El negocio privado, a la caza de las subvenciones de la energía comunitaria

El grupo Repsol gestiona más del 30% de las subvenciones europeas para comunidades de energía. En concreto, 24,3 millones de euros provenientes de los fondos Next Generation para fomentar comunidades energéticas impulsadas por grupos ciudadanos han ido a parar a proyectos en los que aparece alguna de las filiales de la petrolera. Así lo desvela una investigación para Público que también ha identificado el modus operandi de un puñado de pequeñas empresas, calificadas como "cazasubvenciones" por varias fuentes del sector y que acaparan el 18,4% de estas ayudas concedidas por Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el IDAE ha concedido desde 2022 más de 77,6 millones de euros en las cuatro convocatorias CE-Implementa. A la llamada han acudido colectivos locales y ciudadanos, pero también grandes empresas y otros actores privados.

La concurrencia del segundo grupo preocupa a voces expertas nacionales e internacionales, pues evidencia una distorsión del modelo de transición y descarbonización que apoyan las instituciones europeas. La Comisión Europea aprobó en 2018 y en 2019 sendas directivas para la creación de comunidades de energía, con el objetivo de que la ciudadanía produzca, consuma, almacene, comparta y venda energía renovable de forma comunitaria y descentralizada, siempre bajo parámetros sostenibles. La realidad es muy diferente.

El grupo Repsol es la punta de lanza de este modelo. Las filiales de la multinacional gestionan 28 de los 151 proyectos que han recibido las ayudas CE-Implementa. En concreto, su filial de renovables Edinor maneja 15 de las comunidades subvencionadas (9,9 millones de euros), mientras Ekiluz, fruto de la alianza de Repsol con el grupo Mondragón, promueve 13 iniciativas (14,4 millones).

Edinor y Ekiluz no reciben directamente estas partidas al no ser miembros de dichas comunidades de energía, en las que participan como gestores, promotores, diseñadores o socios tecnológicos. El 60% de las subvenciones otorgadas en la cuarta y hasta ahora última convocatoria CE-Implementa, resuelta en diciembre de 2023, fue a parar al grupo Repsol. 

"Repsol considera la generación distribuida una pieza clave en la transición energética. Es por ello que en los últimos años ha desarrollado diferentes modelos en torno a las comunidades energéticas", aseguran por escrito fuentes de la empresa.

El modelo no deja cabos sueltos y, entre otras cuestiones, uno de los requisitos impuestos en las iniciativas vinculadas a Ekiluz al ciudadano es que la comercializadora de electricidad sea la propia Ekiluz. Es decir, el negocio termina beneficiando a Repsol.

En paralelo a los proyectos de Edinor y Ekiluz, la petroquímica ha desarrollado otras 400 "comunidades solares" en colegios, centros de abastos y próximamente en parroquias.

Las Cámaras de Comercio han jugado un papel clave en la puesta en marcha del 'modelo Repsol', principalmente a través de sus contactos con alcaldías y gobiernos locales. Los ayuntamientos interesados suscriben un acuerdo de adhesión, ceden las cubiertas municipales y espacio vial, muchas veces sin sacarlos a licitación, y asumen las participaciones de la comunidad energética no adquiridas por la ciudadanía.

Este impulso comenzó en Navarra, donde Edinor ya gestiona dos redes de comunidades energéticas locales (CEL), las llamadas Toda Navarra I y Toda Navarra II, con 26 y 37 ayuntamientos o entidades menores en su mano, respectivamente. De la Comunidad Foral se ha extendido al resto del Estado y, fruto de la colaboración entre Cámaras de Comercio, ya se han constituido 55 CEL que agrupan a 284 localidades de todo el Estado.

El coordinador de proyectos en el territorio de la Cámara de Comercio de Navarra, Pachi Yanguas, defiende por videollamada las facilidades técnicas y jurídicas de este patrón: "Se lleva hablando años de las comunidades energéticas, pero a la hora de colocar placas, a la hora de hacer la obra, a la hora de gestionarlo, no es fácil y por eso está costando. Vimos que Edinor podía resolver ese tema". Esta solución contrasta claramente con los modelos nacidos desde la ciudadanía.

