“Defendemos un modelo público de gestión cooperativa, somos una tercera vía entre la escuela concertada tradicional y la pública”, sostiene Carlos Sierra, presidente de Echeyde, una cooperativa de trabajo asociado que gestiona tres colegios en Tenerife, y de Uecoe, la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza, que agrupa a alrededor de 600 entidades de economía social que operan en el sector de la educación.

Las cooperativas de enseñanza son, de hecho, el grupo que más ha crecido dentro de la concertada con la expansión de la última década, durante la que se han configurado como un contrapeso al tradicional dominio de los centros religiosos, los cuales, aunque siguen llevándose dos tercios del mercado, ven cómo los centros laicos les comen terreno al absorber tres cuartas partes del crecimiento que ha registrado la concertada en la última década.

Los últimos datos de Uecoe recogen un volumen de 13.495 socios cooperativistas trabajadores y 13.200 contratados, entre docentes, administrativos y otro personal, que generan una facturación anual de 756 millones de euros mientras atienden a 277.000 alumnos (el 12,8% de los 2,16 millones) y a 175.000 familias. “Somos entre el 12% y el 15% del sector”, señala Sierra.

Y llegan a ser el grupo mayoritario entre los colegios concertados en comunidades como Murcia, cuyo gobierno autonómico es el que más ha incrementado porcentualmente su presupuesto de subvenciones a centros de enseñanza al pasar de 67 a 215 millones de euros entre 1990 y 2016. “El sector de la concertada está muy estabilizado en toda España desde hace años, pero sí es cierto que ha habido una apuesta por las cooperativas con independencia del color político de los gobiernos”, añade.

Escuelas laicas de gestión democrática

“Ofrecen un modelo de gestión distinto y proyectos educativos de interés, y eso les está haciendo crecer”, explica Jesús Gualix, responsable de Enseñanza Privada de UGT. “Se trata de escuelas laicas con un modelo educativo propio y una gestión democrática que rechazamos la segregación de cualquier tipo, no solo por sexo, entre los alumnos”, señala Sierra.

En el caso de Echayde, se trata del primer centro canario que integró en las aulas a los alumnos de educación especial. Hoy combina la integración de las aulas de especial en el centro con el desarrollo de un modelo bilingüe.

El modelo de la enseñanza cooperativista nace en Catalunya y Euskadi en los años 60, mediante colegios gestionados por cooperativas de consumo impulsadas por las familias. Las de trabajo asociado, dirigidas por los trabajadores, comienzan a proliferar por el país en los años 80, al transformarse en ellas lo que antes habían sido colegios privados y, por otro lado, al empezar a asociarse docentes en paro. Las ikastolas abrieron una tercera vía, mixta, que la normativa vasca recogió en su legislación.

El segundo de esos modelos fue el origen de Echeyde (“Teide” en guanche). “En el grupo inicial éramos desempleados, algún trabajador de centros privados y docentes que nos ganábamos la vida en otros sectores”, explica Sierra. En 1980 constituyeron la cooperativa y un año después comenzaron a construir el colegio que abriría al siguiente en Santa Cruz. Ahora gestionan otro en La Laguna, desde 1987, y un tercero en Arona (1993) con los que suman 250 trabajadores y rondan los 4.000 alumnos.

“Queremos autogestionar los módulos”

Sin embargo, el inicio no fue fácil. “El primer año cobrábamos el 40% del salario y el segundo, la mitad”, recuerda. Tenían problemas, entre otras cosas, con el pago delegado, el salario que la administración paga directamente a los docentes de la concertada. “El sueldo iba a la cooperativa, y quien lo recibía formalmente terminaba teniendo que pagar el IRPF por un dinero que en realidad no había cobrado”, anota.

La gestión de los fondos es, entre otros, uno de los motivos por los que las cooperativas de la enseñanza concertada llevan tres décadas reivindicando un estatuto jurídico diferenciado. “Son empresas de personas, no de capital, y los posibles repartos de beneficios no se hacen por la aportación inicial sino por lo trabajado”, indica Sierra, que destaca cómo, por otro lado, las entidades de economía social están obligadas a cumplir unas exigencias de provisiones, como mantener un fondo de reserva para etapas de crisis y otro de formación, de las que están exentas las empresas estándar y las fundaciones.

Junto a esos condicionantes se hallan otros como no poder actuar bajo el paraguas de las fundaciones, como ocurre a menudo con los colegios religiosos, carecer de los descuentos de los que estas gozan en el impuesto de Sucesiones y, paralelamente, no disponer de un canal para gestionar el cobro de cuotas camufladas bajo la apariencia de donativos.

En este sentido, añade, el sector de las cooperativas reclama que la normativa sobre los conciertos “contemple nuestra situación diferencial, queremos realmente autogestionar los módulos de los conciertos en nuestros centros”.