurre al 86% de las poco más de 99.000 mujeres que deciden interrumpir anualmente su embarazo en España, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, que datan de 2019. Esther todavía recuerda su sorpresa cuando el servicio de salud público al que acudieron la derivó a una clínica privada concertada para realizar su IVE.

En España, el aborto es un derecho desde hace 11 años. No obstante, el hecho de que este procedimiento no se pueda hacer en la sanidad pública añade un trauma en la experiencia de abortar a mujeres que deben hacerlo en clínicas que, entre otras cosas, las tratan como desconocidas y que no han seguido la evolución de su caso.

Uno de los motivos por el que no se puede abortar en muchos centros públicos es, sencillamente, que en muchos de ellos los ginecólogos se declaran objetores de conciencia. Uno de los últimos casos de este tipo denunciados guarda relación con una médica que relató a la Cadena Ser cómo el hospital Clínico San Carlos de Madrid, donde ella misma trabaja, se negó a realizarle un aborto pese a la inviabilidad del feto y el riesgo para su salud. El problema: todos los ginecólogos se habían declarado objetores de conciencia.

La actual ley del aborto reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, el mismo texto aclara también que ello no debe afectar a la calidad del tratamiento. "El rechazo a realizar abortos por razones de conciencia es una decisión individual y que debe manifestarse anticipadamente y por escrito", reza la ley. Hay centros en los que esta manifestación previa y escrita no se realiza. En otros, sencillamente esta no es individual.

Hoy, no existe ningún registro ni hay forma de saber cuántos médicos de la sanidad pública son objetores por cuestiones morales o de conciencia ni de qué procedimientos objetan. Por eso, el Ministerio de Igualdad prepara una modificación de la ley para garantizar este derecho reconocido dentro de la cartera básica de servicios sanitarios en España. Entre las principales modificaciones figura, precisamente, la regulación de la objeción de conciencia. Igualdad propone a este respecto crear un registro de objetores, lo que permitiría mapear la capacidad de los centros públicos para realizar interrupciones de embarazos y planificar servicios donde se necesiten.

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