Las víctimas de delitos, un importante sector de la judicatura y los principales partidos políticos de oposición han unido sus voces contra la política de indultos del Gobierno de Mariano Rajoy --el último ejemplo, el perdón a un conductor 'kamikaze' condenado a 13 años de cárcel--, y exigen cambios en la Ley o en su aplicación para evitar estas 'arbitrariedades y escándalos'. 

El Gobierno del PP ha firmado 468 indultos desde que Rajoy es presidente, pero han sido los referidos a políticos corruptos, policías torturadores y un conductor 'kamikaze' que ocasionó la muerte a una persona y heridas graves a otra, los que han colmado el vaso de la indignación popular. En varios de esos casos, el Ejecutivo ha desoído los informes de la Fiscalía y del tribunal sentenciador, que se oponían al perdón.

Partidos y asociaciones reclaman un cambio de la regulación para establecer mayores controles en estas medidas de gracia --incluso judiciales--, la exclusión de determinados delitos de la posibilidad de indulto y, en cualquier caso, la obligación de ofrecer alguna motivación de los decretos.

La última suspicacia ha surgido al conocerse que en el despacho que defiende al conductor 'kamikaze ' --el potente bufete Uría y Menéndez-- trabajan el hijo mayor de Ruiz-Gallardón --aunque no se dedica a asuntos penales como ése-- y el hermano del diputado del PP y exsubsecretario del Ministerio de Justicia Ignacio Astarloa.

Por parte del PSOE, Ximo Puig, secretario general de los socialistas valencianos y diputado nacional, califica este indulto de 'escándalo, indecencia e insulto a las víctimas', y un paso atrás en los importantes avances registrados en los últimos años en materia de seguridad vial.

Puig cree que esta medida de gracia 'o no se entiende o se entiende demasiado bien', razón por la que cree que la Fiscalía debe abrir una investigación de oficio para comprobar si en este caso concreto se ha producido un delito de tráfico de influencias.

Personalmente, el diputado también es partidario de modificar la actual regulación de los indultos, ya que para determinados delitos, como los relacionados con la corrupción o los que afectan a la seguridad de las personas, cree que no es razonable dar medidas de gracia.

Gaspar Llamazares, desde Izquierda Unida, señaló que este indulto concreto es una 'flagrante arbitrariedad' y 'un escándalo inconmensurable', que demuestra que Gallardón usa el derecho de gracia, 'heredado de la etapa preconstitucional, como una justicia paralela y partidista', orientada a 'exculpar a corruptos y amiguetes'.

Llamazares subraya que el Gobierno ha negado el indulto a una persona rehabilitada de su toxicomanía, como David Reboredo, que estaba condenado por el trapicheo de ínfimas cantidades de droga, y 'sin embargo se indulta a banqueros, corruptos o torturadores'.

Por todo ello, IU reclama un cambio en la Ley de indulto vigente --de 1870--, que requiera una motivación de cada medida de gracia, y que exista informe favorable del tribunal sentenciador y de la comisión penitenciaria. 

Por su parte, Ana Novella, presidenta de la asociación de víctimas de tráfico Stop Accidentes, y que destapó el indulto a este conductor 'kamikaze', considera 'inexplicable' esta medida de gracia por un grave delito de tráfico, e 'incongruente' con la política de potenciar la persecución de ese tipo de acciones que pretende el Gobierno.

Recuerda que en este caso se impuso una sentencia ejemplar y con todo el rigor, y el Gobierno 'ha echado por tierra' el trabajo de las instancias judiciales --audiencia provincial de Valencia y Tribunal Supremo-- y ha provocado el dolor y el sufrimiento de los familiares de las víctimas de este conductor, que causó un muerto y heridas graves a una mujer.

Subraya que este indulto no ha sido el único a condenados por delitos de seguridad vial. En ese sentido, desde el Ministerio de Justicia echan mano de un argumento cuantitativo, al reconocer que en 2012 hubo más medidas de gracia en esta materia que en 2011: se debe a que durante el pasado ejercicio, el aumento de peticiones de indulto por asuntos de seguridad vial fue de 1.251, muy superior a las solicitudes de 2011, que ascendieron a 864, según informó Europa Press.

