La Plataforma de Afectados por la Hipoteca dio el domingo un paso más en la construcción de su Obra Social con la ocupación de tres bloques de viviendas vacía en el barrio madrileño de Vallecas. Los bloques, vacíos desde el principio, son propiedad de Bankia, Banco Sabadell y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocido como banco malo.

Este miércoles, activistas y afectados por los desahucios que ahora viven en estos inmuebles han ofrecido una rueda de prensa en la puerta de la Sareb para explicar la situación de los bloques y los próximos pasos de la Plataforma, que pasan por tratar de negociar con estas entidades un alquiler social acorde a los ingresos de los afectados, en una situación de 'emergencia habitacional'. Agentes de la Policía han identificado a todos los organizadores del acto.

Los bloques 'recuperados', es decir, edificios vacíos en manos de entidades financieras rescatadas con dinero público, se encuentran en las calles Sierra de Llerena, Argente y Callejo, en el distrito de Puente de Vallecas. Según han explicado los activistas, cerca de medio centenar de personas que va a vivir en ellos están realizando trabajos de acondicionamiento, ya que uno de ellos está en muy malas condiciones de habitabilidad. La rueda de prensa, convocada precisamente en la puerta del banco malo, pretende 'ejercer presión sobre las entidades para que todas las familias que ahora viven en estos edificios obtengan un alquiler social'.

El edificio de la calle Sierra de Llerena, 22 fue recuperado hace dos años, pero hasta ahora no se había reivindicado públicamente la acción. La Sareb, propietaria actual después de que quebrara su inmobiliaria original - grupo Alcalá 70-, denunció a los inquilinos cundo quisieron negociar.  En él viven varias familias en 14 viviendas que, tras conocer el cambio de titularidad el pasado verano, trataron de ponerse en contacto con la Sareb para negociar una solución a su situación de desprotección, pero la única respuesta por parte de esta entidad pública ha sido una denuncia. Una actitud que, para los activistas, 'contrasta con el anuncio que hizo el pasado febrero', cuando dijo que cedería 2.000 viviendas de entidades financieras con precios asequibles.

Ya son cinco los edificios ocupados por la Obra Social en Madrid

Con estos tres bloques, ya son cinco los edificios en Madrid con los que la Obra Social de la PAH ofrece una solución habitacional a familias que han perdido su vivienda por impago de la hipoteca y del alquiler. Hay más de 15 en toda España, sobre todo en Catalunaya y, en total, han conseguido realojar a más de 1.100 personas, han explicado los activistas.

El primero de estos bloques se ocupó en octubre de 2013 y está situado en la calle Cadete Julio Llompar, 7 del distrito de Carabanchel. Pertenece al banco malo, que también ha denunciado a los inquilinos, aunque por el momento no hay fecha de desalojo. El segundo edificio acoge actualmente a once familias. Se ocupó el pasado enero en el barrio de Malasaña y era propiedad de CaixaBank, entidad con las que están negociando el alquiler social aunque 'sin demasiado éxito por el momento', han explicado.

De las tres últimas ocupaciones, sólo el Banco Sabadell ha accedido a la negociación con los afectados, y hasta después de Semana Santa no se prevé que comiencen. 'Esperamos la misma actitud por parte de Bankia y de la Sareb, que tengan conciencia para acordar un alquiler social y que podamos normalizar nuestra situación', ha pedido Ana, una de las inquilinas del bloque de la calle Sierra de Llerena desde hace dos años.

La Obra Social de la PAH y de otros colectivos en defensa del derecho constitucional a la vivienda digna ha sido el siguiente paso después de que el Gobierno rechazase en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la PAH el pasado año. Pese a contar con el respaldo en forma de firma de casi un millón y medio de personas, el Gobierno decidió rechazarla con su mayoría absoluta para hacer su propia reforma de la ley hipotecaria -exigida por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea-  sin incluir ninguna de las demandas 'de mínimos' de la PAH: paralización de todos los desahucios, fomentar el alquiler social e instaurar la dación en pago.

'La Obra Social tiene toda la legitimidad. Es el trabajo que debería hacer el Gobierno para hacer cumplir la Constitución, pero no hace nada', ha criticado Ernesto, que participa en la gestión del edificio ocupado de Carabanchel y que ha hecho una llamamiento a 'todos los hipotecados a organizarse para que el Gobierno cambie su forma de actuar', porque a su juicio, se les está negando el derecho a la vivienda con la imposibilidad de pagar 'cuotas infladas' que cuando se cae en el desempleo se hacen imposibles de afrontar.

Aunque durante la tramitación de la ILP de la PAH el foco mediático se colocó en el drama de los desahucios y el Gobierno anunció diferentes medidas para los afectados, el número de ejecuciones hipotecarias ha ido en aumento, según datos del Banco de España. Sólo durante los seis primeros meses de 2013 más de 35.000 familias se quedaron en la calle, cuatro de cada cinco perdieron su vivienda habitual y el 70% de ellas no recibió ninguna alternativa ni paliativo.

La Obra Social ha realojado a 1.100 desahuciados en todo el país Mientras esto sigue sucediendo cada día, la banca acumula miles de vivienda vacías y, aunque el drama de una familia que pierda su casa apenas ha afectado a su balance de beneficios durante la crisis, siguen siendo reacios a la fórmula de la dación en pago. El índice de morosidad de las entidades financieras está su nivel más alto en los últimos 50 años, con 197.00 millones. Sin embargo, sólo el 6% de las hipotecas concedidas corren el riesgo de no ser pagadas.

Mientras ni el Gobierno ni las entidades financieras hablan en los medios de la necesidad de rescatar a las familias, el pasado lunes el Tribunal de Cuentas desveló que el rescate del sector bancario español costó un 77% más de que lo dijo el Gobierno, 108.000 millones de dinero público que la banca recibió desde 2009 hasta 2012, siendo Bankia -una de las que más desahucios ha ejecutado durante la crisis-, una de las más subvencionadas por el dinero de todos los españoles.