El Gobierno ha manifestado en numerosas ocasiones, su "enorme compromiso" con la lucha contra la violencia de género y con el pacto de Estado, acordado con el resto de fuerzas políticas representadas en el Parlamento el pasado 28 de septiembre. A diestro y siniestro y a todo aquel que lo quiera oír, el presidente del Gobierno, la ministra de Igualdad, el vicesecretario nacional de política social, Javier Maroto, y otros miembros del gobierno y del Partido Popular, llevan meses repitiendo la misma cantinela: "El Gobiernos está totalmente comprometido con la lucha contra la violencia de género".

Sin embargo, a la hora de la verdad sus actos desmienten estas palabras, y organizaciones feministas y otros partidos políticos han pedido en varias ocasiones al Gobierno que deje de hacer propaganda interesada del pacto de Estado y que lo ponga en marcha cuanto antes. De hecho, ante la inacción del Gobierno en la aplicación de este pacto, la Plataforma Feminista 7N ha pedido la destitución de la ministra, Dolors Montserrat, y recientemente Unidos Podemos ha registrado en el Congreso su reprobación.

La gota que ha colmado el vaso de esta contradicción entre lo enunciado y lo realizado, ha sido la presentación del borrador del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), en los que el Gobierno no incluyó los 200 millones de euros comprometidos en el pacto para este año.

A lo largo de la negociación del pacto de Estado contra la violencia machista y el plazo transcurrido desde entonces (más de siete meses), ha habido muchas ocasiones en las que el ejecutivo y el partido que lo sustenta, han supuesto un parón o un freno en los acuerdos. Aquí recopilamos algunos de ellos.

Falta de compromiso económico

Uno de los puntos más conflictivos en la negociación del pacto de Estado fue su financiación. El Gobierno tensó tanto la cuerda de esas negociaciones, que fuentes cercanas al pacto, afirman que hubo momentos en los que estuvo a punto de romperse. La primera oferta del ejecutivo para elevar la violencia de género a una cuestión de Estado, fueron seis millones de euros en un plan a cinco años y que ya contenía más de 200 medidas. En días posteriores las negociaciones arrancaron un compromiso de 500 millones. Finalmente las negociaciones se cerraron en 1.000 millones de euros en un lustro, a razón de destinar 200 millones cada año.

Otro apartado difícil de negociar, fue la forma en la que éstos fondos serían tratados y repartidos. A pesar de las resistencias del grupo Popular, que obligó a un debate de varios días, la fórmula finalmente acordada fue que estos fondos serían finalistas, condicionados y y que su reparto sería negociado con las comunidades autónomas. El documento recoge expresamente en varios apartados, que estos fondos serían una partida específica en los PGE. En la forma de reparto, cada año la administración central (ministerios) recibirían 80 millones, las comunidades autónomas 100 millones y los Ayuntamientos otros 20.

Según confirman a este diario distintas responsables de comunidades autónomas, la reunión con el Gobierno para decidir el reparto de los fondos y las prioridades para la puesta en marcha de las medidas del pacto, nunca se llegó a celebrar. Sólo se produjo una conferencia interterritorial en la que no se abordaron estas cuestiones.

Representantes de distintos partidos de la oposición recuerdan a Público, que las aunotonomías no fueron llamadas a participar en la subcomisión para el pacto de Estado, puesto que el compromiso era que el Gobierno negociaría con ellas con los fondos en la mano y se elaboraría un plan de actuación.

Según el Gobierno, los PGE para 2018 contienen los 80 millones que corresponden este año a la administración central, y afirma que los otros 120 que debían ir destinados a comunidades y ayuntamientos deberán salir de los fondos de financiación autonómica, lo que, denuncian responsables de distintas autonomías, es una vulneración de la ley y de la independencia de estos entes, puesto que el Gobierno no puede condicionar dónde destinan esos fondos ni cómo se gastan.

Lo que denuncian las organizaciones feministas, que durante años presionaron para que la violencia machista fuera una cuestión de Estado, es que lo que demuestra el Gobierno con esta acción es la baja prioridad que da a la lucha contra la violencia de género. Los 200 millones representan tan sólo el 0,04% de los PGE, mientras el presupuesto de defensa se incrementa en 819 millones, un 10,7% más que el año anterior.

Mucha ruido, pocas nueces

El 25 de julio de 2017 Rajoy celebraba por todo lo alto, en un acto organizado de forma improvisada por su partido, el acuerdo del pacto de Estado. Sucedía el mismo día en el que la subcomisión del Congreso daba por terminado los trabajos y anunciaban el acuerdo, y pocas horas después de que el presidente del Gobierno declarara como testigo en la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel. Muchas voces críticas apuntaron a una motivación política la de ese acto, y las fuerzas de la oposición advertían del uso partidista del acuerdo.

No fue el único. En un reciente viaje a Nueva York para participar en la Comisión del Estatuto de la Mujer (CSW por sus siglas en Inglés) de la ONU, la ministra Montserrat presumió de pacto y fanfarroneó ante varios interlocutores: "Hemos liderado desde el Gobierno de España el primer gran pacto de Estado en la lucha contra la violencia de género, un pacto histórico que hemos conseguido con el consenso unánime de las fuerzas políticas, de los tres poderes del Estado, de las administraciones a todos los niveles y de todas las organizaciones no gubernamentales". Las organizaciones feministas le reprocharon desde España que hiciera propaganda de un pacto de Estado que aún no había aplicado, cuando habían transcurrido casi seis meses desde su aprobación. "Deje de hacer propaganda con el pacto de Estado contra la violencia machista y póngalo en marcha de una vez por todas", espetaron las organizaciones.

La realidad es que varios meses después del "histórico acuerdo", como de definió el Gobierno, el pacto sigue virgen. No hay una hoja de ruta para implementar las medidas, ni acciones concretas acordadas con las comunidades autónomas o los otros grupos políticos.

El Gobierno ha anunciado que en breve presentará al Consejo de Ministros la reforma de la ley de Violencia de género, una de las tantas que, según el pacto, deben ser reformadas. Sin embargo, estos cambios no han sido presentados ni negociados con el resto de fuerzas políticas que formaron parte del pacto de Estado, hecho que ha levantado las críticas de otras formaciones.

La sensación entre las organizaciones feministas se ha convertido en certeza: el Gobierno está haciendo un ejercicio de marketing político con la violencia de género. El hecho de no incluir los 200 millones en los presupuestos del Estado, y que los 80 que afirman haber incorporado no sea sencillo de seguirles el rastro, confirman esta sensación.

De hecho la Marcha 7N ha convocado una movilización para el próximo 16 de mayo para protestar por el incumplimiento del pacto y para exigir que el Gobierno cumpla con el compromiso de incluir la financiación en los PGE de 2018.