A diferencia de lo que se intenta transmitir desde los grandes centros de poder, Honduras no ha vuelto a la 'normalidad' tras las elecciones de noviembre pasado que dieron al victoria a Porfirio Lobo. Son muchos los ciudadanos que aún se niegan a admitir la política de hechos consumados que se activó con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009. Algunos están expresando ese descontento de manera activa. El Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras, que se creó a raíz del golpe, ha enviado una dramática carta al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en la que reclama la intervención urgente de la institución ante la creciente violación de los derechos humanos en el país.

El asesinato de cinco periodistas en marzo demuestra, en efecto, el pésimo estado de salud de la democracia de Honduras, donde sindicalistas, maestros, abogados y campesinos incómodos para el poder están siendo perseguidos, intimidados y asesinados en la más absoluta impunidad. Existen incluso denuncias de que los terratenientes hondureños están contratando a paramilitares colombianos para deshacerse de indeseables.

EEUU y la Unión Europea han cometido un error al reconocer la legitimidad del Gobierno de Lobo. En rigor democrático, lo que debieron hacer fue exigir la restitución del depuesto Zelaya, pero la proximidad de este con el venezolano Chávez lo había convertido ante algunos gobiernos en un líder bajo sospecha. Otra exigencia democrática pendiente es la de juzgar, como corresponde, a los golpistas. Incluyendo al general Romeo Vásquez, que hoy, dentro de la 'normalización' del país, se encuentra al frente de la compañía telefónica hondureña, Hondutel.