RacismoSeis relatos en primera persona para entender qué es el racismo institucional

Guillermo tiene 29 años y es administrativo en una empresa de Madrid. Sin embargo, constantemente le para por la calle por la Policía. “Me ha llegado a pasar hasta tres o cuatro veces en una misma tarde”, relata a Público. Su situación resultaría muy extraña para cualquiera hasta que se desvelan sus apellidos y se muestra el color de su piel. Guillermo Akapo Bisoko es originario de Guinea Ecuatorial y, si hubiera nacido en los años 60, guardaría como recuerdo un DNI español, ya que su país fue una provincia más, la Guinea Española, hasta su independencia en 1968. Lleva 20 años en España, tiene todos sus papeles en regla, ha estudiado en el sistema público de Educación y trabaja cada día en una empresa. “Pero es imposible que me sienta integrado”, lamenta. Lo que sufre Guillermo es una conducta sistemática por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que ha sido denunciada en repetidas ocasiones, las llamadas redadas o paradas racistas. Una norma que no está escrita en ningún protocolo, sino en el ADN del sistema.

"Cuando llegué a este país hasta yo, en mi ignorancia, pensé que era normal. Pensé que eran detenciones rutinarias que se hacían a cualquier ciudadano, pero después de un tiempo me di cuenta de que siempre me paraban a mí por el color de mi piel”, explica. “Empecé a pensar que no estaba bien porque yo no había hecho nada. Joder, yo salgo de jugar a fútbol con mis colegas y cuando me doy cuenta estoy mostrando mi documentación a unos policías”, relata. “Me sigue pasando 20 años después. Me hace sentir incómodo porque estar rodeado de policías en la calle durante 15 o 20 minutos hace pensar a la gente que soy un delincuente. Hasta mi madre me preguntaba qué había hecho cuando me vio detenido por la Policía en la calle. De ahí viene ese pensamiento de que negro o inmigrante es igual a delincuente”, critica.

Guillermo, que sufre a diario la sospecha, siempre intenta explicar que estos comportamientos son racismo institucional, ese que está en la columna vertebral del Estado, en sus leyes y normativas, pero “siempre que le explico esto a una persona blanca me dice que no es racismo, que es algo normal que se pida la documentación a la gente, algo rutinario. Yo les respondo que no es normal, que a ellos no les pasa. Aun así no terminan de entenderlo”.

Trabajo para europeos

Este comportamiento no proviene sólo de las fuerzas de seguridad, como explica Elcinia Torres, psicóloga, metodóloga y activista. de 26 años, precedente de Santo Tomé y Príncipe y residente en España desde hace 20 años. "Recientemente, un conductor blanco en un autobús de Alcorcón decidió criminalizarme acusándome de que mi abono de transporte en vigor, y que pasó a la primera, no era mío. Teniéndolo delante de sus narices decidió que yo, tal y como se hacía durante la esclavitud, era un sujeto criminalizable, incluso me solicitó mi documento de identidad”, relata. “Todo esto ocurrió bajo la complicidad blanca de los pasajeros del autobús que accedieron a darle sus números de teléfono para apoyarle ante la empresa de transportes”, prosigue. Aunque presentó una queja en la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, “la respuesta fue que todo se había realizado de manera correcta”.

“Otra de las múltiples fuentes de racismo institucional diario es la que me encuentro cada vez que quiero echar un currículum para los distintos organismos de investigación del Estado. En las que te hacen un perfil étnico-racial a la hora de solicitar la oferta laboral”, lamenta. “Te preguntan por tu nacionalidad, lugar de nacimiento y que adjuntes una copia de tu documento de identidad (por si no querías incluir una fotografía tuya ahí la tienen). Incluso presentan ofertas, como una que me encontré hace unos meses para una universidad pública, en la que demandaban nacionalidad española o europea para poder acceder al puesto de trabajo”, critica.

Más allá del velo

Para Míriam Hatibi, el racismo institucional es aquel que se da “desde espacios de poder”, ya sea una institución, administración pública, empresa, partido político o centro sanitario. Esta joven de 25 años, musulmana, catalana, marroquí y española de padres marroquíes trabaja como consultora de comunicación y es autora del libro Mírame a los ojos, una obra que exhorta a la sociedad a mirar más allá del velo que únicamente revela su fe.

“Hay personas que tienen ideas racistas y las vuelcan sobre ti cuando te atienden. Ese es el problema, que mucha gente es incapaz de trabajar para todo el mundo. Por eso ocurren cosas como que una escuela impida que sus alumnas musulmanas vayan a clase porque llevan velo, aunque no haya una ley que lo prohíba. Es una decisión que se toma desde un espacio de poder, en este caso, la dirección de un colegio", destaca.

Hatibi ha sufrido el racismo institucional en “muchas” ocasiones. “Cuando voy a una administración noto perfectamente que no se me explican las cosas con la misma paciencia que otra persona, te atienden como un ciudadano de segunda porque llevas velo”, relata. “También es frecuente ver a hijos de inmigrantes que quieren estudiar quedarse sin plaza porque se les exige que tengan nacionalidad española, aunque nada justifica que debas tener la nacionalidad para estudiar”, afirman. “Del mismo modo, si quieres irte de Erasmus o hacer un curso de idiomas en según qué país, muchos necesitan un visado o un pasaporte”, cuestiona.

Trabajo doméstico: "Migrante, injusto y desigual"

Carolina Elías Espinosa llegó a España hace nueve años, procedente de El Salvador. “Vine para estudiar un máster sobre cuestiones de género y sólo encontré trabajo en el empleo doméstico. Cinco años estuve trabajando en eso”, relata. Esa fue, quizás, la primera muestra del racismo institucionalizado. “No está escrito en ningún sitio, pero la gran mayoría de las empleadas del hogar, las que cuidan a personas mayores o trabajan como internas en casas de familias de clase alta, son mujeres migrantes”, recuerda. “Ahí se mezcla el racismo y el clasismo y se escucha con facilidad la frase si no te gusta vete a tu país”.

