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Precios del Alquiler Caseros contra la burbuja del alquiler

Pese al lucrativo negocio derivado del aumento de precios de los alquileres en las grandes ciudades, existen propietarios que no quieren subirse al carro de la especulación. Unos, para evitar casos de impago y ganar tranquilidad; otros, por convicciones políticas y sociales.

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Un portero limpia los cristales del edificio con pisos a la venta o en alquiler, en una calle de Madrid.- REUTERS

“Decidí alquilar mi casa a una familia y lo hice a escondidas, para que no dijeran que soy tonta. Seré de las pocas en Madrid tan tontas como para no ganar dinero alquilando. Ya ves, lo que debería ser normal, que la gente pueda vivir en una casa a un precio razonable, se ha vuelto anormal”. Federica —nombre ficticio—, se puso en contacto con Público hace varias semanas a raíz de la campaña de este diario para que se regulen los precios del alquiler. “Quería exponer que no todos los caseros son unos especuladores y unos aprovechados”, explica por teléfono esta madrileña de 50 años, residente en Colmenar Viejo.

Lleva tiempo alquilando un “pisito” de unos 50 metros cuadrados que tiene en el barrio de Vallecas a una familia de migrantes en situación irregular. “Sé que pueden pagar poco. Son un matrimonio con dos hijos. A ella la explotan en el servicio doméstico. Él trabaja en lo que puede y gana muy poco cada día. Reformé y amueblé la casa hace seis años y me pareció ético alquilársela a ellos porque su situación es difícil”, afirma. Les cobra 450 euros al mes, aunque sin contrato, reconoce, de ahí su anonimato para contar su caso. “Si no tienen papeles no pueden alquilar legalmente pero tienen que vivir en algún sitio”, responde.

"Claro que me importa el dinero, pero no puedo sacárselo de las costillas a quien tampoco lo tiene"

“Claro que me importa el dinero, sobre todo ahora, que no tengo nada porque estoy en paro. Pero no puedo sacárselo de las costillas a quien tampoco lo tiene. Eso ya lo hace mi hermano”, dice, entre el orgullo y la culpa de no ganar un duro con uno de los mercados más boyantes de la ciudad. Federica sabe que podría pedir más de 700 euros por ese piso, “es lo que valen los de alrededor en Idealista, peor equipados y en peor estado. Son hasta más caros”, afirma.

Su pareja, también propietaria de un piso más grande en Marqués de Vadillo, no piensa igual que ella, “pero como tuvo que irse al extranjero y me dejó encargada de alquilarlo, lo hice. Más de 70 metros cuadrados por 600 euros. A una familia de cubanos. Es el precio que creo ético. Todos somos responsables de lo que pasa con la vivienda, que no es que sea un derecho, es una necesidad. Ahora que ha vuelto mi pareja, queremos volver a Madrid, y no encuentro nada por menos de mil euros ni en el centro ni en los alrededores, porque yo tengo dos hijos y necesito espacio”, justifica. Sí, han tenido alguna “bronca” por lo dejado de ganar, “pero yo me aseguro de que la gente que vive ahí me pague siempre y me cuide la casa. Estoy más tranquila y a mí me gustaría alquilar por esos precios y tener una buena relación con mi casero”, sostiene.

Mantener al inquilino de confianza

No es habitual encontrar casos como el de Federica, pero existen. Unos, por ideología; otros, por puro pragmatismo y otros, por responsabilidad social, como el de Gabriel Muñoz, gaditano jubilado y propietario de un piso de 60 metros cuadrados y dos habitaciones en la madrileña Avenida de Barcelona. “Heredé ese piso de mi madre y se lo alquilo a una inquilina de confianza, la conozco de toda la vida”, dice. Para él, esa es la clave del alquiler, la confianza en quien habita su propiedad. “Mi hija y mi mujer me dicen que podría subir el alquiler a 800 euros, pero prefiero dejarlo como está, 575 euros. No me merece la pena que se vaya esta inquilina porque no pueda pagar y tener que buscar a otra persona en quien no confío. Yo ya gano dinero con este alquiler, no necesito más”, afirma.

