Publicado: 31.10.2014 00:01 |Actualizado: 31.10.2014 00:01

"El 60% de los inmigrantes que llegan vienen de países a los que no se les puede devolver"

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Una semana después de que varias ONG hicieran público un vídeo con la paliza a un hombre en la frontera de Melilla y su devolución inmediata a Marruecos, el Gobierno anunció una propuesta para modificar la Ley de Extranjería y legalizar las deportaciones 'en caliente' de inmigrantes en Ceuta y Melilla. Una práctica que vulneraría las normativas europeas e internacionales de las que España forma parte y que ya está siendo investigada por la Fiscalía. María Jesús Vega, portavoz en España de la Agencia de la ONU para los Refugiados, advierte de que se estaría poniendo en riesgo la vida y la seguridad de miles de personas y se queja de que, pese a las recomendaciones y la ayuda que han ofrecido al Gobierno, no han recibido contestación. 

El Gobierno está planteando legalizar las devoluciones ‘en caliente' introduciendo el concepto de "rechazo en frontera" en la ley ¿Cómo veis esta propuesta?

Lo primero es la preocupación porque esto se pueda materializar. Las devoluciones automáticas es algo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, pero antes se negaban y ahora se están haciendo abiertamente. Nos preocupa que se legalicen y que con ello se impida que la gente que viene huyendo de la guerra, los conflictos y la persecución pueda tener derecho a pedir asilo.

De las personas que cruzan la frontera ¿Cuántas, aproximadamente, son víctimas de conflictos y la persecución?

En lo que va de año han llegado a Ceuta y Melilla cerca de 5.000 personas. Más de 2.000 son de Siria. También hay muchísima gente de Mali. En torno al 60% de las personas que llegan proceden de países adonde no se les puede devolver porque pondríamos en riesgo su vida o su seguridad. Los sirios son personas que lleva sufriendo lo indecible, ya no sólo en su país de origen, sino incluso en el transcurso de la huida, donde muchos han caído en manos de traficantes o redes. Vienen familias enteras con hijos, con un sufrimiento atroz, con estrés postraumático y heridas de guerra... han pasado por todo tipo de violaciones de derechos humanos.

¿A qué riesgo se exponen estas personas cuando son devueltas sin darles la posibilidad de pedir asilo o solicitar protección internacional?

Los riesgos dependen de a dónde se las devuelva. La cuestión es que a la mayoría de estas personas no las van a poder devolver a sus países de origen porque el país está en guerra o porque no tienen documentación. Si es a Marruecos, la situación es complicada. Tampoco se nos escapa cómo están los extranjeros en el monte Gurugú, las redadas y los informes que ha habido sobre la violencia que se ha ejercido contra ellos. Marruecos tiene un sistema de asilo muy reciente y que está en fase de desarrollo. Aunque está haciendo algunos progresos, evidentemente no tiene las garantías que tiene el sistema español, regulado y bajo el paraguas normativo de la Unión Europea.

¿Qué obligaciones exactamente tiene España, conforme a la legislación y convenios internacionales, con las personas en situación irregular que llegan al país?

La persona que llega tiene que ser trasladada a un puesto de Policía para ser identificada y tomar nota de sus datos. Tiene derecho a tener un intérprete y a la asistencia de un abogado. Tiene derecho a pedir asilo si lo necesita y a que se hagan los trámites administrativos necesarios para abrir expediente de expulsión o lo que proceda. Ese trámite es lo que tiene contemplado tanto la legislación española, como la legislación internacional y europea. La propia Constitución establece el derecho de cualquier persona a pedir asilo. España es firmante de la Convención de Ginebra de 1951 que establece el derecho a pedir protección.

¿Entonces, introducir la enmienda que propone el Gobierno qué consecuencias tendría para España?

Estaría vulnerando la legislación nacional e internacional. De todos modos, vamos a pensar que en el trámite parlamentario que está siguiendo esta enmienda, los grupos puedan tomar alguna posición, aunque no podemos olvidar que el PP tiene mayoría absoluta. Pero normalmente las legislaciones que tienen que ver con derechos fundamentales deben llevar un proceso de debate en profundidad, no pueden ser aprobadas sin consenso, no deberían. Confiamos en eso. Si no evidentemente la Unión Europea llamaría la atención a España en el caso de que esto salga adelante.

En todo caso, la perspectiva de la protección internacional tiene que estar bien reflejada, cualquiera que sea la legislación que se vaya a aprobar, y por supuesto, más que las razones para entrar o salir, debe prevalecer un trato conforme a los derechos humanos.

ANUR ha denunciado la violencia en las zonas de frontera y las devoluciones inmediatas que se han visto reflejadas en varios vídeos de ONGs. ¿Qué medidas consideráis que es importante tomar?

Somos conscientes de que no es fácil y de que hay una presión migratoria en las ciudades de Ceuta y Melilla. Aún así estamos hablando de que han llegado 5.000 personas este año. Son cifras manejables. No son las 130.000 que han llegado en embarcaciones a Italia.

"No pedimos una política de fronteras abiertas, pero hay cosas que se pueden hacer"

No pedimos una política de fronteras abiertas, que tiren las vallas, no es eso, pero hay cosas muy concretas que se pueden hacer. Hemos hecho una serie de propuestas y recomendaciones muy concretas al Gobierno: primero que exista un sistema de asilo en la frontera, que la persona que llegue pueda pedir protección internacional en los puestos fronterizos. En alguno se está empezando a hacer y esto nos parece un paso adelante en la buena dirección, aunque hay que consolidarlo. También hemos pedido que haya un refuerzo del Ministerio del Interior de los equipos que trabajan en protección internacional.

Hay otra cuestión que también nos preocupa y es que los CETI están masificados, al doble o triple de capacidad y donde hay familias sirias enteras viviendo. En la Península hay centros especializados, centros de la Administración para acoger a refugiados que funcionan divinamente bien, con personal especializado y psicólogos que pueden dar una atención integrada, centros donde una familia puede convivir.

¿Y os escucha el Gobierno?

Pues de momento no tenemos ninguna respuesta concreta. Nos hemos puesto a disposición de las autoridades y de momento no hay una respuesta clara.

En España hay gente muy experta en la materia. No sabemos si el Gobierno tiene un grupo de expertos que les esté asesorando, pero no estaría de más que con la experiencia que hay y con los grupos de juristas que se están pronunciando y aportando ideas para abordar esta situación, se les tuviera en cuenta. Habría muchas cosas que se podrían hacer conjuntamente.

"Nos hemos puesto a disposición de las autoridades y de momento no hay una respuesta "

Lo que vemos es que es importante encontrar el equilibrio entre la protección de las fronteras y la protección de las personas. El Estado tiene el deber y la obligación de controlar sus fronteras. Es soberano para decidir a quién deja entrar en su territorio y a quien no, pero esa soberanía tiene un límite y tiene que estar en consonancia con la legislación internacional sobre derechos humanos y sobre los refugiados, una legislación que es vinculante para España.

Nos preocupa la imagen que se está dando. Es muy triste que la imagen que se tenga del país sea la de la gestión de las fronteras, cuando aquí hay personas tremendamente solidarias, donde por suerte no ha habido un arraigo fuerte de racismo y xenofobia como en otros países de la UE. Es una pena que con muchos de los mensajes que se están lanzando desde distintas voces de gente con responsabilidad, se esté alarmando a la opinión pública y predisponiéndola contra inmigrantes y refugiados.