El Gobierno revoluciona el mundo rural con una gran 'red social' que conectará a más de dos millones de dueños de tierra

"El objetivo es poner los datos catastrales al servicio del territorio rural, el reto demográfico, la protección del medio ambiente y a la contribución a la reactivación de la economía", señala el objetivo 7.14 del catálogo de medidas contra la despoblación del Plan de Recuperación tras la pandemia, que esta misma semana ha obtenido el respaldo de la Comisión Europea y que contempla la creación de "una plataforma de información accesible para todos los ciudadanos" que operará bajo la denominación de Unidad del Catastro para el Territorio Rural.

¿En qué consiste eso? Básicamente, en poner en marcha un sistema de información que permita a los propietarios de fincas rústicas, 1.964.510 personas físicas y jurídicas según los ficheros de la PAC (Política Agraria Común) que maneja el FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), recibir avisos en su teléfono móvil sobre cualquier novedad legal o registral que se produzca en el entorno de su campo, ya sea por el tipo de cultivos elegidos por sus vecinos, por los cambios de propiedad que hayan podido producirse o por la habilitación de líneas de ayudas, entre otras, o acceder a ella a través de una sede electrónica.

La medida supone un hito en un ámbito como el agrario, donde, en pleno proceso de industrialización que está expulsando a los pequeños agricultores y ganaderos en beneficio de empresas agroalimentarias cada vez de mayor tamaño, el acceso a la información, que circula con fluidez en las corporaciones pero no tanto en la base, resulta un factor clave para el mantenimiento de las explotaciones familiares y la fijación de población en el territorio.

"Poner esos datos del Catastro a disposición del ciudadano, que es el sujeto del derecho al acceso, es un avance que puede generar riqueza económica y social, como también lo es tener esa información disponible a través de los dispositivos móviles", explica José Luis Miguel, director técnico de la organización agraria COAG, quien, no obstante, añade un matiz importante a esa posición: "Se necesita una explicación más amplia sobre los objetivos de ese proyecto en cuanto a las políticas y en lo referente a los límites en el acceso a los datos de los usuarios".

Un sistema de información con tres ramas

La unidad, según indica el Plan de Recuperación, "creará un sistema de información para la gobernanza medioambiental" que incluirá "un sistema de avisos para titulares catastrales" y tendrá tres ámbitos de actuación. El sistema de alertas al móvil "comunicará al usuario toda información con trascendencia para los inmuebles de su propiedad", lo que incluye las declaraciones, las solicitudes de ayudas de la PAC y las alteraciones en inmuebles colindantes, ya sean ventas o segregaciones.

Paralelamente, el usuario podrá acceder a "información a nivel de parcela catastral" acerca de las afecciones de eventuales figuras de protección ambiental en forma de derechos y de restricciones, de los "servicios ambientales que proporciona la parcela", de los precios a los que se está vendiendo la tierra en la zona y, también, de las características agroclimáticas y el potencial productivo y de las iniciativas de agricultura ecológica y de certificación forestal.

En ambos casos, la operativa se basará en la geolocalización. "Toda la información se ofrece localizada en el territorio" y "el servicio de ubicación de los dispositivos móviles servirá como forma de acceso a la información", indica el plan.

"Todos los procedimientos en los que es parte interesada"

La puesta en marcha de la unidad se perfila, en cualquier caso, como una de las medidas del Plan de Recuperación cuya implementación va a ser prioritaria. De hecho, ya ha sido debatida en una ocasión en el Senado, donde hace unas semanas salió adelante sin votos en contra una moción del PSOE que reclamaba "impulsar la creación de la Unidad del Catastro para el Territorio Rural, que se configure como una herramienta para la gestión y toma de decisiones sobre políticas de conservación y sostenibilidad, además de ahorrar costes a los propietarios/inversores y simplificar los procedimientos".

Organizaciones como la FAO, la agencia de la ONU para asuntos alimentarios, lleva tiempo abogando por el uso del catastro como un factor de desarrollo de las áreas rurales.

"Es necesario desarrollar un sistema de información que permita facilitar datos útiles a las diferentes Administraciones públicas y también permitir a los titulares catastrales, mediante un sistema de avisos, conocer todos aquellos procedimientos en los que sean parte interesada", señala Miguel Ángel Heredia, senador del PSOE por Málaga y autor de la iniciativa.

Heredia defiende que su puesta en marcha abriría una nueva vía para garantizar seguridad jurídica para la tenencia de la tierra y para acceder a ella, algo susceptible de "fomentar el emprendimiento" y de "mejorar la competitividad" en las áreas rurales, rebautizadas como la España vacía y/o vaciada.

La digitalización, el avance y los datos

"El Catastro, dependiente de Hacienda, ha tenido históricamente una función recaudatoria. Ahora se trata de canalizar a través de él toda esa información del campo y el sector primario, como una especie de servicio al usuario", apunta Heredia, que llama la atención sobre la utilidad de datos como los cultivos declarados en la PAC en las inmediaciones de un campo: "Eso amplía los criterios en los que el agricultor puede basarse para decidir qué siembra o planta en el suyo".

"Poner la información a disposición de los ciudadanos en tiempo real por medios telemáticos es un progreso", señala Miguel, quien, al mismo tiempo, insiste en mostrar su "preocupación por el uso de los datos que generen quienes lo utilicen".

"Existe el riesgo de acaparar grandes cuotas de poder a través de la tecnología, de acabar generando ese gran hermano que te vigila, que lo sabe todo de ti y que esa información pueda acabar siendo usada en su contra", plantea el director técnico de COAG. "No digo que esto vaya a ir en esa dirección, pero se trata de un debate más amplio, que afecta a toda la sociedad y que tiene que ver con el concepto de monitorización", añade.