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Presupuestos Generales del Estado Duras críticas al Gobierno por romper el pacto de Estado contra la violencia de género

De "engaño", "burla", "tomadura de pelo", "varapalo"... han calificado diversas dirigentes autonómicas, representantes políticas y miembros de organizaciones sociales, la falta de financiación del pacto de Estado contra la violencia de género en los presupuestos del Gobierno para este año.

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, entrega a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que no contiene los 200 millones para luchar contra la violencia machista.| CHEMA MOYA (EFE)

Este martes, el ministro Montoro desveló el contenido de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, y una de las mayores sorpresas ha sido que el Gobierno no ha incluido en ellos los 200 millones de euros que debían financiar este año la lucha contra la violencia machista. Esta financiación fue uno de los puntos más áridos en las negociaciones del pacto de Estado contra este tipo de violencias, que se aprobó finalmente el pasado 28 de septiembre en el Congreso. El pacto, gestado a lo largo de más de diez meses de negociaciones entre las distintas fuerzas políticas, preveía el desembolso de 1.000 millones de euros a lo largo de cinco años para asegurar el cumplimiento de las más de 200 medidas que contiene. Es decir, el Gobierno debía comprometerse a incluir en los presupuestos 200 millones de euros a lo largo de cinco años

Sin embargo, las cuentas que presentó el Gobierno sólo contemplan partidas que suman 80 millones de euros (que, según afirman, cumple con el incremento de la financiación de las administraciones centrales). Los otros 120 millones restantes tendrán que ponerlos las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos de su bolsillo. Es decir, que lo que falta debería salir del sistema de financiación autonómico.

"Estoy indignada. Nos han engañado. Esto es una tomadura de pelo que no tiene nada que ver con lo acordado. El Gobierno acaba de romper el pacto. Una de las razones por las que algunos partidos firmamos ese pacto, al menos en Compromís, fue por esos 200 millones que iban a los territorios", afirma Mónica Oltra, vicepresidenta y consejera de Igualdad de la Generalitat Valenciana a Público. Oltra explica que, aunque había muchas cosas en el documento que no compartían, lo apoyaron hasta el final porque era una forma de comprometer al Gobierno para financiar la lucha contra la violencia de género.

"el Gobierno de España no se cree la lucha contra la violencia de género, ni la igualdad entre hombres y mujeres, ni el 8 de marzo, ni nada de nada"

"En un consejo interterritorial se comprometieron [el Gobierno] a que en el primer trimestre esos presupuestos estarían en los territorios. Estamos en abril y aquí no ha venido un duro. Pero es que además, no hacía falta esperar a los presupuestos, porque se podía haber financiado con una modificación de crédito" tal como habían aprobado todas las fuerzas políticas en noviembre pasado. "Estoy soliviantada. Esto quiere decir que el Gobierno de España no se cree la lucha contra la violencia de género, ni la igualdad entre hombres y mujeres, ni el 8 de marzo, ni nada de nada.", añade Oltra.

De una forma similar se manifiesta Rosa Aguilar, consejera de Justicia de la Junta de Andalucía: "Esto es inadmisible" y "un varapalo serio al pacto de Estado". 
"El Gobierno del PP no tiene ningún interés en que se desarrolle el pacto de estado contra la violencia machista. El incumplimiento de este pacto, que había levantado expectativas y que entendemos necesario e imprescindible para combatir la violencia de género, no puede aparecer en los Presupuestos Generales del Estado  faltándole 120 millones de euros", afirma Aguilar.

La redacción del documento del pacto de Estado es muy clara a ese respecto y la mayoría de grupos que participaron en su redacción fueron muy cuidadosos en poner negro sobre blanco este compromiso económico.  El punto 206 refleja muy claramente la necesidad de que los fondos destinados a financiar las medidas del acuerdo debían ser "finalistas" y acordadas con las Comunidades Autónomas y los entes locales. De hecho, el pacto carga sobre las espaldas de estas entidades la mayor parte de las medidas de acompañamiento y prevención de la violencia machista. 

En al menos tres ocasiones el documento detalla específicamente, que su financiación deberá estar reflejada como una partida especial de los PGE. "Los Presupuestos Generales del Estado destinaran, vía transferencias a los ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios. El Gobierno de España, acordará con la FEMP [Federación Española de Municipios y Provincias] u otras asociaciones de municipios en el conjunto del Estado, los programas que deberán llevarse a cabo", reza su punto 216 A del pacto.

Lo mismo hace con la Comunidades Autónomas en la letra B de esa misma medida, explicitando que los PGE destinarán "un incremento anual de 100 millones de euros durante los próximos cinco años para el desarrollo o ampliación de las medidas recogidas en este Pacto". Y añade un punto clave: "El Gobierno de España negociará los criterios de reparto con las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Interterritorial, atendiendo a la población, extensión geográfica, necesidades específicas u otras variables que resulten pactadas".

Por último, el documento vuelve a hacer hincapié en la necesidad de que se trata de fondos dirigidos al afirmar que: "...la financiación a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales, por parte de la Administración General del Estado, para garantizar la efectividad del conjunto de medidas recogidas en este Pacto, habrá de tener siempre un carácter condicionado". 