Muñoz se considera un “casero atípico”, dice que no vale para esto. “No se me da bien”, asegura, riendo al otro lado del teléfono cuando cuenta que, en otro pequeño piso de una barriada gaditana ha dejado vivir durante ocho meses a una familia migrante que, de repente, se quedó sin ingresos. “Me avisaron de que se iban a ir porque no querían problemas de impago. Les dije que se quedaran y pagaran solo el agua y la luz hasta que encontraran empleo. Y lo hicieron, y ya llevan más de dos años pagando religiosamente el alquiler y con la casa en perfecto estado”, dice.

"Claro que hay que subir los precios, pero no 200 o 300 euros de golpe. No hay que poner a los inquilinos en apuros"

Para Muñoz, la inflación en ciudades como Madrid “está siendo una pasada” que impide a los jóvenes “ahorrar para pagar la entrada de una vivienda en propiedad”. Con estos precios, sostiene, “es muy difícil que los jóvenes levanten cabeza, con los sueldos tan bajos que hay”, añade. “Claro que hay que subir los precios cuando toca, pero no 200 o 300 euros de golpe. No hay que poner a los inquilinos en apuros. Esa es mi postura para ganar tranquilidad yo también”, argumenta.

Aumentan los precios, sube la morosidad

El encarecimiento de los alquileres en el país durante los últimos cinco años, sobre todo en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, se está llevando por delante los ingresos precarios del común de los habitantes, provocando “desahucios invisibles” y otros visiblemente dramáticos. Aunque los desalojos por impago del alquiler han descendido en lo que va de año, en 2018 fueron la primera causa de desahucio. En Madrid, hubo 5.157, un 3% más que en 2017 y un 80% del total. A nivel nacional, fueron casi 60.000, un 1,8% más, según cifras del Consejo General del Poder Judicial.

"Con estos precios, cualquier gasto inesperado hace que existan dificultades para pagar el alquiler"

También aumentó la morosidad de los inquilinos, según el último informe del Fichero de Inquilinos Morosos (FIM), un registro privado nacional de morosidad en arrendamientos urbanos elaborado “a partir de incidencias remitidas por profesionales inmobiliarios, propietarios particulares y sentencias judiciales”, precisa su web. Según los expertos del FIM, que llevan realizando informes desde 2007, la burbuja del alquiler está provocando un incremento de los impagos y de las cantidades adeudadas por unos inquilinos cuyos ingresos no resisten la tendencia. “Ante la subida de rentas, los inquilinos tienen que hacer más esfuerzos porque sus sueldos, por lo general, no han subido en los últimos años. Cualquier gasto inesperado hace que existan dificultades para pagar el alquiler, lo que provoca que el número de impagos se incremente”, sintetiza Sergio Cardona, Director de Estudios y Calidad de FIM.

Aunque las comunidades donde más aumentó la morosidad no son donde más ha subido el alquiler, lo cierto es que los impagos crecieron más de un 5,7% en todo el país entre 2017 y 20018. Se notó, sobre todo, en Murcia (16,2% más de impagos), Canarias (12,3%), Navarra (10,6%) y Andalucía (10,4%). En Madrid y Catalunya, la morosidad está por debajo de la media nacional, aunque también aumentó en 2018 un 4,4% y un 5,5% respectivamente. Sin embargo, también son las regiones donde los inquilinos deben de media más dinero a sus caseros: más de 9.700 euros en el caso de los madrileños y más de 6.850 euros en el de los catalanes. “Medimos el aumento de la morosidad. Hay ciudades donde no ha subido mucho, pero es que ya era alta años atrás”, matiza Cardona, que habla de cierto “miedo” por parte de algunos propietarios a poner en alquiler sus viviendas.

