'El resultado de la prueba practicada en el acto del juicio ha demostrado, sin duda alguna, que no ha sido la empresa armadora' del atunero vasco Alakrana, 'sino organismos públicos vinculados al Gobierno español, quienes han satisfecho la cantidad que se ha abonado por la liberación de los tripulantes', que permanecieron 47 días secuestrados en aguas del Índico.

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional se pronuncia con esta rotundidad sobre este episodio del secuestro que protagonizaron 36 marineros españoles en la sentencia en la que condena a 439 años de cárcel a los dos piratas somalíes apresados por la fragata Canarias cuando abandonaban en un esquife el atunero secuestrado. Obviamente, no estarán tantos, pero su estancia en prisión no será corta. El límite máximo de cumplimiento está fijado, para los delitos por los que han sido condenados, en 20 años.

La sentencia se basa en el testimonio del armador para culpar al Ejecutivo

El tribunal ha condenado a Cabdiweli Cabdullahi, alias Abdu Willy, y a Raageggesy Hassan Ají a dos años de cárcel por asociación ilícita, 11 por cada uno de los 36 delitos de detención ilegal, uno más por otros 36 contra la integridad moral y cinco años más por robo con violencia.

En cambio, les absuelve de los delitos de los que también les acusaban los abogados de los marineros que ejercieron la acusación particular: terrorismo, pertenencia a banda armada, lesiones y torturas. Con ellos pretendían que se les concediera la condición de víctimas del terrorismo.

La resolución hecha pública ayer también impone a los dos acusados el pago de 2.500 euros a los marineros, por los bienes que les robaron, y 100.000 más por los daños morales que padecieron durante el largo cautiverio que padecieron.

El fallo obliga a los piratas a indemnizar a cada marinero con 102.500 euros

'No cabe duda afirma la sentencia de que todos los miembros de la tripulación, españoles y extranjeros, han sufrido durante 47 días el secuestro, han sido privados de sus pertenencias, de su dignidad personal y han estado sujetos a una enorme y dilatada presión psicológica que ha dado lugar al padecimiento de estados de estrés más o menos acentuados'.

Pero la principal novedad que aporta la sentencia es la contundencia con la que el tribunal se pronuncia sobre el pago del rescate. Lo hace para rechazar una de las cuestiones planteadas por la defensa de los condenados, que pedía la desclasificación de los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) referidos al pago.

El tribunal destaca el trato humillante sufrido por la tripulación

El tribunal sostiene que, como con la declaración que prestó el armador, se llega a la conclusión de que el pago lo realizaron 'organismos públicos vinculados al Gobierno español', la desclasificación de documentos es innecesaria, sin que pueda 'acarrear perjuicio alguno para la calificación del tipo penal'.

En cuanto a la declaración del armador, la Sala presidida por Ángela Murillo sostiene que 'ilustró sobre la existencia real del tal Pepe, encargado de llevar las negociaciones de la liberación de la tripulación por parte española, frente al denominado negociador del grupo secuestrador, un tal Yama'.

El representante legal de la armadora, Kepa Echevarría,explicó que, cuando se enteró del secuestro, estaba de vacaciones en Tanzania y para realizar las negociaciones se trasladó a Kenia, donde Yama le exigió la liberación de los piratas detenidos ahora secuestrados y el pago de 10 millones de dólares.

Él alegó que era una cifra desmesurada que 'le podría acarrear problemas con la Justicia'. Dos o tres días después llegó a Nairobi un tal Pepe, de unos 45 años, 'de aspecto español, buen conversador, que aparentaba tener soltura en estas cuestiones' y quien asumió la negociación. Pepe insistió en la imposibilidad de devolver a los dos detenidos por estar sometidos a la justicia española y redujo la cifra inicial 'a algo menos de la mitad'.

Mientras se negociaba el pago del rescate, los marineros seguían siendo víctimas del 'trato humillante y vejatorio' al que se les sometía desde el 2 de octubre de 2009. A los golpes, insultos y amenazas que recibían se sumó un simulacro de ametrallamiento, cuando los piratas supieron que sus compañeros habían sido apresados.

Según Echevarría, eso hizo que 'se intensificaran las gestiones en pro de la liberación de los tripulantes, tanto por parte del Gobierno de España, como de la Embajada de Somalia en Nairobi', hasta que se produjo la liberación.

La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Carmen Paloma González, no da ninguna credibilidad a la declaración de los piratas, que aseguraron que ellos mismos habían sido secuestrados por los piratas, mientras pescaban pacíficamente. En su barca, no se encontró ningún útil de pesca y sí 2.400 dólares y objetos que habían sido sustraídos a los marineros.