Según todas las fuentes consultadas por Público, la no inclusión en los PGE de los 120 millones que las Comunidades y los ayuntamientos deben gestionar supone, de facto, una dejación del Gobierno sobre qué fondos se destinarán a la lucha contra la violencia de género y una ruptura de su responsabilidad de asegurar el reparto equitativo y respetando los criterios que todos los partidos políticos acordaron en el pacto. Responsables de Igualdad de distintas comunidades autónomas han confirmado a Púbico, además, que la conferencia interterritorial sólo se reunió una vez con el Gobierno y en ella no se discutió ni la forma de financiación del pacto, ni las medidas para implementarlo. 

La Federación de Municipios y Provincias indignada

La FEMP ha sido también dura y contundente tras conocerse que los Presupuestos para 2018 no contenían las medidas acordadas de dotar a los Ayuntamientos y otros entes locales de los 20 millones de euros acordados en el pacto. En un comunicado, su presidente Abel Caballero, acusó al Gobierno de incumplir el pacto de Estado contra la Violencia de género. “Se publican los Presupuestos del Estado y nos encontramos con que los 20 millones que tenían que poner adicionalmente a la financiación que nos corresponde para dedicar desde las Corporaciones Locales a violencia de género se transformaron en cero euros. De 20 millones pasaron a cero euros”. afirma Caballero. “El Gobierno muestra un rostro que desatiende a las mujeres víctimas de violencia de género, y confiamos en que modifiquen esa partida y esa desatención que muestran no sea tal", concluye Caballero tras afirmar que la federación que preside instará al Gobierno para que modifique su borrador.

"Lo que está haciendo el Partido Popular es dinamitar los acuerdos"

"Indignada", es la palabra que también usa Ángeles Álvarez, portavoz de Igualdad del grupo Socialista en el Congreso para explicar la falta de cumplimiento. "El Gobierno ha utilizado el pacto de Estado para hacerse fotos que no van a ningún sitio. Lo que está haciendo el Partido Popular es dinamitar los acuerdos: primero los retrasa todo lo que puede, después no los cumple... Se ha pasado todos los pazos acordados para la puesta en marcha del pacto de Estado", afirma.

Cabe recordar que el Gobierno tenía cuatro meses desde la aprobación del pacto para acordar con las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, y otros órganos de la administración, las medidas y las necesidades económicas para poner en marcha las más de 200 medidas acordadas en él. También contaba con seis meses a partir de su aprobación en el Congreso (que sucedió el 28 de septiembre pasado), para elaborar un plan de reforma de las distintas legislaciones necesarias para hacer posible la puesta en marcha de muchas de las medidas. Entre ellas, la reforma de la Ley de racionalización de las Administraciones locales, para devolver a Autonomías y entes locales las competencias en materia de violencia de género. Cuando ya se han cumplido seis meses desde la aprobación del pacto de Estado, el Gobierno no ha cumplido con ninguno de estos dos requisitos

​Álvarez explica que cuando el pacto de Estado habla de que los fondos deben ser "adicionales" a lo que se refiere es que tienen que ser fondos específicos para la lucha contra la violencia de género y que ni las comunidades autónomas ni las administraciones lo pueden utilizar para otra cosa. "¿Como puede el gobierno condicionar eso? A través de una partida específica que se transfiere a las comunidades. Esta figura ya existe. Los PGE ya tienen transferencias específicas a la comunidades autónomas, pero ese dinero no está en el paquete de la financiación autonómica y es precisamente por esto por lo que esos fondos están condicionados al uso de programas específicos", afirma Álvarez.

"Le habíamos pedido al Gobierno que habilitara un crédito extraordinario de 200 millones de euros para implementar el pacto cuanto antes y el PP votó a favor en el Congreso. ¿Porqué no lo han hecho? Porque había trampa. Porque no tenían intención de habilitar esos 200 millones. Lo único que han habilitado son los 80 millones de la Administración general del estado y esto también tenemos que ver con detenimiento que sean para dar cumplimiento al pacto y no para otras partidas".

El pacto de Estado contempla la creación de una comisión de seguimiento de acuerdos y fondos. Sin embargo, a pesar de que se han dado todos los pases para su creación, aún no se ha creado. Para Álvarez esta es otra demostración del poco interés del Gobierno para aplicar el pacto. "La presidente del Congreso puede convocar mañana la puesta en marcha de la comisión, porque ya está toda la documentación hecha. Pero no han querido llegar a los presupuestos con la comisión creada".

Por su parte, la Plataforma 7N ha denunciado que "el Gobierno se ríe en la cara de las víctimas de la violencia machista". En este sentido, recuerdan que llevan tiempo advirtiendo que no van a tolerar que no se consignen 200 millones para financiar directamente el Pacto de Estado en los tres niveles de la administración (general, autonómica y local).

Destinar solamente 80 millones al Pacto de Estado y decir que las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales "deberán incluir en sus presupuestos incrementos por importe de 100 y 20 millones de euros respectivamente para financiar medidas de este Pacto, para lo cual contarán con recursos suficientes dadas las mayores aportaciones que recibirán respecto a 2017 a través del sistema de financiación", es sencillamente tomar por tonta a la ciudadanía. No queremos vestir un santo para desvestir a otro, queremos que se financie directamente el Pacto tal y como el Gobierno había comprometido en septiembre de 2017", concluyen.

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