La propuesta está encima de la mesa y cada vez hay más opciones de hacerse efectiva. La crisis energética actual ha empujado a la Comisión Europea a mover ficha y su solución es una puerta abierta al greenwashing: incluir el gas y la nuclear dentro de la taxonomía verde. Es decir, convertirlos en combustibles válidos para la transición ecológica. Este miércoles la presidenta Ursula Von der Leyen tenía previsto anunciar su decisión al respecto, pero se ha pospuesto y la polémica sigue abierta.

La taxonomía verde de la UE es un sistema de clasificación sobre qué actividades y tecnologías pueden catalogarse como sostenibles y sobre el que se movilizan las inversiones y subvenciones ligadas a la transición ecológica del viejo continente. Este mecanismo afecta a diversos sectores que necesitan descarbonizarse en las próximas décadas como el transporte, los edificios, la industria o el sector energético. Para este último, no sólo se aplican categorías por tipos de combustibles, sino que se fija un límite de emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la producción de electricidad (100 g de CO2 por KW/h). Este punto es importante porque excluiría de facto la entrada del gas dentro de categoría "verde".

Sin embargo, las cosas podrían cambiar en los próximos días. La industria energética y algunos países están presionando y todo apunta a que, antes de que acabe el año, la Comisión Europea realizará los cambios oportunos para que el gas (y la nuclear) esté a la misma altura que la eólica o la fotovoltaica en términos de sostenibilidad. "La combinación energética del futuro necesita más energías renovables y limpias. Junto a esto, también necesitamos una fuente estable, la energía nuclear, y durante la transición, también el gas natural", declaraba Von der Leyen el pasado mes de octubre en una rueda de prensa. En ese momento, científicos y ecologistas ya alertaron de las consecuencias negativas que podría traer esta propuesta para el desarrollo de la transición energética de la UE. Lavar de verde el gas, uno de los tres principales combustibles fósiles del planeta, podría desequilibrar el ritmo de las inversiones que hasta ahora se estaban movilizando hacia el despliegue de las renovables en Europa y retrasar la llegada de un escenario libre de emisiones para mediados de siglo.

"Los sectores con intereses en gas fósil y energía nuclear están intentando por todos los medios sacar partido de la transición energética y que se les incluya de alguna manera en la taxonomía de la Unión Europea. Pero el tiempo y el dinero son escasos y debemos descarbonizar lo más rápido posible y al menor coste. Por tanto, parece lógico centrar los esfuerzos en aquellas tecnologías que sean han demostrado ser mucho más baratas y rápidas en su implementación. Esas tecnologías son las renovables, principalmente solar y eólica", explica a Público Eloy Sanz, profesor de Tecnologías Energéticas y Energías Renovables de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), doctor en Ingeniería Química y revisor experto del IPCC.

La apuesta en firme por el gas podría aumentar la volatilidad del mercado energético actual y la dependencia del exterior, pues no es un combustible abundante en Europa, en tanto que los Estados dependen en buena medida de los suministros que vienen del Argelia o de Rusia. Según un informe publicado en noviembre por la consultora Aurora Energy Research –por encargo de la Fundación Europea para el Clima– apostar por el gas e incrementar la generación con este combustible podría suponer una subida notable en la factura de la luz de hasta el 44% para finales de esta década, debido al alza del precio del CO2, vinculado a las energías fósiles, que estaría de medía un 80% por encima de las elevadas marcas actuales.

Apostar todo al gas significaría, además, ir en contra de las indicaciones de organismos como la Agencia Internacional de Energía –que reclama el fin de la venta de calderas de gas para 2025 en Europa y reducir a cero el uso de combustibles fósiles para 2035 en todos los países de la OCDE–, pero también de la propia Unión Europea y sus objetivos de transición, que hablan de una reducción del 30% de la quema de combustibles fósiles para 2030.  El gas es el tercer combustible fósil –junto a petróleo y carbón– y es el que menos CO2 emite a la atmósfera. Sin embargo, está formado por un 80% de metano, que es responsable del 25% cambio climático y tiene un potencial de calentamiento entre 30 y 80 veces mayor que el CO2.

