“Mis abogados y abogadas me decían que tenía a mi favor muchas leyes. Pero la verdad es que yo solo sé que me he sentido indefensa y vapuleada por todas las instancias judiciales”. “He comprobado en mi piel, que a pesar de la existencia de toda esa legislación y de tantos recursos como existen para apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género en nuestro país, algo falla, porque el resultado al final del periplo que viene detrás de poner una denuncia por violencia de género, con demasiada frecuencia suele ser contrario a los derechos de nosotras las mujeres”.

Es el testimonio de Juana Rivas, la madre de Maracena que durante este verano peleó para proteger a sus hijos de tres y once años e impedir que fueran entregados a su expareja, condenado por maltrato y contra el que había vuelto a interponer una denuncia en julio de 2016.

Sus palabras se oyeron este viernes ante el Tribunal de Mujeres contra la violencia machista organizado por la Plataforma 7N en el Congreso de los Diputados y que juzgaba al Estado por su responsabilidad en perpetuar estas violencias. Si bien Rivas estaba en la sala, su testimonio fue leído por una portavoz para "salvaguardar sus derechos" ante posibles futuros juicios.

No fue el único caso. Los asistentes (mayoritariamente mujeres, aunque se trataba de un evento abierto), pudieron escuchar también el testimonio de Ángela González Carreño, cuya hija fue asesinada por su padre a pesar de las 51 denuncias que había presentado. Su petición era que el Estado protegiera a su hija y no permitieran las visitas no supervisadas de la niña con su exmarido, condenado de maltrato. No lo logró. En una de ellas, el padre asesinó a Andrea de sólo siete años.

En su alegato ante el tribunal, la abogada Consuelo Abril afirmó que el Estado de Derecho tiene muchas leyes, pero que sistemáticamente incumple muchas de ellas. Según Abril, en el caso de Juana Rivas, se incumplió la ley de Violencia de Género, que prohíbe dar custodias a padres sentenciados por violencia de género. Se incumplió, también, el Convenio de la Haya, cuyo artículo 13 pide expresamente evaluar si su aplicación es beneficioso o no para los niños. También se vulneró la Convención de Naciones Unidas sobre eliminación de todas formas de violencia contra las mujeres (CEDAW) que ya había condenado a España en 2015 por su actuación en el caso de Ángela González, y que afirma que hay que tratar las leyes con perspectiva de género y evaluar especialmente aquellos en los que exista violencia. Por último también se ha ignorado la ley de protección al menor.

“Estas leyes que se han incumplido no tienen un rango menor que las que se han aplicado en el caso de Juana Rivas. Tienen el mismo rango porque son leyes y tratados internacionales de obligado cumplimiento”, afirma Abril.

“¿En qué queda nuestra ley de violencia de género? Esa de la que alardeamos en todos los países que es extraordinaria? Si no la cumplen y la aplican jueces y operadores judiciales que tengan perspectiva de género, no va a servir para nada”, concluye Abril.

“El problema clave no es de falta de normativa que defienda a Juana y a sus hijos. Es que no se aplica”, afirma Francisca Granados, responsable del servicio de la mujer del Ayuntamiento de Maracena. “Hay una desobediencia por parte de determinadas instancias a estas normas, considerándolas de segundo nivel y que no pasa nada si no se aplican”.

Los medios de comunicación fueron otro de los focos de atención por el tribunal. El tratamiento que se dio en ellos al caso de Rivas valió una censura de este tribunal simbólico a mucha de la información que se vertió sobre el caso.

El acto estuvo presidido por la abogada Cristina Almeida, que defendió estos tribunales "por su valor simbólico, educativo y necesarios para constatar los errores que tienen las propias leyes”.

Los tribunales de mujeres son espacios públicos donde, a partir de casos concretos, se visibiliza y denuncia los distintos tipos de violencia que sufren las mujeres y se analizan las vulneraciones de derechos que se han ejercido. Sirven para visibilizar, tanto la impunidad y la falta de justicia, como para realizar una denuncia al Estado por incumplimiento de sus obligaciones como garante de los derechos.