El IDAE destaca que las comunidades energéticas son "principalmente un concepto social"

En línea con el derecho europeo, el IDAE destaca en su web que las comunidades energéticas son "principalmente un concepto social" y que con ellas "se evita la dependencia sobre las compañías eléctricas convencionales y se aumenta la competitividad en la industria". La entidad confirma por correo electrónico que, para acceder a sus ayudas, el control efectivo de la comunidad de energía debe estar en manos de personas físicas, entidades locales y pymes, "actores que en ningún caso son grandes empresas energéticas". Los límites son claros, pero no suficientes.

El Estado español todavía no ha implementado las directivas europeas aprobadas en 2018 y 2019, algo que debería haber hecho hace más de dos años. Se beneficia así a "los que ya tenían privilegios y estaban en una posición favorable", subraya el abogado Jorge Andrey.

Las grandes eléctricas se suman

Repsol no está sola en su apuesta por las comunidades de energía. Los gigantes del sector energético también se han acercado o sumado a la moda. Hay que recordar que el negocio de la luz en España está dividido en cuatro secciones: la generación y la comercialización, que están liberalizadas, y el transporte y la distribución, que siguen regulados.

El transporte, a modo de monopolio natural, pertenece a Red Eléctrica de España. En la distribución figuran las cuatro firmas que controlan el sector, en una situación que puede calificarse de oligopolio por zonas: Endesa, EDP, Iberdrola y Naturgy. Las cuatro se aprovechan del marco y del concepto de comunidad de energía para, con o sin subvenciones, sumarse a un concepto de energía en manos supuestamente de la gente que poco tiene que ver con lo refrendado por Europa.

Iberdrola destaca por correo electrónico sus "hitos"; entre ellos, "la mayor comunidad solar de España" (en referencia a Fuenlabrada, Madrid), "la primera ciudad solar" (Cáceres), "el primer pueblo solar" (Cedillo, Cáceres)... Reservan el concepto 'comunidad energética' para casos aislados. Desde Naturgy admiten que están empezando a trabajar en este tipo de proyectos, pero prefieren no entrar en detalles. Lo cierto es que, hace un par de años, su fundación solicitó a la consultora PwC un estudio sobre el rol de los consumidores en la transición energética, y, entre las conclusiones, las comunidades de energía figuraban como uno de los actores clave.

Endesa, por su parte, fue invitada a participar en un proyecto europeo que incluía la puesta en marcha de una comunidad energética en Sevilla que recibió 65.000 euros en la tercera convocatoria CE-Implementa. Y EDP-España contribuyó en 2023 a la puesta en marcha del "primer barrio solar" de Zaragoza. Ninguna de las dos firmas ha querido aportar su visión a esta investigación.

El uso de fondos públicos para la creación de comunidades energéticas entronca en un contexto en el que los fondos europeos Next Generation acaban muchas veces en manos de las grandes empresas. Así lo ha revelado recientemente la Fundación Civio que, analizando las subvenciones otorgadas por las administraciones públicas en 2023, concluye que las energéticas fueron las grandes beneficiadas de las ayudas sin contraprestación.

La querencia por las comunidades de energía ha calado en otras grandes eléctricas como Acciona, Capital Energy y Cepsa. La portavoz de Acciona Energía afirma que su apuesta es por montar y operar instalaciones fotovoltaicas propias en espacios generalmente cedidos por los vecinos a quienes suministran. Con la adquisición de Solideo hace casi un año, Acciona pretende continuar la expansión del autoconsumo y la generación distribuida.

Desde Cepsa explican que tienen puesto el foco en otras cuestiones, si bien sus responsables han hablado en más de una ocasión de promover comunidades de energía en localidades como Ronda (Málaga). Capital Energy ha declinado hacer declaraciones, pero en los últimos años ha mostrado interés en provincias como Soria y Burgos, ciudad en la que llegó a anunciar la "primera comunidad energética local industrial".

¿Cazasubvenciones o prestadoras de servicio?

"Las instituciones tienen el discurso de favorecer las comunidades de energía, pero en la realidad las subvenciones y las ayudas no están pensadas para las personas de a pie, sino para empresas con técnicos y especialistas. ¿Qué poder transformador tiene eso?", se pregunta Raquel Fernández, de Amigos da Terra.

