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Violencia de género Las trabajadoras del 016 denuncian las condiciones de inseguridad en el trabajo 

Las 22 trabajadoras que atienden este servicio especializado para las víctimas de violencia de genero, afirman que las instalaciones de la empresa Atenzia en un polígono industrial de Villaverde, las expone a agresiones sexuales y supone un incumplimiento del contrato.

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Los problemas con el servicio 016 de atención a las víctimas de violencia machista no parecen decrecer. Las trabajadoras denuncian el incumplimientos del pliego de prescripciones técnicas que el antiguo ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hizo público para asignar el servicio.

No sólo denuncian el incumplimiento de la clausula de contratación, por el que la nueva adjudicataria se negó a subrogar los contratos de las técnicas que lo gestionan, sino también las condiciones de las instalaciones en las que prestan el servicio: un polígono industrial en Villaverde, "una zona aislada, peligrosa" donde, afirman, están expuestas "a un alto riesgo de sufrir violencia física y sexual". "Estamos solas, silenciadas y en peligro", advierten en una cuenta de Twitter abierta para comunicar la situación que vive este servicio y sus 23 trabajadoras desde que se anunció el traspaso de la empresa a una nueva concesionaria, Atenzia. 

Los problemas con este servicio clave para las mujeres que sufren violencia de género comenzaron el pasado mes de abril, cuando Atenzia, una empresa de teleasistencia, se hizo con el concurso para gestionar el 016, al ser la única empresa en presentarse al pliego de condiciones. Fuentes cercanas al servicio afirman que la compañía que hasta entonces lo gestionaba, Arvato, decidió no presentarse al entender que con las condiciones económicas ofertadas, no podía seguir cumpliendo este servicio con la calidad necesaria. 

Sin embargo, el 1 de junio pasado, cuando Atenzia debía asumir su gestión, la compañía no lo hizo, aduciendo que no había recibido la información necesaria y que no estaba preparada para hacerlo. También anunció en un reunión con las trabajadoras del 016, que no subrogaría sus contratos, tal como exige el pliego de condiciones de la concesión, sino que las contrataría sin mantenerles la antigüedad y que debían ser despedidas de su empresa actual antes de contratarlas. 

Atenzia asumió el control del servicio finalmente el pasado día 13 de junio, sin las trabajadoras formadas. Lo hizo desde una sede fuera de Madrid, sin explicar qué plantilla utilizaba, ni qué formación tenían. Desde el pasado día 14 de junio, 22 de las 23 trabajadoras que venían dando este servicio desde hace años, algunas desde su puesta en marcha en 2007, se hicieron cargo del mismo.

Ahora vuelven a la carga, denunciando las condiciones en que se ven obligadas a trabajar, lo que afecta, aseguran, en la calidad del servicio que prestan a las mujeres que lo utilizan. Denuncian que las instalaciones en las que prestan el servicio no son seguras y que, de hecho, su ubicación supone un riesgo para ellas.

Resaltan, además, que este cambio de localización (al principio la empresa había asegurado que ofrecería este servicio desde unas instalaciones que tienen en Avenida de América), es un claro incumplimiento del pliego de condiciones de la licitación.

El documento de petición de ofertas hecho público por la administración, y por el que se le concedió la gestión a Atenzia, afirma que: "La empresa adjudicataria no podrá variar la ubicación de la sede desde la que se presta el servicio sin el consentimiento expreso del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La prestación del servicio desde un lugar diferente sin consentimiento previo del citado ministerio podrá dar lugar a la rescisión del contrato"

Para Luz Martínez Ten, responsable de la secretaría de Mujer y Políticas Sociales de UGT, "con la violencia de género no se juega y no se hacen negocios", "El 016 es un servicio público de emergencia de primera necesidad que no debería ser privatizado, sino de gestión pública, y las trabajadoras contratadas por la administración". El problema, para esta sindicalista es que "se oferta al mercado a la baja la gestión de un servicio que es muy sensible y que debería gestionarse públicamente desde el inicio al fin, porque su privatización repercute en las trabajadoras, pero sobre todo en la atención que dan a la ciudadanía", añade.

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