"No entenderíamos otra reacción a la ley catalana que respetarla, así como trabajar para su blindaje y extensión al resto de Comunidades Autónomas del Estado". Los sindicatos de inquilinos de todo el país piden al Gobierno una reunión urgente para "trabajar juntos" en una de las grandes tareas pendientes del acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos: la regulación de las subidas abusivas del precio del alquiler en España.

En un carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, las organizaciones apremian el Ejecutivo a sentarse con ellos para estudiar el blindaje y extensión al resto de regiones de la Ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda en Catalunya.

Se trata de una norma impulsada por el Sindicat de Llogateres de Catalunya que el Parlament aprobó el pasado 9 de septiembre con los apoyos de JxCat, ERC, los comunes y la CUP. Una medida pionera en España para regular y moderar los precios de los alquileres en viviendas de uso residencial que estén en un área urabana con el mercado "tensionado".

La medida cuenta con los apoyos del resto de sindicatos activos del país (Sindicat de Llogateres de Catalunya, Sindicato de Inquilnas e Inquilinos de Madrid, Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga, Donostiako Maizterren Sindikatua, Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera), que firman la misiva al Gobierno.

Pero van más allá, ya que, aseguran, la norma catalana coincide "plenamente con las propuestas recogidas en el acuerdo de coalición a las que su Gobierno se comprometió". Concretamente, precisan los sindicatos,  con el punto 2.9.3 del acuerdo, que hace referencia a las medidas normativas previstas para "poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado".

Sánchez e Iglesias acordaron en su acuerdo de investidura ampliar progresivamente el presupuesto para vivienda y cierta intervención pública para frenar las "subidas abusivas del alquiler", aunque delegando esta posibilidad en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, a los que preveía dar competencias para declarar "zonas de mercado tensionado" y regular estas subidas en base a unos índices de referencia de precios que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido por José Luis Ávalos, ya lanzó hace meses.

"Estas dos medidas tienen el objetivo de regular las subidas abusivas del precio del alquiler. Además, el acuerdo hace referencia a los avances de aquellas comunidades que ya han definido un índice, para agilizar su puesta en marcha", recuerdan a Sánchez e Iglesias, cuyo pacto ha quedado ralentizado por la urgencia de la pandemia.

Seis años de burbuja del alquiler

Los datos que esgrimen los inquilinos son contundentes y de dominio público. "En el último lustro los alquileres han aumentado 30 veces más que los sueldos en España", advierten. Desde el 2013, el precio medio del alquiler ha subido más de un 50%, obligando a muchas familias a dedicar más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler, con especial esfuerzo de jóvenes y familias más desfavorecidas. "La situación es insostenible", exponen las organizaciones, que recuerdan que "actualmente, siete de cada diez desahucios son por impago de alquiler", según los datos del Poder Judicial en 2019. "Este contexto de emergencia social se ha visto agravado por la pandemia y las consecuencias económicas derivadas de ella", apuntan.

"Al fin y al cabo, todas estas medidas no son sino el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.", afirman.

Por eso piden diálogo con el Gobierno, al que quieren "trasladarles nuestras propuestas y trabajar conjuntamente para desarrollar iniciativas que garanticen el derecho a la vivienda. Es imprescindible dar respuesta a las necesidades de miles de personas y familias que ven atropellados sus derechos", concluyen.