La nuclear es la otra pata del problema. El sector está tratando de relanzar esta tecnología, sin embargo, los tiempos de construcción y la rentabilidad económica de los mismos echan por tierra las bondades de los reactores. Según el IPCC, desde que una central se planifica hasta que se conecta a la red pasan una media de entre diez y veinte años, un tiempo del que no se dispone si se tiene en cuenta que los científicos de la ONU están urgiendo a los Gobiernos a actuar cuanto antes para reducir a cero la quema de combustibles fósiles y llegar a mediados de siglo con emisiones neutras. Además la carestía de las obras ponen en duda el provecho económico de las renovables.

El ejemplo más flagrante es el de Hinkley Point, en Reino Unido, la central nuclear se ha convertido en la obra de ingeniería más cara de la historia (24.000 millones de euros en 2017, según El Periódico de la Energía). Para amortizar los sobrecostes el Gobierno anunció pagar un precio fijo de electricidad de 109 euros/MWh, una cantidad que sobrepasa los 30 euros /MWh de la última subasta de renovables de España. El último ejemplo es el de la central de Olkiluoto, en Finlandia, inaugurada este mismo mes con 13 años de retraso y un sobrecoste que elevó el precio de 3.000 millones a 9.000 millones de euros, tal y como informa Europa Press.

Qué países presionan y por qué

Von der Leyen ha decidido tomar cartas en el asunto y bajarse al barro para alcanzar una decisión, tal y como reconocían fuentes de la Comisión Europea al portal Euroactiv. Sin embargo, la presidenta no actuará de manera unilateral, sino que está escuchando las posturas de los diferentes Estados. En ese sentido, dos de los países con mayor peso tienen posturas favorables a este polémico cambio en la taxonomía de las energías sostenibles: Alemania y Francia.

La postura del país germano se ha vuelto algo ambigua en las últimas semanas, debido al cambio de Gobierno, en el que se encuentran representantes de Los Verdes, quienes abogan por una exclusión total de la energía nuclear dentro la taxonomía verde y permitir la entrada del gas, siempre que se use para la generación de hidrógeno. Los socialdemócratas (SPD) sí están a favor de que el gas quede catalogado como combustible limpio para la transición energética. 

Francia, por su parte, es el país que más ha reclamado que el gas sea catalogado como sostenible. Además, el Gobierno de Emmanuel Macron está dando voz al lobby nuclear, siendo el líder de una coalición de diez países que buscan que la nuclear sea un apoyo más para la transición energética europea. Los Estados son Francia, Bulgaria, Croacia, República Checa, Finlandia, Hungría, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. El país galo es una de las grandes potencias nucleares del viejo continente y el segundo país del mundo con más reactores (56).

En un punto intermedio está Italia. Roberto Cingolani, ministro de Transición Ecológica, ha publicado recientemente los planes del país para apostar por un incremento de la generación de la renovable en detrimento del gas, petróleo y carbón. Sin embargo, su postura en Europa es demasiado ambigua, según fuentes europeas. En el lado opuesto estarían Luxemburgo, Austria, Irlanda, Dinamarca, Países Bajos y España, que rechazan de pleno equiparar nuclear y gas a las fuentes de energía limpias. "Una cosa es que se pueda seguir invirtiendo en gas natural o energía nuclear y otra cosa es que se merezcan estar incluidos en la taxonomía verde", lamentaba recientemente Teresa Ribera, vicepresidenta para la Transición Ecológica.

Von der Leyen ha pospuesto la decisión, prevista para este miércoles 22 de diciembre, pero todo apunta a que antes de que termine el año se anunciará el cambio. De hecho, en el mes de noviembre se filtró un documento que daba a entender que las dos polémicas fuentes de energía entrarían dentro del catálogo de inversiones limpias. Los Estados, no en vano, tendrán un periodo de seis meses para poder mostrar su rechazo y desestimar la medida.