Tensión en Gibraltar. Los trabajos de un buque oceanográfico español en el golfo de Cádiz, interrumpidos ayer por varias patrulleras gibraltareñas, han motivado de nuevo una queja formal por parte del Gobierno de Fabián Picardo.

No es la primera vez que sucede: las autoridades del Peñón consideran que algunos barcos españoles practican 'incursiones ilegales' en sus aguas, envían a la Marina para expulsarlos y Reino Unido termina convocando al embajador español en Londres.

Así, el Gobierno británico llamó a consultas a Federico Trillo este miércoles para transmitirle su 'grave preocupación' por la supuesta incursión, un extremo que rechaza el barco del Instituto Oceanográfico Español (IOE), asistido por una patrullera de la Guardia Civil tras una petición de ayuda. Con ésta, ya es la cuarta vez que el diplomático es convocado por el Ministerio de Exteriores británico desde que asumió su puesto en 2012, todas ellas relacionadas con Gibraltar.

David Lidington, viceministro encargado de Europa en el Foreign Office, indicó que la incursión del Ángeles Alvariño, acompañado por la Guardia Civil, es 'una violación de nuestra soberanía'. Madrid considera en cambio que se encontraba en aguas españolas, donde llevaba a cabo los trabajos de un proyecto de investigación. El buque había comenzado ayer realizar sondeos en la zona, al límite de las aguas en litigio que reclama Gibraltar. Entonces, dos embarcaciones de la Royal Navy y otras dos de la Royal Police intentaron expulsarlo, por lo que los investigadores decidieron llamar a la Guardia Civil para que les protegiese (vídeo).

'Estoy extremadamente preocupado tras haber sido informado de que se ha producido una nueva incursión en Aguas Territoriales Británicas', declaró Lidington, quien consideró 'ilegales' las 'acciones' de la embarcación. También mostró su enfado y, como recoge un comunicado del Gobierno del Peñón, subrayó que Londres 'se toma muy en serio cualquier intento por parte de España de ejercer autoridad o control sobre las Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar'. La reacción español no tardó en llegar, pues el Ministerio de Exteriores ha llamado a consultas al embajador británico en Madrid.

El Ángeles Alvariño se encontraba allí tomando muestras de las masas de agua, una labor que lleva realizando desde hace más de un lustro, unas tres veces al año. Por megafonía, los gibraltareños les pidieron que saliesen de lo que consideran sus aguas, mientras que los agentes de la Guardia Civil les advirtieron de que ellos no se irían porque el barco era español. También dejaron claro que, si continuaban con el hostigamiento, podrían causar un accidente. La versión británica es la contraria.

La obstrucción fue denunciada por Verdermar Ecologistas en Acción, que insistió en que el buque oceanográfico se encontraba en 'aguas jurisdiccionales españolas'. Su portavoz, Antonio Muñoz, explicó que el buque fue abordado en el Golfo de Cádiz mientras realizaba 'sondeos a 500 metros de arena para analizar las características de ésta'. El barco, según la ONG, se encontraba a más de tres millas y media del sur de Punta Europa, en Gibraltar, lo que significa que estaba 'fuera de las aguas en litigio'.

Verdemar Ecologistas en Acción denunciará estos hechos ante la Unión Europea por el 'atosigamiento' a este tipo de expediciones. Además, lamenta la actitud del Gobierno del Peñón contra 'todo lo que sea la investigación que se realiza en los últimos tiempos en la zona', como demuestra el hecho de que 'patrulleras de la policía gibraltareña impidan el trabajo'.

Anteriormente, los proyectos de otros buques españoles, como el Ramón Margalef, también motivaron que Reino Unido convocase al embajador en Londres. En esta ocasión, Lidington explicó que, además de ser 'ilegal', la actitud del buque oceanográfico supuso 'un peligro para la seguridad' para sus patrulleras. Por ello, expresó su firme condena a la supuesta incursión y pidió al Gobierno de Mariano Rajoy que 'tome medidas para asegurarse de que esta situación no se vuelva a repetir'.

Por su parte, el Gobierno de Gibraltar afirmó que 'se produjeron cuatro incursiones por parte de embarcaciones españolas, de las cuales tres, incluida la mencionada, fueron de Clase A, considerada la más grave', por lo que 'la Royal Navy británica, la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police) y la Policía del Ministerio de Defensa (Gibraltar Defence Police) se desplazaron al lugar de los hechos'.

Según la Oficina de Información del Gobierno del Peñón, 'estas continuas incursiones (...) se deben a la tesis española de que Gibraltar no tiene aguas territoriales. Por supuesto, esto es un sinsentido dado que, según UNCLOS (Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar), todos los territorios costeros generan sus propias aguas territoriales y las aguas que rodean a Gibraltar son incuestionablemente británicas. El Reino Unido reclama como suyas las aguas hasta la línea divisoria en la zona de la Bahía y hasta una distancia de tres millas en los demás lugares'.

Gibraltar asegura que en enero se produjeron 109 incursiones españolas en esas aguas, otras 151 en febrero y 137 en marzo.