De los más de 77 millones de euros concedidos en las convocatorias CE-Implementa, más de 14 han ido a parar a los 23 proyectos gestionados por alguna las empresas que esta investigación cataloga de 'dudosas' tras analizar la composición y las vinculaciones de cada uno de los proyectos subvencionados con otras entidades.

Juntas, estas empresas acaparan el 18,4% de los fondos europeos concedidos por el IDAE: MásInteligencia (6,1 millones de euros), CEM-Comunidades Energéticas de Castilla-La Mancha (3,7), Sapiens (1,8), Senda (758.000 euros), CEL Management (737.000 euros), Valsolar (560.000 euros) y DS Consultores (549.000 euros).

Más de quince fuentes expertas consultadas para esta investigación coinciden en trazar con dos rasgos principales lo que hay detrás: perversión del espíritu con el que nacieron las comunidades de energía y, en el peor de los casos, acaparamiento de fondos públicos.

"Han venido al olor de las sardinas. Son lobos con piel de cordero, unos con más estilo que otros. No has pestañeado y ya tienes todo hecho. Detrás hay empresas privadas que están haciendo negocio con las cubiertas públicas. Se aprovechan de las subvenciones para prostituir el modelo cooperativo", denuncian Lorena Torres y Publio Galán, la vicepresidenta y el asesor jurídico voluntario de la cooperativa extremeña EnVerde, respectivamente.

Las comunidades energéticas deben ser organizaciones abiertas y democráticas en manos de la ciudadanía

Nada ilegal, porque las convocatorias del IDAE permiten la participación de pymes (pequeñas y medianas empresas) a la hora de conformar comunidades de energía. Sin embargo, su modus operandi contrasta con la definición de las comunidades energéticas, que en la teoría deben ser organizaciones abiertas y democráticas en manos de la ciudadanía. Lo que en principio fue ideado como un modelo en el que la finalidad última era generar beneficios ambientales, sociales y económicos para las personas asociadas y para su entorno, se ha convertido en otra forma de negocio, en ocasiones, subvenciones públicas mediante.

Sapiens, Senda, MásInteligencia y Valsolar son los nombres que más repiten las fuentes del sector consultadas, que también mencionan a Emececuadrado y Cambio Energético. Este medio ha contactado con todas ellas. Valsolar y Cambio Energético han decidido mantener el silencio; el resto reniega de la etiqueta 'cazasubvenciones' y defienden su labor como prestadoras de servicios.

"Nos definimos como gestores de comunidades energéticas. El problema es que no hay muchas que gestionar, con lo cual hay que crearlas primero. Tenemos un montón de proyectos en marcha, que están en cierto modo dependientes de las subvenciones. Las subvenciones existen y hay que aprovecharlas. Nosotros hacemos toda la gestión, pero nunca tenemos el protagonismo", indica por videoconferencia el CEO y director general de Senda, Luis Molano. Según el registro mercantil, esta empresa pertenece a una sociedad inversionista con sede en Suiza.

"Hay gente que ha generado un modelo alrededor de las subvenciones, pero nosotros no nos damos por aludidos; de hecho, estamos haciendo proyectos sin dinero público", responde por videollamada el presidente de Sapiens, Juan Sacri, quien confirma que su empresa ha recibido ayudas del País Valencià para la creación de comunidades de energía.

¿Para las personas o para el lucro?

"Nuestra tarea radica principalmente en encontrar las subvenciones económicas adecuadas para los municipios. Queremos seguir expandiéndonos por todo el territorio nacional. Una réplica exitosa no puede ser como tal una copia", aclaran por escrito desde la firma DS Consultores, que cuenta con un departamento de subvenciones, "especializado en la detección de ayudas".

La perversión de la teoría se repite en otros países europeos, entre ellos, Bélgica y Portugal, también analizados a fondo por esta investigación. "Hay una gran necesidad de renovables, cuantos más seamos mejor. Simplemente, las comunidades de energía no son la herramienta. El propósito de las comunidades energéticas es servir a un modelo de participación democrática, no al beneficio financiero privado", dice Stanislas D'Herbemont, de la Federación europea de comunidades energéticas (REScoop.eu).

