Los sin papeles marroquíes son el principal filón que está permitiendo a la Policía reducir (o evitar que aumente a un ritmo mayor) la bolsa de irregulares que vive en España. En 2007 fueron el grupo con más detenciones por intentar entrar o permanecer de manera irregular en el país: 11.489 personas, del total de63.771. Ese mismo año, el Gobierno logró repatriar a un total de 55.938 sin papeles.

Los datos sobre detenciones forman parte del informe que el director general de la Policía y la Guardia Civil, FranciscoJavier Velázquez, presentó el pasado miércoles en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, tras la pregunta del parlamentario del Partido Popular, Ignacio Cosido. El desglose por nacionalidades es un dato que el Ministerio del Interior ha sido especialmente reacio a hacer público hasta ahora.

La marroquí no es sólo la segunda colonia de extranjeros regulares más numerosa en España (hay 717.416 con certificado de residencia o tarjeta de residencia, sólo superados por los 718.844 rumanos). También es la que se expulsa con mayor facilidad, según un acta interna de la comisaría del distrito de Vallecas (Madrid) que se hizo pública en febrero de este año. Esta nacionalidad encabeza, con 13.280 ciudadanos, la lista de expulsados y devueltos a su lugar de origen en 2007.

Por este motivo, al menos en la comisaría de Vallecas se instó a los agentes a priorizar la detención de marroquíes frente a otros extranjeros. Los agentes debían de completar cupos mínimos de 35 sin papeles detenidos por semana. Ello provocó una avalancha de críticas de la oposición, las ONG y asociaciones de inmigrantes. El Gobierno todavía no ha depurado responsabilidades por dicha orden interna.

Los irregulares marroquíes detenidos suponen un 18% del total que la Policía apresó en 2007. Tras ellos, las nacionalidades con más detenidos fueron la boliviana (el 17%, con 10.591), brasileña (9%, con 5.788), senegalesa (6%, con 3.772), argelina (6%, con 3.635) y gambiana (4%, con 2.307).

De estos, sólo Bolivia y Brasil aparecen en la lista de 20 países con más ciudadanos en España. Bolivia figura en el 14º puesto (7º entre los estados extracomunitarios) y la comunidad brasileña en el 20º puesto (12º extracomunitario, con 47.229 ciudadanos).

En marzo de 2008, España hizo más estrictos los controles para quienes llegaban desde Brasil y llegó a devolver a estudiantes o conferenciantes porque presuntamente no cumplían con los requisitos de un turista. Esto desencadenó una crisis diplomática entre España y el país latinoamericano que resolvieron meses más tarde el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y su homólogo brasileño.

De las 55.938 repatriaciones que hubo en 2007, un total de 25.704 se realizaron en concepto de devoluciones y expulsiones. Las primeras fueron más frecuentes entre los países africanos, debido al tráfico de pateras y cayucos. Así, se devolvieron 10.809 inmigrantes a Marruecos; 2.722 a Senegal; 822 a Argelia; 504 a Mali; 232 a Ghana y 135 a Guinea Bissau. Tras Marruecos, en la lista de expulsiones por estancia ilegal tienen más protagonismo los países latinoamericanos: Brasil (1.332), Bolivia (978), Argelia (737), Rusia Federal (346), Colombia (294) y Ecuador (291).

Además de las devoluciones y las expulsiones, existen otras dos formas de repatriación: los retornos (rechazados en puestos fronterizos como puertos o aeropuertos) y las readmisiones (expulsados en virtud a acuerdos de readmisión con terceros países).

Tras practicar las detenciones, el Ministerio del Interior asegura que tiene 'grandes problemas para repatriar inmigrantes en situación irregular a algunos países'. En especial, a estados asiáticos. Frente a las 13.820 expulsiones y devoluciones a Marruecos, a China sólo se expulsó a 63 personas y tres a Filipinas.

El Ministerio del Interior esgrime este argumento para justificar su intención de aumentar de 40 a 60 días los plazos máximos de retención de sin papeles en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). Ampliando los internamientos, aseguran que los representantes de los países tendrán más tiempo para trasladarse a España e identificar a sus supuestos nacionales.

Las ONG rechazan la futura ampliación a dos meses y que se traslade a los inmigrantes los problemas diplomáticos que España pueda tener con determinados países. Además, llevan años criticando las condiciones y el hacinamiento en las que a menudo se interna a los sin papeles.

Para aliviar los CIE de las Islas Canarias donde se encierra a la mayoría de los subsaharianos que llegan en cayuco, Interior traslada a los internos a los centros peninsulares. En su comparecencia, el director general de la Policía y la Guardia Civil detalló que, en 2008, llevaron a la península a 6.768 sin papeles.

De este total, 4.306 fueron al CIE de Aluche (Madrid); 1.413 a Los Capuchinos (Málaga); 490 a Zapadores (Valencia) y 489 a Zona Franca (Barcelona).

¿Cuántos sin papeles viven en el país?
Se desconoce, porque no existe un registro de personas que viven en España en la clandestinidad. El PP afirma que hay más de un millón de sin papeles, mientras que el Ejecutivo no hace balances públicos sobre ello. En la pasada legislatura, el primer Gobierno de Zapatero realizó una regularización masiva de casi 700.000 inmigrantes, y aseguró que sería la última.

¿Qué derechos no tienen los irregulares?
España no reconoce el derecho de los irregulares a trabajar, y persigue su contratación con multas que suelen oscilar entre los 5.000 y los 6.000 euros. Además, tienen problemas para presentar denuncias en las comisarías, no pueden acceder a la educación oficial después de los 18 años ni tienen derecho a votar.

¿Cómo se expulsa a un extranjero?
Tras detectar a un extranjero en situación irregular, la Policía le incoa un expediente de expulsión. Si carece de abogado, se le asigna uno de oficio. A continuación, los agentes deciden si lo llevan ante un juez, que optará entre dejarlo en libertad, sancionarle con una multa económica (pocas veces) o el ingreso en un CIE (la mayoría de los casos). Entonces, el Gobierno tendrá 40 días para identificar la nacionalidad del detenido y cerrar el acuerdo de repatriación con su país.

¿Cómo afecta la nueva Ley de Extranjería?
La laguna que más preocupa a las ONG es la ampliación de 40 a 60 días de los plazos de internamiento en los CIE, así como tres supuestos que aparecen en el borrador de la ley que permitirían ampliar la retención hasta los 18 meses.