La detención de seis manifestantes de la huelga del metal de Cádiz ha puesto sobre aviso a organizaciones sociales y sindicales de Andalucía, que ven en eso y en la tanqueta de la Policía que se enfrentó en noviembre a las barricadas de las calles del barrio obrero de Río Grande en Puerto Real las señales de humo de un incremento de la represión policial contra sus protestas. Los disparos de postas de los antidisturbios contra manifestantes de Linares el pasado febrero y otros episodios se advierten en este escenario como peligrosos antecedentes.

El último tuvo lugar esta misma semana, en Sevilla, en otro barrio obrero, Amate, al sur de la capital andaluza, en uno de los distritos de España con menor renta per cápita. Varias decenas de vecinos se habían concentrado a última hora de la tarde del lunes delante del ambulatorio para protestar por la falta de pediatras: los tres que tenía el centro están de baja y no han sido sustituidos. La protesta, convocada por la plataforma Barrios Hartos y Marea Blanca por la defensa de la sanidad pública, transcurría en completa tranquilidad hasta que apareció una furgoneta del Cuerpo Nacional de Policía con más de una decena de agentes dentro.

Entonces, un manifestante eleva la voz, llama represores a los policías que habían formado una barrera delante del centro de salud y uno de los agentes lo tira al suelo y lo zarandea para reducirlo, según José Brieva, médico jubilado y portavoz de la Marea Blanca de Sevilla, que estaba presente en la concentración. "La gente entonces se quedó asustada, no entendía a qué se debía esa respuesta. Luego reaccionó y empezó a chillar a los policías por lo que habían hecho. Pero llegaron varias furgonetas más de Policía. Eran ya 40 ó 50. Había ya más policías que manifestantes. Al chaval lo detuvieron y se lo llevaron, y uno que estaba en la concentración se desmayó del susto por lo que estaba pasando y tuvieron que meterlo en el centro de salud", relata Brieva.

A juicio del portavoz de la Marea Blanca, no tiene ningún sentido la manera de actuar de la Policía con una concentración pacífica, poco concurrida, convocada para exigir una sanidad pública digna. Su compañero Sebastián Martín Recio, que se encontraba también en la protesta, médico como él y antiguo alcalde de Carmona durante doce años con IU, ha sido contundente con lo sucedido en Amate: "Exigimos a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla que nos digan cómo es posible que manden a un operativo con decenas de policías a una concentración de unos vecinos de un barrio que reivindican unos pediatras", declaraba.

"Si así es como se trata la indignación que tiene la ciudadanía ante el deterioro de la sanidad pública, mal vamos", continuó. "Y esto se lo queremos hacer llegar al propio Ministerio del Interior y a la presidencia del Gobierno, porque se trata de un precedente que no tiene nombre".

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ya mostró su preocupación durante las movilizaciones de los trabajadores del metal de Cádiz a lo largo de nueve días de huelga, por lo que consideró una "reacción represiva" del Gobierno español mediante una "dura y descontrolada actuación policial". De ello, culpó directamente al "autoritarismo" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, diputado a Cortes elegido, precisamente, por la circunscripción de Cádiz.

La alcaldesa de Puerto Real, Elena Maya León, del PSOE, también criticó la dureza de algunas intervenciones policiales contra aquellas protestas de noviembre que se desarrollaban en buena medida en su término municipal, y todas las formaciones de izquierda y sindicales pusieron el grito en el cielo cuando vieron que la Policía usaba una tanqueta para enfrentarse a los piquetes.

"Ha aumentado la represión"

El secretario general de CGT en Andalucía, Miguel Montenegro, considera que lo ocurrido durante la huelga del metal y ahora con las detenciones de manifestantes es "vergonzoso", algo que "no tiene nombre". "Desde que Marlaska ha llegado al Ministerio del Interior se nota que ha aumentado la represión, como es el caso de las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla. Se está aplicando una política totalmente represiva, que no es propia del siglo XXI en un estado democrático", afirma este dirigente sindical.

Según Montenegro, el aumento de la represión se ha notado en el ámbito de la defensa de los derechos laborales, mientras que el anunciado proyecto de reforma de la denominada ley Mordaza sólo se ha percibido de momento en titulares de prensa, igual que la de la reforma laboral. "Mucho ruido y pocas nueces", concluye.

Más País también ha presentado en el Congreso una pregunta por escrito  sobre las detenciones de este jueves en Cádiz, en la que cuestiona al Gobierno "si estas detenciones extemporáneas, presumiblemente innecesarias, ayudan a estabilizar la situación en una provincia golpeada por el desempleo y la precariedad".

El caso del Constitucional de una mujer agredida en Granada

En la otra punta de Andalucía, en Granada, todavía colea el caso de una polémica actuación policial durante una manifestación de coches apoyada por Vox en mayo de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de la covid-19. Una mujer que paseaba con un perro increpó a los manifestantes y acabó detenida por agentes de la Policía Nacional, zarandeada y con diversas lesiones. La denuncia de la víctima fue sobreseída en el juzgado de instrucción y en la Audiencia Provincial, pero el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que presentaron contra el archivo de la causa la Asociación Pro Derechos Humanos y Stop Represión, que entiende que los agentes cometieron un delito de torturas y malos tratos.