Cooperación entre caseros y sindicatos de vivienda

No es el caso de David Franquesa, barcelonés de 44 años, propietario de tres viviendas en un pequeño edificio en el barrio de Gracia y pionero en una modalidad de alquiler “justo”, en colaboración con el Sindicat d'Habitatge de Vallcarca, un barrio de la ciudad. Fuentes del Sindicat de Llogaters de Barcelona reconocen que se les han acercado propietarios a los que también les preocupa esta deriva que Franquesa denomina “borrachera de precios” o “terrorismo inmobiliario”.

Cartel del Sindicat d'Habitatge de Vallcarca, en barcelona, llamando a la organización inquilinos en el barrio en asambleas.

Precisamente por eso, este técnico de Fórum Social Mundial de Economías Transformadoras quiso dar un paso más en su colaboración con el movimiento por el derecho a ala vivienda. Catalunya y, sobre todo, Barcelona, llevan años siendo un punto caliente para el acceso a este bien de primera necesidad del que se ven excluidos gente de bajos recursos, personas migrantes o familias monomarentales, describe Franquesa. Hay pocas viviendas, son caras, los requisitos para alquilar son muy exigentes y cada vez hay más pisos turísticos en lugar de hogares, mientras que hablar de vivienda pública es parecido a nombrar un animal mitológico, describe.

La lucha del movimiento por la vivienda tuvo que dar un salto cualitativo hace dos años, y la ciudad donde nació la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no tardó en alumbrar la herramienta —aún incipiente y en formación— para frenar la sangría del inquilinato. Lo hizo sindicalmente, tirando de una fórmula que históricamente ha logrado derechos en lo laboral desde el empuje colectivo. Y ya han conseguido frenar expulsiones o negociar renovaciones de contratos que mantienen e incluso rebajan los precios. También han hecho llamamientos a propietarios “responsables” para que alquilen a precios por debajo del mercado con los sindicatos populares de vivienda de los barrios como intermediarias.

Así fue como Alicia López consiguió el pasado mayo un alquiler de 400 euros al mes por un piso de 80 metros en el barcelonés barrio de Villa de Gracia, donde la renta suele superar los mil euros. El casero de Alicia, una mujer que llevaba dos años en la lista de espera de la mesa de emergencia de la ciudad, es David Franquesa, y su caso es un “piloto”, dice el propietario. “Es la primera vez que se hace algo así y creo que debe debatirse en las asambleas de las plataformas de vivienda y que los propietarios deben acercarse a estos espacios”, asegura.

"hay caseros que no nos tragamos que las cosas solo pueden hacerse sacando el mayor rendimiento económico"

Franquesa, residente en el cercano barrio de Vallcarca, llevaba tiempo alquilando a “precios justos” sus viviendas a amigos y conocidos, víctimas de la especulación de la que adolece la urbe o de la deriva del aumento del precio y la no renovación de contratos. Pero ahora, dada la emergencia de habitabilidad en la ciudad, quiso hacerlo de forma pública, para dar ejemplo a otros propietarios. “Lo que me gusta de esta fórmula es que yo no decido quién vive en la casa, lo consensúa el Sindicat d'Habitatge, y yo no pongo el precio, sino que el inquilino dice lo que puede pagar según su situación. También evitamos recurrir a la vía judicial en caso de conflictos, porque es el Sindicat el que hace de mediador”, enumera el propietario.

Desde el Sindicat de Llogaters aseguran que es el primer caso en el que un particular se acerca al sindicato para que actúe como intermediario y fijar un “alquiler justo”, aunque afirman que han recibido casos de propietarios con varias viviendas que prefieren alquilarlas a mitad de precio para prevenir impagos o tener problemas derivados de estos. “Mucha gente vive de especular. Yo tengo una determinada conciencia social. Esto no es caridad, sino justicia social. Por eso digo que soy afortunado de tener en el barrio un Sindicat así, que además visibiliza que hay caseros que no nos tragamos que las cosas solo pueden hacerse sacando el mayor rendimiento económico. Hay que ser fuerte mentalmente para no sucumbir a la presión social, al "eres idiota por no ganar más", pero el caso es que hay gente así y creo que deben ponerse en contacto con los sindicatos de inquilinos para combatir esta estafa de precios”, asegura Franquesa.

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