La orden del juez Santiago Pedraz de suspender la actividad de Telegram ha supuesto un gran impacto en el panorama de la comunicación digital del país. Esta decisión ha generado una ola de preocupación entre los millones de usuarios, ciudadanos y organizaciones, que usan el canal como medio para informarse y comunicarse. Además, ha reabierto el debate sobre los límites y la protección de la propiedad intelectual, el derecho a la información y la libertad de expresión.

Telegram, conocida por su énfasis en la seguridad, ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años. Con características como el cifrado de extremo a extremo y la posibilidad de crear canales de difusión, la red social ha ganado popularidad entre diversas comunidades, desde activistas hasta empresarios e instituciones públicas. 

Con todo, el juez de la Audiencia Nacional, basándose en una serie de preocupaciones relacionadas con el contenido ilegal o inapropiado que circula en la plataforma, ha ordenado su bloqueo temporal. La decisión deriva de una denuncia presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus por presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor. 

En particular, el magistrado Pedraz ha dado tres horas a las operadoras para bloquear en España la aplicación de mensajería instantánea, que contarían desde la recepción de la comunicación judicial, según figura en el auto del magistrado. Pero, ¿hasta qué punto se puede suspender un canal que usan tantísimos ciudadanos para comunicarse en aras de la defensa de la propiedad intelectual?

Un precedente "peligroso"

Un experto y un activista consultados por Público consideran que se trata de una medida excesiva. Daniel Amelang, abogado especializado en derecho penal, mira con preocupación que "la balanza haya caído en favor de una gran corporación, en detrimento del derecho de millones de personas". "El hecho de que España sea reincidente en este tipo de medidas dice mucho (para mal) de su calidad democrática, así como del respeto por el derecho de información y el derecho a la libertad de expresión que hay en la cultura de este país", señala Amelang.

El experto hace referencia al bloqueo de plataformas relacionadas con el independentismo catalán, a raíz del referéndum del 1 de octubre de 2017. En concreto, al bloqueo de Tsunami Democràtic, a través de la cual se facilitaba la organización y difusión de protestas. 

La plataforma se cerró debido a que se consideraba que incitaba a la desobediencia civil, lo que se veía como un riesgo para la seguridad pública. Ya entonces la medida fue objeto de debate y controversia, pues algunos la consideraron necesaria para mantener la estabilidad, mientras que otros lo interpretaron como una restricción del derecho a protestar pacíficamente.

Volviendo al conflicto con Telegram, el abogado advierte de que "cuando se crea un precedente de este tipo es fácil que se vaya imitando en el futuro, y eso es peligroso por lo excesiva y desproporcionada que es la medida. Sobre todo por el motivo por el que se ha hecho, que no es ante una amenaza de violencia o la proliferación de grupos de odio, sino por proteger los beneficios de unas grandes corporaciones". "La decisión podría animar a otras empresas a emprender el mismo camino", concluye.

"Me parece que es absolutamente desproporcionado. Tú no puedes cortar un servicio digital que usan alrededor de 18 millones de usuarios porque haya unos cuantos que hagan algo malo. Esto sería el equivalente a que la Policía descubra que en una serie de bares están poniendo el fútbol pirata y como solución decidan cerrar todos los bares", expresa en la misma línea Stéphane M. Grueso, cineasta que ha trabajado en proyectos relacionados con los derechos humanos, la tecnología y la cultura digital. 

"Yo no sé si el juez lo ha valorado mal, o no se ha dado cuenta, o le da igual. Aparte del efecto que él quiere producir, que es llamar la atención a Telegram y evitar que siga cometiendo ese fraude intelectual, también se va a llevar por delante ese derecho a acceder o a publicar información", señala M. Grueso. 

"Por eso, creo que la palabra que define todo esto es desproporción. Además, siempre que para la gente sea difícil poder pagar por esos contenidos, porque muchos cuestan un dineral, seguirán buscando alternativas. Teniendo en cuenta que Internet está globalizado, es como ponerle puertas al campo", añade, poniendo el foco en la poca utilidad de la medida.