Novella se queja de que el Ejecutivo ha actuado 'a la ligera', por lo que su asociación está preparando dos escritos: uno dirigido a la Fiscalía especial de Seguridad Vial, con la finalidad de que actúe y se pronuncie sobre este tipo de peticiones de indulto, y otro al ministro Ruiz-Gallardón, para exigirle una explicación a esta medida de gracia. La representante de Stop Accidentes cree que los indultos están pensados para personas condenadas por delitos de poca entidad, que deben ingresar en prisión años después de cometer los hechos, y hallándose plenamente rehabilitados.

En el frente judicial, Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, afirma que 'el Gobierno está haciendo un uso arbitrario de la institución del indulto, usurpando las funciones del poder judicial, que es quién debe juzgar los hechos delictivos e imponer las condenas'.

Bosch cree que la medida de gracia debería restringirse a determinados supuestos, que tendrían que estar tasados legalmente, y con criterios claros de equidad o proporcionalidad. Recordó que los indultos proceden de la etapa predemocrática, cuando los monarcas absolutos podían 'hacer y deshacer', pero que en un Estado constitucional 'no es admisible', máxime cuando la Carta Magna prohibe la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos.

En casos como el del conductor 'kamikaze', donde existen 'sospechas de conexiones entre el indultado y el cargo público' que impulsa el indulto, Bosch considera lógico que la sociedad tenga aún mayor desconfianza, ya que las conductas de unas personas quedan impunes y los de otras personas, no.

'El Gobierno actúa de forma muy censurable. El indulto es rechazable en su actual regulación, por lo que incluso podría regularse un control judicial de los mismos, pero, hasta con la legislación actual, deberían de actuar de forma justificada y explicando estas medidas'.

Otro partido que se ha mostrado a favor de regular de otra forma los indultos, para evitar casos de arbitrariedad, es Unión, Progreso y Democracia (UPyD). Su diputado Carlos Martínez Gorriarán resume así la situación: 'En España hoy los políticos que se corrompen tienen tres posibilidades: la amnistía fiscal, conseguir que el fiscal pacte con la defensa para no tener que responde de sus delitos --como en el 'caso Pallerols'-- o que el Gobierno les indulte'.

Según los datos recabados del BOE por Izquierda Unida, el uso del indulto está convirtiendo en norma lo que tendría que ser una excepción. Desde 1977 se han concedido 17.620 indultos, según los datos del BOE. De ellos, en sus dos legislaturas, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero concedió 3.226 indultos. Por su parte, durante la época de Aznar se dieron 5.916 y en lo que va de año, Rajoy ha firmado 468.

Alguno de los casos históricos más escandalosos o llamativos fueron los indultos parciales concedidos a los condenados por el GAL José Barrionuevo y Rafael Vera --aprobados por el Gobierno del PP--, el del exjuez Javier Gómez de Liaño --concedido por el Ejecutivo de Aznar 'camuflado' entre otros 1.400 indultos--, o el del consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz, otorgado por el Gobierno en funciones de Rodríguez Zapatero antes de ceder el testigo a Rajoy.

En sólo un año, el Gobierno del Partido Popular ha acumulado tres de los indultos más polémicos de la historia: el concedido a cuatro mossos d'Esquadra condenados por torturas, que tuvo que ser doble porque con la primera medida de gracia no consiguió el objetivo de la excarcelación; el del conductor 'kamikaze', y el que benefició a cuatro políticos corruptos del PP condenados por 31 delitos de prevaricación urbanística.

En contraste, se sitúan los casos de David Reboredo, que reúne las circunstancias típicas para obtener el indulto --plena rehabilitación, hechos ocurridos hace años, delito de tráfico de drogas por trapicheo de cantidad mínima--, pero al que el Gobierno ignora y permite de momento que siga en la cárcel. Otro asunto recordado es el del preso más veterano de España, Miguel Montes Neira, que ingresó en la cárcel por primera vez en 1976, y que no consiguió el indulto hasta diciembre de 2011.

La política de indultos del actual Gobierno soliviantó el pasado mes de diciembre a 180 jueces, que en un gesto sin precedentes, hicieron público un alegato durísimo contra el indulto a cuatro móssos torturadores, que calificaron como 'afrenta grosera', 'impropia de un sistema democrático, ilegítima y éticamente inasumible'. Entre los firmantes del manifiesto, magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y una vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Previamente, en un auto muy comentado que rechazaba una querella contra el exministro de Justicia socialista Francisco Caamaño por indultar al banquero Alfredo Sáenz, la Sala de lo Penal del Supremo arremetía contra la actual Ley de Indulto, que tachaba de 'herencia del absolutismo', y subrayaba que no exige la más mínima justificación para su concesión.