La oposición tiende la mano a las familias de los mayores abandonados por Ayuso

"No cambiar un pañal, alimentar a alguien con comida podrida o la denegación de la asistencia sanitaria son formas de maltrato. Pero no interesa hablarlo porque son personas mayores", lamenta Carmen Martín, miembro de Marea de Residencias. Junto a ella, cientos de familias se han organizado para exigir al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso verdad, justicia y reparación para los 7.291 mayores que murieron en Madrid sin atención médica durante la pandemia, así como para aquellos que sufren día a día las deficiencias de un sistema que abandona a su suerte a la vejez.

Tanto Más Madrid como el PSOE han tendido la mano a todas las organizaciones de familiares de las víctimas. "Cuando esté constituido el nuevo Ejecutivo, presentaremos iniciativas en la Asamblea y apoyaremos aquellas que se emprendan desde la sociedad civil. No vamos a parar y seguiremos empujando para conocer la verdad", ha explicado a Público Emilio Delgado, miembro de la formación liderada por Mónica García.

En la misma línea, Lorena Morales, diputada del PSOE, ha asegurado a este medio que los socialistas han mantenido reuniones con la Fiscalía "con la esperanza de poder allanar el camino a la investigación" y ha lamentado que "los tres intentos de abrir una comisión de investigación en la Asamblea hayan quedado en papel mojado. Es uno de los puntos más negros de nuestra democracia".

Ambos diputados, no obstante, remarcan que las residencias no son el único problema para la calidad de vida de las personas mayores en esta región. Delgado, por ejemplo, pone de relieve la inacción de Ayuso frente a la soledad no deseada que sufren muchos ancianos.

"Haría falta un estudio para saber dónde están las personas, dónde se concentra el mayor núcleo de ciudadanos con estos problemas, se podría hacer tanto por distritos como por municipios", propone el representante de Más Madrid. A partir de ahí, concreta Delgado, "se puede hacer un plan estratégico que incluya voluntarios y actividades tanto deportivas como culturales".

Otro gran asunto pendiente, apunta Delgado, es el de la atención a domicilio, un servicio absolutamente precarizado "que algunas veces no cumple el servicio para el que se creó porque se usa más como personal de asistencia domiciliaria en las casas, para limpiar, que para ayudar a personas que tienen un problema de dependencia". El también trabajador social de formación asegura que "las trabajadoras de la dependencia son las temporeras de este sector" e insiste en la necesidad de mejorar el control público sobre este servicio.

Las políticas públicas enfocadas en la tercera edad resultan fundamentales, con más razón si pensamos en una sociedad cada vez más envejecida, donde el 18% de su población ya tiene más de 65 años, como ocurre en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, "no hay una estrategia ni una verdadera apuesta por atender a los mayores", reflexiona Morales. "El único plan presentado por Ayuso consistió en redactar un listado de entidades que tenían voluntarios en este tema. No se comprende la falta de compromiso con ellos", expresa la socialista.

Para Morales, una de las principales herramientas para combatir la soledad y la desatención entre los ancianos son los centros cívicos de mayores, donde deberían poder reunirse y desarrollar todo tipo de actividades. Pero no ocurre. "Las decisiones políticas de Ayuso han pauperizado poco a poco este tipo de espacios. De hecho, Madrid, en vez de reforzarlos con una inyección mayor de dinero, planeó reducir las plazas de 210.000 a 17.000, tal y como reflejaban los presupuestos de 2023 que nunca llegaron a salir adelante", recuerda.

"Nosotros, desde el PSOE, apostamos por centros cívicos intergeneracionales, huir de los guetos. Nadie quiere irse a una residencia si está bien, si vive atendido", añade Morales. También critica que en Madrid no haya plan para atender a las mujeres víctimas de violencia de género mayores. "Antes la detección se hacía en Atención Primaria, pero tal y como está ahora la sanidad es difícil. Proponemos medidas de detección particulares y la creación de plazas específicas en las residencias para que tengan un lugar al que acudir", sostiene.

Contra el abuso y el maltrato en la vejez

Conscientes de este contexto, la Plataforma Estatal de Familiares y Usuarias de Residencias (PLADIGMARE), la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, junto a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) han convocado una concentración este jueves 15 de junio a las 19.00 horas en la sede de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.

La protesta, que coincide con el Día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez tendrá lugar después de que los principales responsables de los protocolos de la vergüenza (Alberto Reyero, Carlos Mur y Yolanda Fuentes) declaren en los Juzgados de Plaza de Castilla. Todavía nadie ha sido condenado por la muerte de esos miles de residentes.

Más allá de la pandemia, los convocantes destacan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que las tasas de maltrato a personas mayores –una de las formas de violencia más ocultas y más desconocidas– pueden aumentar si los niveles de la atención sanitaria, los servicios sociales y los centros asistenciales para las personas mayores no son adecuados; si el personal está mal formado y remunerado, y soporta una carga de trabajo excesiva; o las normas favorecen más los intereses del centro institucional que los de los residentes.

Una serie de deficiencias que "tienen lugar en mayor o menor medida en buena parte de las residencias de la Comunidad de Madrid", denuncian desde PLADIGMARE. "La falta de medios materiales y humanos, y la alta rotación debida a la precarización de las condiciones de trabajo no ayudan a la mejor atención. Tampoco el tamaño desorbitado de muchas residencias, ni la existencia mayoritaria de habitaciones de dos o más residentes", arguyen.

La organización reclama reducir la temporalidad en los contratos, subir los salarios y las ratios de personal para mejorar la calidad del servicio, y evitar que una persona mayor que no se puede mover pase horas sentada en la misma posición, o para que haya manos suficientes para poder dar de comer a quienes ya no pueden hacerlo solos y evitar su desnutrición. "Lo que vemos es que hasta ahora ha primado el beneficio económico de las empresas y el ahorro de las administraciones", critican.