No es el único asunto polémico que ha sucedido en Granada, donde tiene su sede la organización Stop Represión. Una de sus integrantes, Ariana Sánchez, asegura que en esta ciudad andaluza hay un "gran hostigamiento" contra los movimientos sociales, que deben hacer frente a muchas sanciones, por un lado por aplicación de la ley estatal de Seguridad Ciudadana, la ley Mordaza, y por otro de la Ordenanza municipal para la Convivencia, conocida como Ordenanza Cívica, que les imponen los cuerpos de seguridad del Estado y del Ayuntamiento.

Uno de los casos más llamativos es el de tres jóvenes ecologistas, una de ellas menor de edad, que fueron sancionadas por pintar con tiza en el suelo de una vía de Granada unas proclamas sobre la lucha contra el cambio climático. Por esa razón fueron multadas en total con unos 2.700 euros, al aplicarse tanto la normativa estatal como la municipal, sanciones que han sido recurridas ante un juzgado de lo contencioso que aún no ha resuelto el asunto, según la representante de Stop Represión.

Esta organización denunció ya hace unos años la existencia de unas "listas negras", de las que formarían parte personas de movimientos sociales más activos a las que integrantes de las fuerzas de seguridad levantaban un acta de sanción sin necesidad de requerirles la documentación para identificarlas, simplemente mediante una identificación visual. Aunque, según Ariana Sánchez, llegaron a detectar que las multas de ochenta personas habían sido impuestas por tan sólo cinco agentes del Cuerpo Nacional de Policía, el caso fue sobreseído en los juzgados. "De todos modos, el caso puso de relieve que la Policía, en Granada y en otras ciudades de España, está mucho más atenta a la aplicación de la ley con el activismo. Y eso tiene –razona- una gran repercusión en la protesta social, porque si a la gente la fríes a multas, la agotas: desgastas mucho a estos colectivos para hacer protestas en el espacio público".

Un niño de tres años solo en la calle, "por gitano"

La Asociación Pro Derechos Humanos pone otro ejemplo significativo de represión policial en Andalucía el que se produjo el pasado marzo en Guillena, localidad de la provincia de Sevilla, a 25 kilómetros de la capital: un hombre que iba de paseo con su hijo de tres años en un carrito y que fue abordado por agentes de la Policía Local sin motivo aparente. Le pidieron que sacara lo que llevaba dentro de una mochila, la tiraron al suelo, el hombre protestó, los policías lo empujaron y lo metieron en el coche patrulla para llevarlo a la jefatura, mientras el niño, de tres años, se quedaba solo en la calle. Según la asociación, el hombre sufrió lesiones en el costado de los golpes que recibió, mientras que le decían que se iba a enterar, por ser "gitano".

Fue la propia Guardia Civil la que, según el portavoz del área de prisiones de la la Asociación Pro Derechos Humanos, aconsejó a la hermana del detenido que denunciara el abandono del niño, que fue rescatado por unos muchachos que se encontraban en el lugar y avisaron a la familia de lo que había pasado. El asunto, sin embargo, tras un cruce de denuncias entre agentes y detenido, aún sigue pendiente de resolución en el juzgado.

Todos los casos enunciados demuestran, a juicio de este portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos, que Andalucía es un "ejemplo crudo, extremadamente preocupante" de lo que constituye una tendencia estatal en cuanto a represión. "El envío de la tanqueta en la huelga del metal de Cádiz es un síntoma evidente", subraya. Es necesario por ello, a su entender, repensar a fondo el modelo de fuerzas de seguridad, garantizar la asistencia letrada a detenidos, que no haya un móvil racial detrás de un cacheo, de una detención, facilitar la identificación de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado y desarrollar un mecanismo interno independiente de depuración de responsabilidades cuando se produce un trato degradante, entre otras medidas.

Ariana Sánchez, de Stop Represión, también piensa que las detenciones que se llevaron a cabo en Cádiz este jueves son sintomáticas de algo que puede estar pasando. "Estamos en un momento de respuesta colectiva para defender los derechos y si a la gente que protesta, como en Cádiz, le pasa eso, habrá que pensar que si la protesta va en aumento, la represión podrá ir en aumento", reflexiona esta activista.

El episodio quizá más virulento de una intervención policial tuvo lugar en febrero, en Linares, hace años próspera ciudad de la provincia de Jaén con la mayor industria automovilística de Andalucía que era Santana Motor, y sumergida ahora en una larga crisis tras el cierre de esa fábrica que dejó a cientos de personas en la calle. La brutal agresión de dos policías nacionales a un hombre y a su hija de 14 años en la terraza de un bar, difundida en un vídeo a través de las redes sociales, fue la chispa de unos graves incidentes que terminaron con 14 detenidos y varios heridos.

En esos incidentes, dos personas resultaron heridas por disparos de postas de los agentes enfrentados a los vecinos que, primero, se habían concentrado delante de los juzgados donde presumían que se encontraban los policías detenidos y que luego extendieron la protesta a toda la ciudad. Fue una batalla campal. José estaba allí y asegura que no había visto nada igual desde las protestas de los trabajadores por el cierre de Santana. "La respuesta policial se fue de madre, se vieron desbordados y se les fue la mano", dice.

Según este vecino, la gente de Linares estaba caldeada por la pésima situación económica, la crisis, por la mala fama de algunos policías, y a todo eso se sumaron las imágenes de la brutal agresión a un hombre y su hija. Así que, de pronto, se juntó muchísima gente para protestar por lo que le había sucedido. "La gente ya estaba cansada de algunas cosas y fue como una guerra urbana", explica José, quien asegura que vio a un policía de paisano golpear con una porra extensible en las piernas a un hombre mayor y cómo eso provocó aún mayor ira entre los manifestantes.