Nuevo capítulo en la batalla del agua que desde hace más de una década se vive en Catalunya y que tiene implicaciones políticas, sociales y empresariales. En el trasfondo, dos opciones políticas e ideológicas: la gestión directa del suministro, es decir a través de empresas públicas; o la gestión indirecta, de forma que las administraciones lo encarguen a sociedades bajo control privado.

A grandes rasgos, el primer modelo es defendido por las formaciones ubicadas más a la izquierda, fundamentalmente los Comuns, la CUP y, muy a menudo, ERC, mientras que la segunda es la preferida habitualmente por la derecha, representada por Junts y PP. Y, normalmente, el PSC decanta por esta esta opción. 

De hecho, esta cuestión es uno de los principales elementos de discrepancia entre socialistas y Comuns, que mientras que son socios habituales en el Parlament mantienen una pugna creciente en Barcelona que también impacta en el ámbito metropolitano.

Los últimos años ha habido un goteo de municipios catalanes que han optado por municipalizar el servicio, es decir, devolverlo a manos públicas aprovechando el final de la concesión correspondiente. Desde los sectores políticos y sociales que defienden este camino se aspiraba a ampliar el abanico con las ocho localidades metropolitanas que tenían la concesión vencida, pero la semana pasada prácticamente se sentenció que no será así y que el suministro del agua recaerá en manos privadas.

En concreto, el Consejo Metropolitano de la AMB (Área Metropolitana de Barcelona) aprobó inicialmente el estudio que aboga para que la gestión en los ocho municipios implicados (Cervelló, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Molins de Rei, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès y Tiana) sea indirecta y se conceda a una sola empresa para todos ellos a través de un contrato que se alargue durante 25 años.

En las próximas semanas el estudio se someterá a aprobación definitiva y si, como parece, tira adelante habrá que validar los pliegos de la licitación con el objetivo de adjudicar la concesión durante el segundo semestre del año con la idea que la nueva operadora empiece a operar en 2026. El valor de la concesión se eleva a casi 800 millones, 795,2 para ser exactos. 

De este modo, se descartaría la creación de una empresa pública que asuma el servicio. A la vez, se establece que este no podrá recaer en Aigües de Barcelona, la sociedad mixta pero bajo control de Agbar que hasta el 2047 tiene la concesión del suministro en 23 municipios metropolitanos, incluida la capital.

La AMB, que es la administración competente en este territorio para decidir el modelo de prestación del servicio, controla el 15% de esta compañía, pero el grueso del capital está en manos privadas, repartido entre Agbar (70%) -actualmente filial de la multinacional francesa Veolia- y CriteriaCaixa (15%). 

Ahora bien, esto no implica que Agbar -la principal compañía del sector en Catalunya- no pueda optar a la nueva concesión, puesto que puede hacerlo bajo otra fórmula societaria. Con todo, Aigües de Barcelona podría abrir un pulso con la AMB. Según avanzó El Periódico, la empresa envió una carta hace unas semanas a la administración advirtiéndola que "el ciclo integral del agua es único e indivisible y se extiende en todo el territorio metropolitano" y, por lo tanto, "cualquier decisión contraria a adjudicar a Aigües de Barcelona" los suministros "supondría una vulneración" de los acuerdos entre la compañía y la AMB.

Choque de relatos entre socialistas y Comuns

PSC, Junts, Vox y varios grupos estrictamente locales se decantaron a favor del estudio y, por lo tanto, del modelo de gestión indirecta, mientras que Comuns y ERC se opusieron. A grandes rasgos, estos son los bloques políticos que defienden cada uno de los dos modelos de prestación del servicio, con la inclusión de la CUP -sin presencia en el Consejo Metropolitano- entre los partidarios de la gestión pública, y del PP -que se abstuvo en la votación- entre los defensores de entregarla a manos privadas. Todo ello con matices en función de la situación y la realidad de cada municipio.

La aprobación inicial del estudio generó tensión en el pleno metropolitano, sobre todo entre Comuns y PSC, que ya hace tiempo que están distanciados en la capital. La portavoz de los Comuns en el organismo -y concejal en el Ayuntamiento de Barcelona-, Janet Sanz, afirmó que "los socialistas regalan de nuevo en manos privadas un servicio público esencial como es el agua". Para añadir que se trataba de la "crónica de una privatización anunciada". 

La réplica se la dio el alcalde de Cornellà y vicepresidente ejecutivo de la AMB Antonio Balmón, para quién "cuando una administración concesiona no está privatizando. Aquí no hay privatización, sino un sistema de control público".

Los Comuns defienden que era posible optar por un modelo alternativo y, de hecho, en su intervención, Sanz recordó que en el mandato anterior se creó una comisión de estudio que analizó la situación a los ocho municipios afectados -que suman unos 250.000 habitantes- y en su trabajo -presentado a inicios de 2022- recomendó la "gestión pública y directa del servicio", porque "genera menos conflicto de intereses" y permite tarifas "más bajas".

En cambio, en un comunicado posterior, la AMB asegura que el modelo escogido -la concesión privada- "presenta numerosas ventajas", como "proporcionar un mismo nivel de calidad del servicio en todos los municipios", reducir costes "por economía de escala", "compartir gastos comunes" o tener una mayor "capacidad de endeudamiento y de financiación de las operaciones".  

