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Un conseller de Camps defiende el nepotismo

Serafín Castellano cree 'ético' adjudicar obras públicas a la constructora de un matrimonio de amigos. Admite que lleva 10 años incurriendo en esta práctica

BELÉN TOLEDO

El conseller valenciano de Governació, Serafín Castellano, reconoció el martes que lleva diez años adjudicando obras y reformas en edificios públicos a la constructora de un matrimonio de amigos íntimos, María Ángeles González y José Miguel Pérez Taroncher. Además de una relación personal, Castellano y su mujer comparten con esta pareja la propiedad de una finca de naranjos en la localidad de Liria.

La empresa se llama Construcciones Taroncher y ha recibido un goteo de adjudicaciones de obras por parte de las diferentes consellerias que ha dirigido Castellano desde finales de la década de los 90: Justícia y Administracions Públiques, Sanitat y Governació.

Castellano aseguró que las adjudicaciones 'son legales, claras y transparentes'. Y, según una curiosa definición de la ética acuñada por él mismo, aclaró que los contratos obtenidos por sus amigos no faltan a la ética política: 'Lo ético es cumplir la legalidad'.

Según los datos aportados por el conseller, en los últimos dos años Construcciones Taroncher ha cobrado facturas procedentes de la Conselleria de Governació por valor de 171.034 euros. Desde 1999, los trabajos que la empresa ha hecho para los departamentos dirigidos por Castellano le han reportado 391.450 euros.

Sin embargo, esta última cifra no incluye las adjudicaciones menores de las que también se benefició Taroncher.

Este tipo de contratos son los más opacos, ya que por su reducido importe no es necesario convocar un concurso en el que compitan varias empresas ni publicar la contratación en los documentos oficiales. El conseller aseguró que facilitaría esa cifra en cuanto tuviera tiempo de hacer el cálculo, cosa que no sucedió en todo el día de ayer.

Para completar la polémica, ayer se conoció que la propietaria de la constructora y amiga de Castellano, María Ángeles González, forma parte del personal contratado por el Grupo Parlamentario Popular en Las Cortes Valencianas desde el año 1995. El PP prefirió no dar explicaciones sobre la formación y méritos de González para el puesto que ocupa con el argumento de que no se trata de un cargo público.

Por su parte, el conseller atribuyó las informaciones aparecidas a 'cortinas de humo' del PSOE para tapar el paro y la recesión. Castellano negó haber favorecido a la firma de sus amigos, dijo tener 'la conciencia muy tranquila' y amenazó con ejercitar 'acciones legales' contra quien 'ponga en duda mi honradez'. 'A mí no me va a amedrentar nadie', afirmó.

Castellano destacó que lo facturado por Taroncher supone un 0,23% del importe total adjudicado por la Conselleria de Governació. Insistió en que la constructora es una más de las 81 empresas que trabajan para su departamento.

Desde la oposición, el PSOE pidió a Castellano que dé explicaciones en Las Cortes Valencianas. 'El problema del PP es que ha eliminado de plano el concepto de responsabilidades políticas', explicó el diputado socialista Joaquim Puig. 'No sería reprobable que el conseller contratara a una empresa con cuyos dueños mantiene una relación personal si es en un momento concreto y por una razón justificada. Pero no parece moral que vaya jalonando de adjudicaciones a la misma empresa según la conselleria que esté dirigiendo', explicó Puig.

Por su parte, el grupo parlamentario Compromís destacó que el escándalo es una consecuencia de la opacidad del Gobierno valenciano. Su portavoz, Mónica Oltra, criticó que 'desde hace años' el Ejecutivo de Francisco Camps se resiste a dar información sobre los contratos menores. Oltra anunció que enviará sus solicitudes de información no atendidas al juez Baltasar Garzón.

Según la portavoz, la secuencia es siempre la misma. Primero, la oposición presenta una pregunta parlamentaria en la que se interesa por las empresas que se benefician de estas adjudicaciones. Y, al cabo de unas semanas, la Mesa de Las Cortes rechaza la pregunta con argumentos como que los adjudicatarios no tienen 'relevancia' en el País Valenciano. La diputada afirma que existen 776 millones de euros anuales adjudicados a través de contratos menores, de los que la Generalitat se niega a dar explicaciones.

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