Sin embargo, Elías recuerda que el sector de las trabajadores domésticas es uno de los más atravesados por el racismo institucional, “empezando por la Ley de Extranjería, que nos obliga a estar tres años acreditados en España antes de poder tener un permiso de trabajo. Muchas están internas en casas esos tres años, pero son invisibles y trabajan en la economía sumergida. Luego, algunas son regularizadas por su empleadores pero no ocurre siempre, lo que fomenta el trabajo clandestino de estas mujeres”. Además, explica, si consiguen que los empleadores les den de alta en la Seguridad Social, el régimen que rige este empleo es “injusto y desigual: cotizamos menos de lo que cobramos y eso afecta en una futura pensión, tenemos menos indemnización por despido (12 días por año) y es muy fácil alegar una causa objetiva para que te echen, no se tiene derecho a baja por maternidad y otros muchos factores de desigualdad”, critica.

Esto ocurre, recuerda Elías, porque España no ha ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que entró en vigor en 2013. “La Comisión Europa ha instado a todos los países de la UE a firmarlo y establece que las trabajadores domésticas deben tener los mismos derechos mínimos que cualquier trabajador en cada país. España sigue sin ratificarlo y eso es racismo”, lamenta. Ahora, Elías trabaja en al área de participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, donde “no noto ese racismo que viví durante mi anterior etapa”, cuando pasó a formar parte de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), un colectivo que trata de dignificar las condiciones de trabajo de las empleadas domésticas.

La exclusión sanitaria

A Yania Concepción Vicente, el racismo institucional le cuesta cada mes 54 euros que no siempre ha tenido. Tiene 29 años y llegó a Madrid desde República Dominicana. “Vine a estudiar y obtuve el permiso de residencia como estudiante”, recuerda. Ahora es psicóloga y representante de Afroféminas, donde trabaja impartiendo talleres y respondiendo consultas online, además de encargarse de la parte administrativa de un hostal de Madrid.

"Después de mi primer año de estudios fui a Servicios Sociales para pedir información para poder utilizar los servicios de salud pública. La persona que atendió me hizo sólo dos preguntas: de dónde era y cuánto tiempo llevaba en España. Cuando se lo expliqué me dijo tajantemente que no tenía derecho a atención sanitaria pública”. Ese fue el resultado de la reforma del PP de 2012, que dejó sin tarjeta sanitaria unos 800.000 inmigrantes.

“Me quedé en un limbo, desprotegida, sin apenas dinero para pagar un seguro privado. Contraté uno y me cuesta 54 euros al mes, sólo porque vengo de otro país a estudiar aquí”, lamenta. Pero no acabó ahí su mala experiencia. Al año siguiente me hice pareja de hecho de un chico español y me dijeron que podía ser beneficiaria del sistema de salud. Cuando volví a pedir información me hicieron las mismas preguntas, me dijeron que no tenía derecho. Fui yo la que tuve que explicar mi nueva situación y sólo así accedieron a explicarme los pasos. Me enfadé porque ni siquiera me preguntaron si tenía permiso de residencia. Además, llevo más de dos años esperando la tarjeta sanitaria y siguen sin dármela en mi centro de salud. Dicen que no ha llegado. Tengo más compañeras migrantes en la misma situación, y eso a pesar de que el nuevo Gobierno se supone que ha derogado esa reforma sanitaria del PP y ha decretado la sanidad universal”, remarca.

Gitanos, condenados al gueto

Silvia Agüero es gitana y tiene 33 años, pero sobre todo es madre y activista contra el “acoso antigitano”, una de las formas de racismo institucional más antigua de España y Europa, afirma. Se define como trabajadora de su hogar, aunque escribe artículos en Píkara Magazine y en el blog Pretendemos Gitanizar el Mundo.

Según Agüero, el colectivo gitano ve de forma muy clara “durante toda la vida” que el sistema los quiere “a parte del resto de la sociedad”. Por eso ella se crió “en un gueto de gitanos de Jaén, porque el Estado construye guetos, no es que nosotros queramos vivir todos juntos”, explica. Barrios que “son concebidos arquitectónicamente de manera policial, con una única entrada y una salida, rodeados de muros y otras barreras arquitectónicas que no sólo te apartan del resto de la ciudad, sino que sirven para el sistema te tenga perfectamente controlado. “Es muy difícil salir del gueto y, cuando consigues hacerlo, te encuentras un fuerte rechazo social en todas las esferas de tu vida”, apunta.

"Nuestras viviendas son siempre de mala calidad, también las viviendas públicas que se construyen en los guetos, se rompen fácilmente y, en las calles, no pasan los servicios de limpieza, así que todo el mundo piensa que los gitanos somos sucios, pero no es así”, relata.

Pero el racismo institucional también afecta a los niños gitanos, “no se les quiere en el colegio de los payos y también se crean escuelas en los guetos, con profesores que no quieren dar clase allí y que duran siempre un año. Les dan miedo los niños, no sé, piensan que les damos navajas nada más nacer”, lamenta.

"Tenemos muy poca memoria pero llevan existiendo leyes antigitanas desde 1499, ha habido pogromos antigitanos, persecuciones contra nuestra comunidad muy recientemente, turbas que han ido a quemar casas de gitanos”, señala. “Aunque la peor parte es que, cuando tuve a mi segunda hija, con 30 años, el médico me preguntara que si quería ligarme las trompas. Nos pasa a todas, quieren que las mujeres gitanas nos esterilicemos”, explica.