"Lo bonito de las comunidades de energía es que no hay una igual que otra porque cada una responde a lo que esa señora o ese papá necesitan en su pueblo. Por eso no nos valen modelos de arriba a abajo. Necesitamos modelos que escuchen las necesidades locales", concuerda María Prado, responsable de Campaña de Renovables y Transición Energética de Greenpeace.

El hartazgo entre los colectivos de base que trabajan el tema de las comunidades de energía es evidente. Lo resume la ingeniera Esther Muñoz, una de las promotoras de la plataforma Ko-energia: "Ojalá se acabe pronto esta moda. La comunidad energética tiene una misión mucho más importante, que es empoderar a la ciudadanía, juntarla y recuperar las formas de conectividad que teníamos a través de la energía".

¿Futuro pelotazo en forma de venta?

Begonte no tiene comunidad de energía. En este municipio gallego situado a escasa media hora de Lugo capital no existe ninguna comunidad energética y eso que fue el segundo proyecto mejor valorado en la convocatoria CE-Implementa 2.

Obtuvo una subvención a fondo perdido de casi dos millones y medio de euros en octubre de 2022. El plazo para la ejecución de las obras caducó en diciembre de 2023. Además, la empresa que gestiona la comunidad energética, MásInteligencia, selló su compromiso con el Ayuntamiento. Begonte no tiene comunidad de energía a pesar de que las ilusiones de las vecinas y los vecinos fueron abundantes.

El IDAE ha extendido siete meses el plazo inicial para arrancar el proyecto del que disponen MásInteligencia y todos aquellos beneficiados pero aún sin empezar de la segunda convocatoria de las CE-Implementa. Esta prórroga extraordinaria caduca el 7 de julio y para ese día necesitan materializar al menos el 50% de los planes previstos. Si no alcanzan ese mínimo, pierden la subvención.

Pedro Antonio Fuentes es el CEO y fundador de MásInteligencia. Asegura por teléfono que van a llegar "sobrados" y explica el retraso por problemas "de organización interna de los ayuntamientos" y también de financiación para completar el coste que no cubren las ayudas del IDAE, aproximadamente la mitad por proyecto.

Fuentes asevera que todo eso ha quedado atrás y que ya cuentan con el apoyo "de varios bancos y entidades financieras". A la hora de hablar de las comunidades energéticas que actualmente acompaña MásInteligencia, el CEO eleva la cifra al centenar, además de otros 50 en polígonos industriales: "Tenemos unas expectativas enormes, gigantes".

Bajo condición de anonimato, una persona que conoce de primera mano el sector subraya que "la única posibilidad de llegar al mínimo es con fondos propios" porque los bancos no quieren asumir el riesgo. En ese escenario, explica que hay quienes han optado por la estrategia de abarcar la mayor cuota posible del mercado para, llegado el momento, vender a una tercera compañía. Cita como ejemplo a MásInteligencia.

"Soy el dueño de la compañía y no tengo pensamiento de vender mi empresa. Ni venderla ni dejar de construir los proyectos", afirma el CEO de MásInteligencia, quien asegura que los ayuntamientos y socios lo han entendido perfectamente. Las cuentas de esta empresa consultadas para esta investigación muestran una reciente ampliación de fondos propios.

José Ulla es el alcalde de Begonte. "Una vez conseguida la subvención empezaron a surgir todas las complicaciones posibles", dice este regidor del PP. Habla de desamparo jurídico, de carencias legislativas y de problemas con la financiación. No duda de la buena voluntad de MásInteligencia, pero desliza que "se les fue un poco de las manos al intentar abarcar demasiado". Todavía confía en alcanzar el mínimo para que no les quiten la subvención y "si no nos resuelven, habrá que explorar otras vías".

No son pocas las voces que alertan de la burbuja que gira en torno a las comunidades de energía. Hay quienes van un paso más allá y, ante una posible venta buscando el pelotazo, apuntan a que "las grandes" siempre están al acecho para no perder su parte del pastel energético.