Tarifas más bajas con la gestión pública

En 2018 se constituyó la Associació de Municipis y Entitats per l'Aigua Pública (Amap), que se dedica a promover la gestión directa del servicio y actualmente suma a unos 80 miembros. Su coordinador, el ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universitat Politècnica de Cataluya Lluís Basteiro. 

Si en el pasado mandato la carpeta de agua en la AMB estaba controlada por los Comuns, desde 2023, tras los resultados de las municipales de mayo de aquel año, la vicepresidencia del Área de Ciclo del Agua y Análisis de Políticas Metropolitanas recae en Belén García, alcaldesa de Sant Joan Despí (Baix Llobregat) y secretaria nacional del PSC.

En este sentido, Basteiro comenta que al final "es una cuestión de preferencia de modelo, si prefieres un modelo de gestión privada lo aplicarás". Ahora bien, el coordinador de la Amap subraya que en esta ocasión no se ha hecho un estudio "sobre cuál es el modelo de gestión más eficiente y sostenible", simplemente se ha decidido que se optará por el modelo indirecto y "se ha ignorado el que sí que se había hecho en 2022, que concluía que la gestión directa es la que ofrece la tarifa más baja".  

Según el último estudio del precio del agua elaborado por la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y con datos del año pasado, los habitantes de los municipios con la gestión directa (pública) del servicio pagan un recibo sustancialmente más bajo que aquellos que tienen una gestión indirecta (privada).

Para poner un ejemplo, para un consumo de 12 m³ al mes, en la gestión directa se paga de media 2,072 euros por m³, mientras que la cifra se eleva a los 2,474 euros por m³ en la gestión indirecta. Más allá de esto, Basteiro destaca que dentro de la AMB los municipios con las tarifas más bajas son el Prat y Barberà del Vallès, los dos únicos con gestión directa del suministro doméstico del agua, pero es que además "son los que tienen un mejor rendimiento de la red".

Paralelamente, el responsable de la Amap recuerda que "el agua es un derecho humano, un bien estratégico para la vida y, como tal, per se tendría que estar en manos públicas, no en manos de actores que buscan su lucro". Así, recuerda que "mientras con la sanidad y la enseñanza tenemos claro que tenemos que velar para que sean públicos, desgraciadamente con el agua todavía no se ha llegado a este consenso". 

Destaca asimismo que es un "bien que escapa a las lógicas del mercado" porque atendiendo a su escasez, "no es correcto que se quiera maximizar su venta para aumentar los beneficios". La mayor transparencia y rendición de cuentas del modelo público son otros aspectos que cita Basteiro para defender la gestión directa.

Judicialización de las municipalizaciones

"En el mundo el 90% de la gestión [del agua] es pública", recuerda Basteiro, cifra que supera el 70% en el caso de Europa. Por eso, el coordinador de la Amap comenta que nos "gusta hablar de la anomalía catalana", porque aquí el 57% de los municipios tienen la gestión directa y el 43% la indirecta. Eso sí, en términos de población tres de cada cuatro catalanes viven en una localidad que recibe el servicio a través de una compañía bajo control privado, en la mayor parte de los casos dominada por Agbar. 

A pesar de todo, recalca que desde que en 2010 "la ONU declaró el agua como un derecho humano universal, en Catalunya ha habido 41 municipalizaciones y son historias de éxito, de mejora del servicio, y en ninguna se ha dado marcha atrás".

El último caso es el de Mura (Barcelona) que culminó el proceso en marzo, pero los ejemplos más conocidos son los de Terrassa, que estrenó la gestión pública en 2018 y es la ciudad más grande que ha municipalizado el servicio, y el de Girona, que junto con Salt y Sarrià de Ter, lo hizo en 2022. Los procesos de municipalización no son fáciles y a menudo topan con el rechazo de la sociedad concesionaria que, en muchos casos, opta por la vía judicial para intentar impedirlos.

Durante la alcaldía de Ada Colau, Barcelona dio varios pasos para intentar pasar a manos públicas el suministro del agua. Entre otras acciones, se pretendía realizar una consulta ciudadana sobre las preferencias del modelo de gestión, pero el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tumbó la iniciativa.

Y, precisamente, el grupo Agbar fue de los actores más implicados en la lawfare contra el Gobierno de Barcelona en Comú. En paralelo, en 2019 el Tribunal Supremo rectificó la decisión tomada tres años antes por el TSJC, que había tumbado la concesión del servicio a Aigües de Barcelona hasta el 2047.

 La sentencia del Supremo, por lo tanto, cerraba la puerta a la municipalización del agua en la capital y 22 municipios metropolitanos más. A pesar de todo, la batalla por el agua continúa y, según destaca Lluís Basteiro (Amap) ahora mismo hay 25 localidades catalanas que tienen en marcha el proceso para municipalizar el servicio, entre los que hay Sant Iscle de Vallalta y Canet de Mar (Barcelona), Torroella de Montgrí (Girona) i Tàrrega o les Borges Blanques (Lleida).